500.000 inmigrantes están pendientes de su regularización, la cual está en manos del Partido Popular y el PSOE gracias a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se registró en el Congreso de los Diputados hace un año. Debido a la tardía, recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha ofrecido su "mediación" a los partidos para aprobar la iniciativa. La legalización de este medio millón de personas afectaría a España tanto a nivel económico, como demográfico, social y ético.
El fenómeno de la inmigración es "perfecto" siempre y cuando "haya necesidad" de mano de obra, ya que se juntan "la necesidad de población nueva para trabajar con la llegada de población nueva que quiere trabajar", si bien es "un disparate" en las circunstancias actuales, en las que el paro ha registrado el peor julio de la serie histórica, según cuenta el experto en demografía Alejandro Macarrón Larumbe, profesor de la Universidad San Pablo-CEU.
Desde una perspectiva económica, "la regularización permitiría a estas personas salir de la economía sumergida y contribuir de forma plena al sistema fiscal y de la Seguridad Social", explica Jesús Javier Sánchez Barricarte, Catedrático de
Sociología, Universidad Carlos III de Madrid. Según estimaciones del informe Esenciales 2022, la aportación fiscal neta media por persona regularizada sería de unos 3.500 euros anuales, lo que supondría hasta 950 millones de euros adicionales al año para las arcas públicas.
"Si las administraciones públicas (por lo general muy malas gestoras y con demasiados casos de corrupción) no los malogran, estos ingresos serían claves para sostener el esfuerzo inversor que necesita España en infraestructuras, educación, sanidad, defensa, vivienda…", comenta Barricarte.
En el plano demográfico y laboral, España se enfrenta a un envejecimiento acelerado de su población, una fecundidad muy baja y una necesidad urgente de trabajadores en sectores como la construcción, la sanidad, la agricultura y los cuidados. La mayoría de las personas sin papeles son jóvenes, en edad de trabajar, y muchas ya están empleadas en estos sectores.
Las personas nacidas en el extranjero son los principales artífices de que las cifras de población rocen por primera vez los 49 millones de habitantes en España. De hecho, de los 9 millones de inmigrantes que hay en nuestro país, el 27% ya se han hecho con un DNI -según el INE-, por lo que 2,5 millones ya cuentan como españoles a efectos estadísticos.
"Uno de los aspectos menos reconocidos —pero más valiosos— de la inmigración es que muchos de los jóvenes que llegan a España lo hacen ya formados, fuertes, con experiencia vital y con toda su capacidad de trabajo por delante. Y todo ese capital humano ha sido generado fuera: el coste de su nacimiento, crianza, alimentación, vestido, educación básica, vacunación, salud infantil y adolescencia ha corrido a cargo de sus familias y de las sociedades de origen", explica el sociólogo.
España recibe así un “dividendo demográfico” sin haber hecho la inversión. "Llega un joven de 20 ó 30 años, en plena edad productiva, dispuesto a trabajar, a pagar impuestos y a realizar tareas que los españoles —en su mayoría— ya no quieren hacer: limpiar casas, cuidar mayores, recoger fruta, construir edificios o servir en bares y restaurantes. Es decir, trabajos duros, físicamente exigentes y mal remunerados, pero imprescindibles para que la economía funcione", comenta Sánchez Barricarte.
Este fenómeno representa una oportunidad económica y social. Además, el país ganaría trabajadores, consumidores, contribuyentes, cuidadores o emprendedores. España tiene una alta tasa de envejecimiento y no alcanza los nacimientos necesarios para mantener su población, por lo que estos jóvenes inmigrantes ayudarían a cubrir ese 'hueco' demográfico.
"En cuanto al impacto social y ético, la irregularidad genera exclusión, precariedad y explotación, especialmente entre mujeres y menores", lamenta Jesús Javier Sánchez Barricarte. Se calcula que al menos 124.000 niños y niñas viven en situación irregular, lo que limita gravemente su acceso a derechos fundamentales como la educación, la sanidad o la vivienda digna. "Regularizar es una forma de garantizar la cohesión social".
Cuando se dan todas las circunstancias y el extranjero "se integra bien culturalmente" es "perfecta", según el experto demográfico. "Si no, puede dar lugar a problemas graves o gravísimos, como estamos observando en Francia y Reino Unido", apunta Macarrón Larumbe.
Además, esta medida cuenta con un amplio respaldo social: más del 70% de los ciudadanos españoles estarían a favor, según encuestas recientes. "España ya ha realizado regularizaciones exitosas en el pasado, como la de 2005, y otros países tanto de Europa como de Norteamérica han seguido este camino con resultados positivos", expone el sociólogo.
