Un tribunal contencioso-administrativo falla a favor de la corporación de radiotelevisión, que no deberá hacer públicos sus gastos "dado que la información solicitada exigía una labor previa de reelaboración, recopilación y agregación para poder dar el coste de los canales de RTVE y podría perjudicar los intereses de la corporación".

Las declaraciones de bienes que exigía la nueva Ley de Transparencia se escudan en la cláusula de "salvaguarda de la privacidad y seguridad de sus titulares" para publicar información telegráfica y poco útil. La transparencia sigue sin llegar.

La ONG Transparencia Internacional critica que el texto del Gobierno se limita a los bienes inmuebles e impide conocer a los ciudadanos todo el patrimonio de la Administración. Reclama una enmienda que incorpore la publicidad de valores mobiliarios, dinero, activos financieros, créditos, equipamientos e instalaciones o coches oficiales. La cifra en las más de 21.400 entidades públicas españolas ascendería a cientos de miles de millones.

Gobierno y oposición despejan el calendario para culminar la Ley antes de que termine el año, pero faltan por despejar las condiciones de la inclusión de la Iglesia y el porcentaje de subvención que obligue a entidades privadas a quedar bajo control de la nueva legislación. Se baraja la cifra del 51 por ciento del presupuesto, pero también el montante total.