El esperado borrador de la futura Ley de Transparencia, que ya está en la red según informó Vozpópuli, ha provocado cierta decepción entre asociaciones como Access Info quien ha afirmado que "está por debajo de los cánones" europeos. Tampoco parece tan exhaustivo como el Proyecto de ley Foral de Transparencia y del Gobierno Abierto que tramita el Parlamento de Navarra, ya que el borrador de Moncloa se conforma con un acceso a la información pública limitado, y asegurar un comportamiento ético de los altos cargos ("Buen Gobierno"), a través de un sistema de sanciones. En cambio, el texto navarro quiere ir más lejos y cambiar la relación con los ciudadanos por medio de la participación y colaboración de los navarros en la toma de decisiones (foros de consulta, jurados ciudadanos, encuestas on line, etc.).
Tanto proyecto de ley foral, como el articulado de los populares, que aún debe volver al Consejo de Ministros, establecen sendos instrumentos para facilitar al ciudadano información: En Navarra, el Portal del "Gobierno Abierto" (Irekia) y a nivel nacional, un Portal de Transparencia.
Silencio administrativo
Los plazos de resolución de una solicitud varían entre el mes, ampliable por otro más dependiendo de la complejidad, del texto de Moncloa y los 15 días, más prórroga, del proyecto de la Comunidad Foral. También es diferente en lo que respecta al silencio administrativo: en Navarra es positivo y, por lo tanto, si la administración no contesta se entendería como concedida la solicitud mientras que en el borrador de los populares, el silencio administrativo es negativo y la petición sería rechazada. La diputada socialista por Barcelona Meritxell Batet Lamaña, quien presento su propia ley en el Congreso el año pasado, matiza que el silencio (administrativo) positivo sería "una solición a medias", ya que el ciudadano no habría recibido una respuesta. Desde Access Info advierten del alto alto nivel de no contestación en España.
A la hora de recurrir también sería diferente ya que en ambos borradores se podría revisar decisión ante el propio Gobierno de la Comunidad Foral o la Agencia Estatal de Transparencia, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas. El presidente de este último órgano es nombrado por el propio ministro, aunque el Congreso puede vetar esa nominación por mayoría absoluta. También existe la vía judicial, a través de un recurso contencioso - administrativo, aunque en Navarra te puedes quejar también al Defesor del Pueblo.
El mantra del "Buen Gobierno"
En los artículos dedicados al "Buen Gobierno" también hay algunas diferencias entre los borradores navarro y madrileño: el ejecutivo central es más explícito que su homólogo navarro, que enuncia una serie de principios éticos y de actuación, para después remitir al Código de Buen Gobierno foral. El texto de Rajoy dedica cinco artículos a describir las conductas sancionables y establecer los correspondientes castigos para los altos cargos de la administración pública. Los mismos deben de ser impuestos, según la gravedad, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - de la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno adscrito a este- y en el caso de un miembro del Gobierno o secretario de Estado por el propio Consejo de Ministros.
Polémicos 'límites' a la transparencia
Asociaciones y oposición han criticado las excepciones o limitaciones (art 9,10, 11 y 13) establecidas en el Anteproyecto colgado el pasado lunes, que en muchos aspectos, son similares a los establecidos en el proyecto navarro. La Coalición Pro Acceso, que agrupa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil, y Access Info se han felicitado por que este texto esté abierto a consulta pública. Para Pro Acceso se veta "mucha información" a los ciudadanos. En opinión de Victoria Anderica, coodinadora de Pro Acceso, "es necesaria una norma que siente las bases de la transparencia en España, no sólo de la Administración pública". A su juicio el borrador no reconoce el acceso a la información como derecho fundamental. y se le da mucha importancia a la protección de datos.
Acces Info subraya que se excluye el material "de carácter auxiliar o de apoyo" como notas, borradores, opiniones, informes o comunicaciones entre diferentes organismos administrativos, aunque añade que las restricciones del artículo 10 referidas a los procesos judiciales, la política económica y monetaria o la "función administrativa de vigilancia"- léase organismos como el Banco de España- se ajustan en algunos casos a los cánones internacionales. La diputada Meritxell Batet Lamaña, concluye que es necesario que estas disposiciones estén jurídicamente "más afinadas", y espera que de la tramitación en el Congreso salga una buena ley - que no se haga "política de partido"- para lo que propone la comparecencia de expertos.
