El Ministerio de Justicia está decidido en aplicar la ley estrella de Bolaños y cumplir con los plazos marcados a pesar de no contar con Presupuestos Generales del Estado. Esta es la conclusión que puede extraerse de la jornada de este martes en la que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se reunió con las diferentes asociaciones judiciales y, posteriormente, con las representantes de los jueces de violencia sobre la mujer.
Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, el Gobierno acudió a la cita con la determinación de trasladar al Consejo General del Poder Judicial un Real Decreto con el que se pretende poner en marcha la ley de eficiencia impulsada por los socialistas, a pesar de las advertencias trasladadas por diferentes profesionales de la judicatura por el temor ante el inminente colapso de los juzgados. Entre las medidas más criticadas de la norma destaca la decisión de transferir nuevas competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer, que ahora pasarán también a conocer los delitos contra la libertad sexual, entre otros.
En los últimos meses, tanto las asociaciones judiciales como los magistrados especializados en esta materia han alertado al Gobierno de que el nuevo sistema diseñado producirá una mayor carga de trabajo sobre estos juzgados, los cuales ya sufren importantes retrasos. No obstante, a pesar de las dudas manifestadas por los jueces, el Ministerio de Justicia está empeñado en cumplir con los plazos establecidos en la ley, sin disponer de margen presupuestario.
Las fuentes consultadas explican que la solución del Ejecutivo para tratar de paliar los efectos negativos de la norma pasará por transformar aquellos partidos judiciales donde la carga de trabajo de los jueces sea inferior al 100% en juzgados de violencia sobre la mujer. "Se desviste a un santo para vestir a otro, que son los juzgados de violencia sobre la mujer, con el aumento de la carga que han sufrido también los juzgados de instrucción", denuncia una de las fuentes.
Ante el temor y la sorpresa de los jueces por este nuevo "puzle" con el que el Ministerio intentará ir implementando "sobre la marcha" esta nueva ley, el secretario de Estado de Justicia informó a las asociaciones de que sí se van a crear nuevas plazas para acompañar a este aumento de competencias. No obstante, el número de plazas que se crearán -cifra la cual se desconoce por el momento- no corresponde a la promesa del 50% anunciada por Bolaños hace unas semanas.
Falta de transparencia
Según las fuentes consultadas, este supone uno de los "grandes misterios" del Real Decreto-ley que Justicia trasladará al CGPJ para que emita su informe, ya que, a pesar de la insistencia de los representantes judiciales en la reunión celebrada este martes, Olmedo no quiso informarles sobre la cifra total de las plazas que se prevé crear. Tampoco se les detalló las cifras de aquellos juzgados de instrucción que deberán transformar su estructura.
"Se crearán en aquellos territorios donde crean que es necesario, y en otros sitios lo que van a hacer es convertir juzgados de instrucción en juzgados de violencia contra la mujer, que no dejan de ser sino juzgados de instrucción, pero con ese conocimiento específico de los asuntos". En el caso de los juzgados mixtos esta transformación será más compleja, pues el Gobierno quiere cubrir "las grietas" con jueces de refuerzo.
Entre los inconvenientes de este nuevo sistema que "pondrá patas arriba" el sistema judicial español, según denuncian diferentes profesionales de la magistratura, destaca el trabajo que supondrá para las Salas de Gobierno. Para llevar a cabo toda esta reestructuración, el Ministerio dirigido por Félix Bolaños pretende que se celebren juntas de jueces para acordar las distintas extensiones o transformaciones, esta decisión deberá ser valorada por la Sala de Gobierno correspondiente y, por último, por el Consejo General del Poder Judicial. "Esto va a provocar muy mal rollo y muchas disputas entre los jueces de los distintos partidos judiciales", comenta una fuente.
Informe CGPJ
Con o sin consenso con las diferentes asociaciones judiciales, lo cierto es que el Real Decreto que el Gobierno trasladará al órgano de gobierno de los jueces para que elabore el correspondiente informe ha sido elaborado sin la participación de ninguna asociación judicial y sin tener en cuenta las reclamaciones de los jueces de violencia de género. Bolaños sacará adelante su ley estrella sin Presupuestos y sin el visto bueno de los jueces.
Este miércoles, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha emitido reclamado durante su intervención en el acto de inauguración de las XXIII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales, "más recursos para la Justicia ante el próximo despliegue de los tribunales de instancia previstos en la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia"
Tras destacar el cambio en el modelo organizativo que supondrá la entrada en vigor de la ley, que se traducirá en la conversión de 3.800 juzgados unipersonales en 436 tribunales de instancia y la creación de secciones especializadas, según ha informado este miércoles el Consejo, Perelló ha subrayado que la ampliación de las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrá como resultado en algunas Comunidades Autónomas el incremento en "hasta un veinte por ciento de la carga de trabajo de estos órganos judiciales".
"Es preciso, por tanto, que ese cambio de modelo venga acompañado de la necesaria dotación presupuestaria y de los suficientes medios materiales y personales para que no se quede en una mera declaración de intenciones. La Justicia necesita medios para funcionar y desde el Consejo General del Poder Judicial no vamos a cansarnos de reclamar los recursos que garanticen que este nuevo modelo sea efectivo y consolide una Justicia más ágil y eficiente, a la altura de lo que esperan y merecen los ciudadanos", ha insistido.
