El PSOE quiere personarse en el 'caso Púnica'... pero no con las condiciones que le impone el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Después de que el magistrado haya confirmado recientemente su decisión de que si el partido que hoy dirige la gestora encabezada por Javier Fernández quiere estar en la causa como acusación, debe hacerlo de la mano de la asociación de abogados que tomó la iniciativa al comienzo de la instrucción, los socialistas han interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional. Su objetivo es tener 'voz propia' en un sumario en el que si bien la mayor parte de los cargos públicos investigados (actual denominación de imputados) son del PP también los hay de su partido, como el ex alcalde de Parla, José María Fraile. El magistrado ha elevado ahora dicho recurso a sus compañeros la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para que ellos tomen la decisión final. Hasta ahora, este órgano judicial ha apoyado la postura del juez Velasco en casos similares.

El PSOE pidió personarse en la causa como acusación popular en febrero de 2016, cuando la causa llevaba abierta cerca de año y medio

El intento de los socialistas por ejercer la acusación popular en el 'caso Púnica' se remonta a fechas relativamente recientes: el 15 de febrero de 2016, cuando la causa llevaba cerca de año y medio abierta. Entonces, el juez dio traslado de la petición a la Fiscalía Anticorrupción para conocer su opinión sobre esta aspiración. El retraso de esta en contestar llevó al PSOE a insistir en su petición con un nuevo escrito, en este caso fechado el 18 de abril.

Finalmente, el pasado 26 de agosto el magistrado dictó una providencia por el que admitía, con el visto bueno del Ministerio Público, la actuación de los socialistas como acusación popular aunque, como había hecho contras asociaciones personas, con la condición de que lo hicieran bajo la dirección letrada de la Asociación De Abogados Demócratas por Europa (ADADE), a la que el magistrado había conferido "el liderazgo del ejercicio de la acción popular" en junio de 2015. ADADE es la misma asociación que juega ese mismo papel en otras causas célebres de corrupción como Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'.

Sólo unos días después, el 5 de septiembre, el PSOE presentaba un recurso de reforma contra dicha decisión, que el magistrado rechazaba dos semanas después con un auto en el que justificaba su decisión para evitar "dilaciones indebidas" de la instrucción de la causa por culpa de la proliferación de acusaciones. "El ejercicio de la acusación popular está realizándose en el presente procedimiento bajo la representación y dirección letrada de ADADE, habiéndose presentado escritos por diversas asociaciones y colectivos para su personación y habiéndose interesado que lo hicieran bajo una única representación, a los efectos de conseguir agilidad y eficacia en el proceso penal", destacaba el juez Velasco en aquel auto. Éste fue recurrido por los socialistas en apelación a comienzos de octubre y es el que ahora el magistrado a remitido a sus compañeros de la Audiencia Nacional para que decidan si, finalmente, el PSOE debe tener o no 'voz propia' en la instrucción de la causa.

Los otros casos

El del PSOE no es el primer caso de intento de personación de una entidad que se encuentra con idéntica respuesta del magistrado. Éste, que ha intentado a toda costa que el sumario no se convierta en ingobernable por la presencia de un número elevado de acusaciones, ya fueran populares o particulares, ha descartado algunas de ellas, como la de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO, quien lo intentó como particular sin éxito. De hecho, el juez le ofreció a ésta acudir como popular siempre y cuando lo hicieran "bajo la misma representación y dirección letrada" de ADADE. El sindicato Manos Limpias también lo intentó antes de que su secretario general, Miguel Bernard, fuera detenido en la 'Operación Nelson', con idéntico resultado que el PSOE ahora. De hecho, llegó a presentar un recurso de apelación ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que el 5 de septiembre de 2016 respaldó la posición del juez Velasco.

El juez también puso al Gobierno de Cifuentes bajo la dirección letrada de ADADE, aunque luego lo admitió como acusación particular

También el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside ahora Cristina Cifuentes tuvo dificultades para personarse en la causa de manera independiente. El 30 de julio de 2015 presentó un escrito para hacerlo como acusación particular, pero el magistrado en un primer momento sólo la admitió como parte de la popular y siempre bajo la dirección letrada de ADADE. Una decisión que provocó un recurso del Ejecutivo madrileño en el que alegaba que la Administración autonómica necesariamente debe estar representada y defendida antes los tribunales "única y exclusivamente" por letrados de la propia Comunidad, además de destacar que la investigación afectaba "a sus bienes jurídicos protegidos, esencialmente a su patrimonio". Finalmente, el juez Velasco admitió en diciembre de 2015 que acudiera como acusación particular y, por tanto, con 'voz propia' al considerar que era "palpable y evidente la diferencia de intereses que hay entre una asociación de abogados y una institución pública que trata de velar por la defensa del patrimonio público de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid". Ello no fue, sin embargo, impedimento para que el juez Velasco le echara en cara poco después la lentitud de alguno de los organismos que depende de ella a la hora de remitirle la documentación que le reclamaba para avanzar en la investigación.