El registro de la sede de Indra en Madrid por parte de agentes de la Guardia Civil de esta semana tenía como objetivo requisar la documentación en manos de la multinacional tecnológica referida a los contratos de las elecciones de la Comunidad de Madrid logrados por la compañía.
De acuerdo a fuentes presentes en los registros, lo que la UCO buscaba en Indra el jueves eran documentos relacionados con los trabajos efectuados por Indra en las elecciones a la Asamblea de Madrid. En diciembre de 2010 la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones, adjudicó al grupo tecnológico el contrato valorado en 2,9 millones de euros (incluyendo IVA) para el servicio de asistencia técnica para la infraestructura necesaria para el desarrollo del proceso electoral y la difusión de los datos correspondientes a las elecciones celebradas en 2011 (que ganó con mayoría absoluta Esperanza Aguirre).
La Comunidad de Madrid podría haber optado por sumarse a un convenio creado por el Ministerio del Interior con las Comunidades Autónomas para reducir los gastos en la infraestructura técnica necesaria para la gestión conjunta del escrutino provisional. En 2011 Interior suscribió un convenio con diez de las comunidades que celebraron ese año elecciones a sus asambleas legislativas, y sólo tres se descolgaron del mismo, Madrid, Navarra, y La Rioja.
"En aras de la racionalización, eficiencia y eficacia del gasto público, el objetivo perseguido con la suscripción de estos diez convenios fue que en lugar de que el Ministerio y las trece comunidades autónomas contratasen catorce redes de comunicación distintas, tras la suscripción del correspondiente Convenio, las comunidades autónomas pudieran utilizar el 22 de mayo la red común contratada por el Ministerio del Interior", explica el Ministerio en un documento que Vozpópuli ha localizado en un libro publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que puede consultarse aquí.
El documento de Interior recogido en la publicación mexicana señala que ese convenio supuso un ahorro de 3,6 millones de euros para las diez comunidades autónomas que lo suscribieron. "Cabe señalar que la Comunidad de Madrid hubo de afrontar un coste de casi 500.000 euros, por la no suscripción de este convenio y el Ministerio del Interior de 380.000 euros", señala el informe. "La negativa de la Comunidad de Madrid supuso un mayor coste a las administraciones públicas de casi 900.000 euros", añade.
El organismo encargado de la adjudicación de ese contrato fue la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y la persona que lo firmó fue el entonces consejero delegado del organismo, José Martínez Nicolás. Este último fue detenido el miércoles en el marco de la operación Lezo ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y también fue registrada la sede la agencia informática. Martínez Nicolás ya fue detenido en octubre de 2014 por su implicación en la trama Púnica y supuestos pagos requeridos a Indra.
En las siguientes elecciones municipales, las de mayo de 2015, el Ministerio del Interior acordó con las Comunidades Autónomas volver a suscribir un contrato conjunto para gestionar el proceso electoral. La iniciativa de Interior, en esta ocasión, impidió que la Comunidad de Madrid volviera a adjudicar un nuevo contrato para la asistencia técnica de aquellos comicios, algo para lo que el Gobierno de Madrid estaba totalmente decidido, a pesar del sobrecoste que hubiese supuesto para los ciudadanos. De hecho, en agosto de 2014, de nuevo a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, se llegó a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la convocatoria para ese contrato, que pasó de los 2,9 millones de euros de las elecciones de 2011, a 4,4 millones. No llegó a adjudicarse.
Investigaciones en marcha
En la actualidad la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, que desde 2015 se denomina Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, mantiene un contrato con Indra anual cercano al millón de euros para los juzgados de familia y violencia sobre la mujer.
Los registros de la Guardia Civil en Indra del jueves coincidieron en el día con los efectuados también en la sede de PwC en Madrid, en las oficinas que la consultora ocupa en uno de los cuatro rascacielos de la capital. Ambos registros tienen como nexo el papel de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Desde el año 2010 hasta al menos 2014, PwC tenía un contrato valorado en seis millones con el organismo madrileño.
Aunque desde que se pusieran en marcha esta semana los registros y detenciones en el marco de la operación Lezo se ha vinculado la investigación con los negocios en el exterior del Canal de Isabel II, las investigaciones sobre Indra, PwC, y también otras compañías como OHL, sugieren que el proceso persigue también demostrar posible financiación ilegal del PP de Madrid.
