El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha acordado el bloqueo y embargo preventivo de las cuentas bancarias, depósitos, contenido de cajas de seguridad, acciones, deuda pública, etc, del que fuera director de gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio entre los años 2004 y 2008, imputado en la trama Púnica.
En un auto dictado recientemente, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor adopta una serie de medidas tendentes a evitar que el investigado y su esposa María Ángeles de Diego Suso, también imputada por la Audiencia Nacional, muevan fondos que pueden tener un origen ilícito. Por esta razón, Velasco ha acordado dichos embargo a instancias de las fiscales Anticorrupción, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, en aras de la "vigorosa recuperación de activos orientada a satisfacer el aseguramiento cautelar del comiso de las ganancias ilícitas".
La instrucción del caso Púnica ha puesto de relieve que este ex alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando era presidenta Esperanza Aguirre escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros. De hecho, tal y como avanzó este periódico, para determinar el destino de los fondos opacos que tendría el matrimonio, el Ministerio Publico ha cursado ya una Comisión Rogatoria al país helvético solicitando los movimientos bancarios de las cuentas abiertas en dicho país por Larraz y su esposa.
Se da la circunstancia de que ambos abrieron en mayo de 2016 -cuando ya era conocido que la Audiencia investigaba la gestión de Arpegio- nuevas cuentas en el Juluis Bar & Co Aga, de Zurich.
Los investigadores tienen en estos momentos el foco en la gestión presuntamente fraudulenta de la sociedad madrileña Arpegio, encargada de gestionar el suelo de la Comunidad de Madrid, ya que consideran que fue uno de los mayores focos de desfalco en esta macrocausa de corrupción.
Anticorrupción tiene en su poder "evidencias documentales sobre el reparto ilícito del suelo público de Madrid, como si se tratase de un botín" que fue repartido a cambio del pago de "dádivas concertadas entre contratistas, intermediarios y el ex consejero madrileño Francisco Granados", desde el pasado martes en libertad. En ese 'reparto de cromos' ilegal habrían participado consejeros de la sociedad Arpegio y "otros participantes cuya responsabilidad hay que determinar".
Antes de abandonar el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Velasco acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio y los citó a declarar aunque su marcha a la Sala de Apelaciones de este tribunal hizo que las comparecencias fueran aplazadas ‘sine die’.
