España

Granados hizo un viaje relámpago al epicentro de la red de blanqueo antes de caer: 39 horas en Costa Rica

El ex 'número 2' de Esperanza Aguirre en Madrid fue en 2013 al país donde están registradas las dos empresas utilizadas para abrir cuentas en Suiza. Sospechosamente, el político sólo estuvo unas horas allí, según los registros de inmigración a los que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.

  • Granados domicilió en esa vivienda la sede de su presunta empresa en Costa Rica

Más de diez horas de viaje de ida y otras tantas de vuelta para sólo permanecer en el destino 38 horas y 58 minutos. Francisco Granados, 'ex número' 2 del PP de Madrid y detenido como presunto cabecilla de la trama Púnica desmantelada la semana pasada por la UCO de la Guardia Civil, realizó en 2013 un sospechoso viaje relámpago al epicentro de su red de blanqueo: Costa Rica, país en el que la trama que supuestamente dirigían él y su amigo David Marjaliza eligieron para inscribir dos empresas 'tapadera' con las que blanquear el dinero de las comisiones. Según el registro de la Dirección General de Migración y Extranjería del país centroamericano, el entonces senador llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, de la capital costarricense, el 2 de abril de aquel año poco después de las cuatro y siete minutos de la tarde. Apenas dos días después, a las siete y cinco de la mañana, volvía a pasar el control de pasaportes para abandonar el país, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Un viaje fugaz que, además, fue el único que consta que haya realizado a este pequeño estado.

La conexión de los dos presuntos cabecillas de la trama Púnica con Costa Rica se remonta, sin embargo, al menos a siete años antes de aquel viaje ahora bajo sospecha. En concreto, a febrero de 2006. En aquella fecha, Granados y su amigo Marjaliza inscribieron en el país centroamericano una empresa denominada Sheraton Trading S.A., y a la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, situó en sus autos en el epicentro de la red creada presuntamente por ambos para el lavado de capitales. De hecho, el constructor puso a nombre de esta mercantil años después una cuenta en el UBS de Suiza con más de cuatro millones de euros que hasta aquel momento estaba al suyo y al de su mujer, Adela Cubas, también imputada en la causa.

Testaferros y casas vacías

Para crear dicha mercantil, ambos utilizaron los servicios de una firma especializada, precisamente, en crear empresas 'pantalla' en paraísos fiscales, como en aquel momento era Costa Rica. Se trataba de CAC Management, regentada entonces por el abogado español Antonio Guerrero -posteriormente fallecido- y su hijo Xavier. Éstos, a su vez, utilizaron como testaferros a un familiar llamado Bernal Zamora Arce para que figurara como presidente de Sheraton Trading S.A., así como a otras personas de su entorno para que sobre el papel ocuparan los cargos de secretario y tesorero de la misma. Como sede social de la empresa, dieron la dirección de una humilde vivienda particular a las afueras de la capital costarricense, en concreto en la Calle Blancos, donde no reside nadie, según ha mostrado recientemente la televisión local Teletica.

En las dos empresas 'tapadera' costarricenses de Granados y Marjaliza figuran como presidente, secretario y tesorero los mismos testaferros 

El abogado que se encargó de los trámites de inscripción ante el registro costarricense de Sheraton Trading S.A., Carlos Echeverría, reconoció en una entrevista a este canal que participó en la creación de la misma y que, de hecho, hasta hace poco era una práctica habitual en el país -donde hay cerca de 650.000 sociedades- la constitución de estas compañías para que luego fueran utilizadas por ciudadanos extranjeros en la apertura de cuentas en terceros países. "Sólo actuábamos como notarios y ellos son los constituyentes y nada más recurrían a nosotros para formalizar el trámite de inscripción", se justificó ante las cámaras hace escasos días. 

Sólo unos meses después de registrar Sheraton Trading S.A., Marjaliza y Granados registraron una segunda mercantil en el mismo país y con los mismos protagonistas. En esta ocasión, recibió el nombre de Droz & Co S.A. y, aunque se intentó inscribir en agosto de ese mismo año, formalmente no estuvo operativa hasta un mes después por culpa de un problema de traducción de su denominación, según refleja el acta del registro al que ha tenido acceso Vozpópuli. De nuevo fue la compañía CAC Management la que se encargó de los trámites y, otra vez, utilizaron los nombres de los mismos familiares y conocidos para 'rellenar' los cargos de las mismas. En 2007, sólo unos meses después de ser inscrita en el registro mercantil, Marjaliza la utilizó para abrir un nuevo depósito en el UBS en el que el beneficiario final era él mismo.

La ruta del dinero

Con ambas empresas 'pantalla' costarricenses y sus respectivas cuentas en el país helvético, los dos presuntos cabecillas de la 'trama Púnica' supuestamente simulaban operaciones de venta de inexistentes obras de arte que, sobre el papel, eran adquiridas por compradores extranjeros. Para borrar el rastro del verdadero origen de los fondos, las cantidades iniciaban un largo 'viaje'. En un primer momento, eran enviadas al país centroamericano con la pantalla de que allí estaban radicadas las compañías que figuraban como titulares de los depósitos. Una vez en el país centroamericano, eran transferidas a Singapur. Depositadas en el pequeño estado asiático, las cantidades eran transferidas posteriormente de vuelta a España bajo el paraguas del pago por dicha venta de arte.

Ambas mercantiles jugaron un papel clave en el supuesto blanqueo de millones de euros en operaciones falsas de compraventa de obras de arte

Fueron precisamente estos movimientos de dinero con Singapur, que superaban los 5 millones de euros, los que dispararon al finales de 2013 las alertas del servicio antiblanqueo de Suiza. Dos meses después, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil iniciaban la investigación que desembocaba el pasado 27 de octubre en medio centenar de detenciones e imputaciones. Cuando el pasado 31 de octubre, Granados y Marjaliza declararon ante el juez Velasco en la Audiencia Nacional, sólo admitieron la existencia de las cuentas suizas. Eso sí, mientras el político adjudicaba su titularidad a su amigo constructor, éste se limitaba a recordar que sus fondos, que llegaron a superar los 11 millones de euros, los había regularizado tras pagar hace nueve meses una multa de 2,5 millones. De Costa Rica y sus empresas 'pantalla', ni palabra. Tampoco del viaje de 38 horas y 58 minutos del político al epicentro de la trama de blanqueo.

OTROS CORRUPTOS, OTROS VIAJES EXPRESS 

Francisco Granados no es el único político imputado que ha hecho un viaje relámpago bajo sospecha. En junio de 2013, la UDEF alertó al juez Pablo Ruz de que Luis Bárcenas había cruzado dos años antes el Océano Atlántico para estar sólo unas horas en Argentina. En su informe, los agentes aseguraban que el extesorero del PP se había desplazado a Buenos Aires el 16 de junio de 2011 para permanecer en la capital del país sudamericano menos de catorce horas. La Policía apuntaba que dicho desplazamiento relámpago no tuvo otro fin que el de 'fabricar' el contrato sobre una ficticia compraventa de arte para que su mujer, Rosalía Iglesias Villar, pudiera justificar la procedencia de 560.000 euros y, así, hacer frente a las acusaciones de delito fiscal que ya entonces pesaban sobre ella en el 'caso Gürtel'.

Más recientemente, quien hizo un viaje express fue el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato. El que fuera vicepresidente del Gobierno con José María Aznar fue soprendido el pasado 23 de octubre en un avión procedente de la ciudad suiza de Ginebra con destino Madrid. Fue una pasajera de ese mismo vuelo la que no dudó en inmortalizar el encuentro y enviar las fotografías a la revista 'Mongolia', que se preguntaba con ironía qué hacía Rato en Suiza. Este desplazamiento relámpago del expresidente de Caja Madrid se producía después de que depositara un aval del Banco Sabadell con el que hacía frente a la fianza de tres millones que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para garantizar su responsabilidad civil en el caso de las tarjetas "opacas".

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