Indra, una de las empresas tecnológicas más punteras de España, es investigada por el juez Eloy Velasco por su presunta implicación en la trama Púnica. El ex consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, habría pedido a la empresa realizar pagos en negro a Alejandro de Pedro, el “conseguidor” de la trama Púnica. Indra, que tiene abundantes contratos con la CAM, habría accedido. Las entregas de dinero las habrían realizado empleados de la compañía con la mayor discreción: en sobres y en “terreno neutral”, dentro de coches de alta gama. Todo según el sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Javier de Andrés, desde 2011 Consejero Delegado de Indra, es el empresario de mayor nivel implicado en el sumario. Es amigo personal del ex presidente de Madrid Ignacio González. El pasado 8 de abril fue citado a declarar como imputado por el juez Eloy Velasco. También imputado está Santiago Roura, director general de operaciones de la empresa; Javier Monzón, ahora ex presidente, tuvo que asistir a los juzgados en calidad de testigo.
Victoria utilizaría la relación de contratista habitual de Indra con la Comunidad de Madrid
La declaración más inculpatoria contra de Andrés e Indra ha sido la de José Martínez Nicolás, ex Consejero Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Martínez asegura que su ex jefe, Salvador Victoria, le encargó presionar a Indra para que realizara pagos de hasta 120.000 euros al informático Alejandro de Pedro. De Pedro se dedicaba a conseguir contratos y amañar pagos para el entramado creado por David Marjaliza y Francisco Granados, y que habría incluido mejoras del posicionamiento de imagen en internet de distintos altos cargos de la CAM. Indra, según la declaración, recibe contratos del ICM del orden de los 20 millones de euros, entre ellos los sistemas informáticos de los centros educativos.
En una de las conversaciones intervenidas, Salvador Victoria llama a Alejandro de Pedro para tranquilizarle por el retraso en los pagos de las cantidades acordadas, y le promete que se ha reunido con el Consejero Delegado de Indra para acelerar el asunto:
Salvador Victoria: Oye, ¿qué pasa? ¿Que no te pagan?
Alejandro de Pedro: No, no […]
Salvador: […] Ya he estado con [José] Martínez Nicolás [CEO de la ICM] el viernes, y no sé muy bien por qué no lo han hecho, estos tienen que hacerlo... Está un poco acojonado, es un poco gilipollas, porque esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada. […] Yo he llamado al Consejero Delegado [Javier de Andrés] y he quedado a tomar un café con él para ver si lo desbloqueo.”
Según los investigadores, Victoria utilizaría la relación de contratista habitual de Indra con la Comunidad de Madrid para pedirle que realizara pagos en negro. Y estos pagos se habrían realizado. “Alejandro ha quedado con el tío de Indra a las 10:30 en la Moraleja, que les va a pagar”, dice el resumen de una de las escuchas a de Pedro en 2014. Él mismo lo confirma en la declaración: quedó con una persona “de Indra” que le entregó un sobre con 10.000 euros, que le hizo subirse a un vehículo, y dentro le dio el sobre, para decirle inmediatamente a continuación que se bajara.
Alejandro de Pedro habría realizado trabajos para la Comunidad de Madrid y para su Presidente, Ignacio González
“Como se ha podido constatar a lo largo de toda la investigación”, se lee en las conclusiones de la UCO, “Alejandro de Pedro habría realizado diversos trabajos para la Comunidad de Madrid y para el Presidente de la misma, Ignacio González. Trabajos de los cuales estaría al corriente el Consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar”. Parte de esos trabajos se habrían realizado “supuestamente sin contratación alguna” y por ellos se habría “contraído una deuda por parte de la Comunidad de Madrid con de Pedro”. Para abonar dicha deuda se habría utilizado, entre otras empresas, a “Indra”.
Salvador Victoria ha sido uno de los últimos en declarar. Estaba citado para el pasado 20 de julio de 2015 por los hechos de “pago de favores a Alejandro de Pedro mediante contratación de sus empresas para realizar estudios reputacionales y de influencia en las redes sociales para Ignacio Gonzalez, pagos ordenados por él y realizados con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid”.
El dramatis personae de este capítulo de la trama Púnica incluye también, según las diligencias del sumario, a Isabel Gallego Navarrete, directora General de Medios de Comunicación de Ia Comunidad de Madrid, y a Lucía Figar, Consejera de Educación, “para posiblemente conseguir adjudicaciones de nuevos contratos o bien para la realización de trabajos para alguno de ellos relacionados con la mejora de Ia imagen en Internet”.
