El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región, instructor del denominado caso 'Púnica' en Murcia, Enrique Quiñonero Cervantes, ha iniciado las Diligencias Previas 3/2017 en las que se investiga los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.
El instructor, en un auto notificado este viernes, señala el próximo martes, 6 de junio, a las 10.00 horas, para que tenga lugar la declaración en calidad de investigado del ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, aforado por su condición actual de diputado regional.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha acordado incoar diligencias previas para la averiguación de cuanto proceda en relación a la comisión de posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada por parte de Sánchez.
Cabe recordar que la Sala para el conocimiento de las actuaciones en el procedimiento que investiga la 'rama de Murcia del caso Púnica' ha quedado finalmente constituida por el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, y los magistrados Álvaro Castaño y Concepción Roig, tras recibir la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional.
De acuerdo con las normas de reparto se designa ponente a Miguel Pasqual del Riquelme e instructor a Enrique Quiñonero, todo ello tras abstenerse el magistrado Julián Pérez Templado, quien lo solicitó a la Sala al poner de manifiesto al Tribunal su amistad con el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los lazos familiares que le unen a la esposa de éste, investigado en esta operación.
Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) de la parte relativa al ya expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.
En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.
El juez aclara que esta resolución no es firme y que se pueden interponer recurso de reforma o de reforma y subsidiaria apelación, en el plazo de tres días, ante este Órgano judicial.
