Ciudadanos mantiene abierto todo el abanico de procedimientos legales para impedir el referéndum secesionista del 1 de octubre. Ésta es la versión que da el partido naranja de puertas hacia fuera. Sin embargo, a nivel interno, la dirección de Albert Rivera maneja una escala de prioridades sobre cómo hacer frente al desafío separatista. Según fuentes de la Ejecutiva de Ciudadanos, la mejor fórmula para disuadir a los independentistas de su propósito de "desconexión" consiste en que los tribunales de Justicia adopten "medidas penales individuales" contra los responsables de la consulta soberanista.
Tales fuentes de la cúpula centrista ponen así en un segundo plano la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aquella que permite en cualquier momento la toma de control de los Mossos d'Esquadra por parte del Ministerio del Interior, o hacer efectivo el artículo 155 de la Constitución, que otorga también al Ejecutivo la potestad para suspender alguna competencia autonómica de la Generalitat.
Respecto a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015, el texto cuenta con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. Los tres partidos rechazaron el pasado junio en la Comisión Mixta de Congreso y Senado una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana, que pedía la derogación inmediata de esta norma.
En cuanto a la vía del artículo 155 de la Constitución, dichas fuentes de la dirección de Rivera no la descartan, pero subrayan que sólo sería conveniente en "caso extremo". Sobre todo, argumentan, porque tienen dudas sustanciales sobre los mecanismos legales para su implementación. En ese sentido, recuerdan que el artículo 155 "no está desarrollado" por ninguna ley, más allá del procedimiento para su activación que sí está contemplado en la Carta Magna.
También en relación con este artículo, tales fuentes del principal partido de la oposición en Cataluña critican la actitud que está teniendo el PP, dando "carnaza" a los independentistas "con sus idas y venidas y sus desmentidos". Se refieren así a las declaraciones que realizó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en una entrevista en Ep, donde manifestó que "por razones de práctica temporal y jurídica, en estos momentos el artículo 155 no resolvería el problema".
Estas palabras, que daban por descartado dicho precepto, fueron corregidas por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el último Consejo de Ministros. En concreto, señaló que el Ejecutivo "tiene estudiados todos los escenarios y todas las vías de actuación previstas en el ordenamiento jurídico" para impedir el referéndum "ilegal" del 1 de octubre en Cataluña y defender "la democracia, la soberanía nacional y la igualdad" de todos los españoles. Además, Méndez de Vigo aseguró que el Gobierno popular actuará con "firmeza y proporcionalidad" ante el 1-O.
Desde Ciudadanos, según las fuentes citadas, recalcan que la primera línea de actuación debe ser que "todo el peso de ley recaiga" sobre aquellos dirigentes del procés -tanto a nivel de gobierno como parlamentario- que no acaten las normas ni las resoluciones judiciales. Recuerdan aquí que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha condenado con penas de inhabilitación al expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros exaltos cargos del Govern por un delito de desobediencia al organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, una cita que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
Antes de la Diada
Entre tanto, la diputada de la CUP Mireia Boya exigió este martes a PDCat y ERC que antes de la Diada del próximo 11 de septiembre se haya "formalizado todo el proceso jurídico, técnico y legislativo que tiene que garantizar el buen funcionamiento del referéndum", es decir, aprobar las leyes del referéndum y transitoriedad jurídica, convocar la consulta y crear la sindicatura electoral. Los aliados del Gobierno de Carles Puigdemont quieren que la Ley del Referéndum se vote en el Pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre, aunque descartan que se pueda aprobar a través de un decreto ley del Ejecutivo catalán.
La diputada cupaire advirtió además a Junts Pel Sí que ya van tarde para registrar la Ley de transitoriedad jurídica, puesto que, según enfatizó, es necesario que la ciudadanía conozca su contenido antes de la "campaña electoral" del referéndum independentista a fin de saber "con toda claridad" qué ocurrirá el 2 de octubre si gana el 'sí'.
