David Marjaliza, el exsocio de Francisco Granados que está colaborando con la Fiscalía en el caso Púnica, volverá a comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa el próximo 19 de diciembre, dentro de la ronda de declaraciones que está prestando para ratificar sus acusaciones.
En una providencia, el juez Manuel García Castellón le ha citado ese día a las 9.30 horas para que prosiga con las declaraciones que se suspendieron el pasado día 2 de noviembre, después de comparecer tres días para ratificar su versión sobre una pieza del caso.
Marjaliza ya confesó durante 13 horas en diciembre de 2016, lo que le valió su salida de prisión, y ahora el nuevo juez de Púnica le ha vuelto a citar en varios días para que ratifique sus palabras y que conteste al resto de defensas y a las acusaciones ahora que el caso ya no está bajo secreto.
Pocos días después de sus últimas declaraciones ante el juez del Supremo, Marjaliza declaró el pasado 16 de noviembre como testigo en el primer juicio del caso Púnica por el chivatazo que dio supuestamente a Granados un guardia civil de que estaba siendo investigado.
En ese juicio celebrado también en la Audiencia Nacional, Marjaliza acusó a Granados de instarle a "quemar" en "un día de niebla" los documentos que acreditaban el pago de comisiones a políticos, una versión que el exconsejero madrileño negó llamándole mentiroso.
Esta semana, Granados ha denunciado a seis agentes de la UCO por no investigar a Marjaliza por un delito de drogas que parece desprenderse de intervenciones telefónicas del caso Púnica, hipótesis que admitieron algunos de esos agentes en el primer juicio por este caso de corrupción.
La defensa del exconsejero también ha presentado una segunda denuncia contra Marjaliza y otros dos presuntos narcotraficantes que aparecen en las conversaciones intervenidas.
En otra providencia, García Castellón ha citado de nuevo para el 21 de diciembre al exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga, en relación esta vez con contrataciones por servicios de publicidad y de reputación en internet con empresas de la Púnica.
Según el magistrado, de las investigaciones hechas hasta el momento se desprende que se pagaron de forma irregular con dinero público del consistorio varios trabajos para mejorar la imagen pública del exalcalde.
Con ese dinero se financiaron labores para neutralizar las noticias negativas sobre Boza Lechuga con "notas de prensa de complacencia o de favor" que conseguían posicionar en los puestos preferentes de los buscadores más importantes.
"También posicionaban seguidores ficticios por Facebook, Twitter y otras redes sociales, que ofrecían sus mensajes, concertados de alabanza", detalla el juez sobre estos trabajos.
"El objetivo de todo ello era producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en internet vinculada a los nombres del político, que neutralizara las noticias negativas", añade.
El magistrado explica que "en ningún caso las actividades mencionadas fueron pagadas por los representantes políticos, ni por su partido, sino que fueron sufragadas por fondos públicos bajo la cobertura de facturas inveraces".
Estos trabajos se facturaron desde 2011 a las empresas de la trama Púnica Madiva Editorial y Eico por 39.930 euros "sin llegar a cobrarlos", dice el juez.
Además, Boza Lechuga y otros investigados "acordaron formalizar unos contratos para el año 2014 por 18.000 euros y por un segundo año hasta mayo del 2015 por 18.150 euros", planificados "para dar cobertura a la deuda de los años anteriores, sin que se fuera a trabajar o prestar algún servicio por ellos".
Para encubrir que se trataba de una simulación y aparentar una concurrencia ficticia en la selección de las ofertas, el "conseguidor" de la Púnica, Alejandro de Pedro, presentó dos ofertas más de cobertura.
Aparte de Boza Lechuga, el día 21 están citados, a partir de las 9.30 horas, su exjefe de gabinete Alfredo Ovejero, la exempleada de De Pedro Guadalupe Caballero y Elisa Sánchez Polo.
Además, el juez ha citado el día 20 de diciembre en una tercera providencia al exdirectivo de la empresa Cofely José Antonio Hernández Pérez, ya imputado en la causa.
