“¿Pero de dónde viene usted? ¿Pero de qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores…” (Debate parlamentario 24/03/2021). El curso escolar 2020/2021 finalizó y, haciendo un ránking de despropósitos en el desencuentro político, se destaca este triste episodio. Abrupta respuesta de la ya exministra de Educación (después pidió personalmente disculpas), al diputado del Partido Popular Juan José Matarí, quien describía los difíciles progresos de su hija con síndrome de Down, vinculando su evolución positiva en formación y maduración a la escolarización en un Centro de Educación Especial.
El profundo desprecio de la expresión gestual extraviada y de las palabras venían a decir: Usted no es de los nuestros porque la educación es nuestra. ¿Cómo se atreve a hablar? España ha entrado en un nivel tal de confrontación política que el futuro de esta ley sitúa en una posición complicada cualquier alternativa posterior: si se mantiene, triunfarán aspectos muy cuestionados por la sociedad, porque incluye contenidos ideológicos propios del ambiente de radicalidad extrema en el que nació. Si dentro de dos años se cambia, la operación tendrá un alto coste político y un desgaste evidente para la educación si no hubiese apoyo mayoritario, porque no solo se trataría de eliminar toda la envolvente ideológica radicalmente sectaria de la ley, sino que se volverían a rediseñar aspectos organizativos de los estudios, de asignaturas, de contenidos, repartos competenciales con las Comunidades Autónomas… que esta ley ha cambiado sustantivamente.
Aparentemente, con una ley educativa ya publicada y otra en tramitación, Isabel Celaá tendría cumplida su agenda, pero no será así: el balance final político de los gobiernos no es sólo cuantitativo, es más trascendente. El desgraciado incidente exhibió una vehemencia gubernamental innecesaria, que se apresta a reprogramar la educación española como si de una revolución exigida socialmente se tratase, cambiando contenidos y principios para adaptarlos normativamente a un marco ideológico minoritario. Sin reflejos políticos para apartar la confrontación momentáneamente, sin la mínima visión compasiva ante el relato de un padre que expone el calvario conocido que todos los padres con hijos discapacitados tienen, se lanza al debate uno de los temas más controvertidos. Creo que ese día, la ministra comenzó a irse.
No son datos, es ideología
El gran triunfo pírrico de la nueva legislación será expulsar de los Centros de Educación Especial a alumnos que presentan dificultades de escolarización debido a fuertes patologías y retraso cognitivo incompatibles con los procesos de instrucción, atención especializada, enseñanza y aprendizaje de los centros educativos ordinarios. Se argumenta que son segregadores. En España existen 473 Centros de Educación Especial, de los cuales 195 son públicos y 278 privados, concertados o no, que escolarizan a 37.901 alumnos atendidos por profesorado y personal sanitario especializados, en espacios adaptados.
Que en una reforma educativa no sirvan centros que escolarizan a miles de alumnos no cabe en los parámetros europeos; las enseñanzas se pueden cambiar, la actualización sensata de tipo curricular o de cualificación o reestructuración administrativa es normal, la desaparición de centros y el traslado de alumnado a otros con una cultura de enseñanzas absolutamente diferente por imperativo legislativo, exige más acuerdo social. La Educación Especial no había sido nunca motivo de confrontación política. Gobiernos con diferentes ideologías la han atendido, comprendiendo la preocupación y ansiedad justificada de las familias con el presente y futuro de sus hijos, escolarizados en estos centros educativos con plena satisfacción por su mayor especialización e individualización de la atención educativa. En diez años deben desaparecer porque esa educación “no es inclusiva”. ¿Y quién lo demuestra? Nadie, porque no son datos, es ideología.
Solamente resta entender el perfil mayoritariamente católico de la educación concertada como motivo de confrontación social y educativa en la nueva ley
Esta extraña convulsión educativa y social viene acompañada del ensalzamiento de la educación pública sobre la educación concertada, que traerá un endurecimiento de las condiciones de obtención y mantenimiento del concierto educativo, sin plan B para las familias que eligen (mayores porcentajes: Madrid, 30,1 %, País Vasco 48,4%) libremente esta modalidad. Puesto que la educación pública a la que acude el 67,1% del alumnado no está en peligro de desaparición en España, y que los mejores resultados de PISA en rendimiento educativo en Lengua, Matemáticas y Ciencias se producen en Comunidades Autónomas con mayor equilibrio entre las redes educativas pública, concertada y privada, solamente resta entender el perfil mayoritariamente católico de la educación concertada como motivo de confrontación social y educativa en la nueva ley. Para cambiar los modelos de red de educación, aun no creyendo en la demanda social de las familias, que siempre conviene atender, o para cambiar el modelo de financiación de estas redes, haría falta mayor acuerdo social y político.
Le sigue la expulsión del español como lengua vehicular y el control de todo el espacio lingüístico por las administraciones autonómicas con lengua cooficial. Es indudable que España arrastra un problema grave de visión antiespañola de sus propias élites, capaces de eliminar su propia lengua de su propio territorio.
Una agenda persistente que ha ido ganando posiciones desde los gobiernos radicales que históricamente prestan una atención muy especial a la educación
Era previsible no desaprovechar una ley orgánica para avanzar en lo que el radicalismo político llama agenda progresista, y de ahí que los temas anteriores hayan sido envueltos en criterios ideológicos generadores de profunda división social. Lo que puede tener mayores efectos es la conquista de la educación para la agenda de la globalización, especialmente en su pilar básico, la ideología de género, definitivamente consagrada en la LOMLOE. Una agenda persistente que ha ido ganando posiciones desde los gobiernos radicales que históricamente prestan una atención muy especial a la educación. Primero se conquista el ámbito de la socialización, en los actos culturales, festivos, en las actividades extraescolares y complementarias, en los recreos y en cualquier espacio y tiempo en que los alumnos conviven entre sí, luego los textos legislativos, sus objetivos, fines y preámbulos, pero al final ya no se renuncia a la conquista de los ámbitos de obligado cumplimiento que son la ordenación del sistema educativo y los currículos.
También se observa evolución en los destinatarios: son cada vez más pequeños. Puesto que los adolescentes ya han sido trabajados durante años, ahora son la educación primaria y la infantil el fundamental oscuro objeto de deseo. Con especial fuerza y empeño en la educación infantil (no olvidar: es de cero a seis años), se introduce la agenda de género.
La nueva ministra tiene trabajo en el restañamiento de heridas: hereda una ley perfectamente alineada con una agenda globalizadora extrema en la que la ideología de género, la desprotección y desdibujamiento de la lengua común, que explica e identifica de manera intuitiva y rápida a cada Estado-Nación, son elementos clave. Las continuas referencias en el texto a grandes instituciones (con agendas propias) y declaraciones (OMS, Naciones Unidas, Derechos del Niño, Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario…), o “reconociendo el interés superior del menor” no la hacen más digerible, aunque sí más vendible en el marco de la supremacía moral con la que se arroja todo el argumentario de la ley.
Siempre nos quedará la duda de si Celaá lo hizo todo por convicción propia o por obligación. Parece que se quiere rectificar con el nuevo Gobierno, así debería ser puesto que la auténtica brecha, no la de género tan gritada, es la que establecen estas leyes con la sociedad a la que van dirigidas. La LOMLOE existe, pero los desarrollos legislativos reglamentarios son los que establecerán todo el aparataje de concreciones de obligado cumplimiento para profesores, alumnado y familias, aunque también existen leyes que nunca han tenido, porque nunca se han escrito, reglamentos aplicables. Sra. Ministra: bienvenida, usted dirá.
