El diagnóstico de Correos no es bueno. La compañía, con pérdidas de entorno a 1.200 millones de euros según fuentes sindicales, afronta uno de los peores momentos de su historia. Acumula esas cifras en el periodo de 2018 a 2023, cuando Juan Manuel Serrano, amigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó las riendas del operador postal.
En 2024 Pedro Saura, también con carnet socialista y hasta el momento presidente de Paradores, fue el designado para arreglar el desaguisado. Nueve meses después la situación no parece haber mejorado.
Miles de notificaciones se encuentran varadas en las oficinas de Correos de toda España ante la imposibilidad de ser repartidas por la merma que sufre la plantilla del operador público postal. De hecho, el absentismo se ha duplicado desde la pandemia del Coronavirus. Entonces el porcentaje era del 5%; hoy supera el 10%.
La tormenta perfecta sobre la plantilla de Correos
La situación es complicada por múltiples factores. El primero de ellos es que Fernando Ramírez, el periscopio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Correos -es su propietaria-, decidió a principios de año cerrar el grifo de las contrataciones -es director de Recursos Humanos-, lo que ha incrementado el absentismo porque han empeorado las condiciones de los trabajadores, obligados a hacer más con menos compañeros.
Ramírez tiene como objetivo atajar el problema que lastra, de forma indirecta, las cuentas de la SEPI. Desde el Ejecutivo son conscientes de que hay que levantar cuanto antes el negocio para que el roto financiero no vaya a mayores.
La inversión en nóminas supone el 90% de los gastos de la corporación pública. Teniendo esto en cuenta, la dirección de Correos ha optado por la solución aparentemente más sencilla para frenar la sangría de pérdidas.
Sin embargo, el hecho de que se hayan frenado las contrataciones afecta directamente al comportamiento de la plantilla en su quehacer diario, que con una edad media muy alta hace que el absentismo crezca.
"Quieren maquillar los números ahorrando en personal en lugar de ver cómo hacer para que haya más negocio, más carga de trabajo. La plantilla tiene una edad media muy elevada y se ha dado el caso de que este verano las bajas, vacaciones, permisos y licencias no se han cubierto, absolutamente ninguna. Hay miles de notificaciones paradas en las oficinas y ha habido centros con solo un 20% de la plantilla operativa. Es el peor verano que se recuerda", explica Óscar Venteo, presidente del sector de empresas públicas del sindicato CSIF.
5.000 personas faltan a sus puestos
Venteo añade que en el periodo estival ha habido trabajadores entrados en años que han tenido que recorrer a más de 40 grados "diez o quince kilómetros cargados de productos. La precariedad actual en la plantilla se debe a que no se tienen efectivos suficientes y eso provoca muchas bajas por problemas psicológicos, ansiedad, estrés...".
La plantilla de Correos está formada por 46.000 personas. Teniendo en cuenta que el absentismo supera ya el 10% del total de los trabajadores, cada día casi 5.000 empleados se ausentan de sus puestos, lo que acarrea un empeoramiento en el servicio.
La SEPI, al rescate de Correos
Para restañar la situación, el Gobierno duplicará la financiación que recibe Correos por prestar el servicio público postal, pasando de los 110 millones de euros anules que venía recibiendo en los últimos años a entre 210 y 250 millones de euros a partir de ahora. El objetivo es reflotar la compañía.
Así lo detalla el nuevo Plan Estratégico 2024-2028 aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hace unas semanas tras un acuerdo histórico alcanzado entre la compañía y los sindicatos CCOO y UGT.
En los últimos años, la anterior dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores han estado inmersos en un continuo conflicto por la situación de quiebra técnica que denunciaban los sindicatos, como consecuencia de la pandemia y de la caída del negocio postal tradicional.
Con el nombramiento de Pedro Saura, la empresa ha iniciado una nueva etapa de acercamiento a los sindicatos.
El primero de los tres ejes en los que se ha dividido el plan estratégico recoge la financiación que recibirá la compañía por parte del Estado, con un total de 1.050 millones de euros a lo largo del periodo, lo que supone duplicar los 550 millones de la etapa anterior, es decir, entre 210 y 250 millones anuales.
El Gobierno también se ha comprometido a que Correos siga siendo el operador para prestar el servicio postal universal (SPU) más allá de 2025, después de que ese mandato venza este 2024, para lo cual habilitará la pertinente modificación de la ley postal, según recoge CCOO.
Las notificaciones pasarán a formar parte del SPU y el correo público se incluirá en la agenda 2030 como empresa estratégica de país para lograr su cohesión social y territorial.
