La Comunidad Valenciana, la tercera en importancia del país, lleva 3 años sin televisión autonómica. El 29 de noviembre de 2013 la imagen del conocido Canal 9 se fundió a negro y con él 1.660 empleados se fueron a la calle. Sindicatos y partidos de la oposición (Partido Socialista del País Valencià y Compromís) se resistían a que esto pasara y se mostraban, por aquel entonces, como los abanderados de los trabajadores.
El PSPV, con Ximo Puig a la cabeza, pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la suspensión cautelar del cierre de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) por el “daño irreparable” que iba a causar a los empleados y a la sociedad valenciana en general, que iba a perder su ventana principal a la lengua y cultura valencianas. Y el día del cierre tildó aquella fecha de “nefasta”. Compromís, por su parte, encabezado por Mónica Oltra, llegó a llevar en su programa electoral de 2015 que si salía elegido iba a respetar los derechos laborales de los trabajadores. El enemigo a abatir era, sin duda, el expresidente de la Generalitat, el 'popular' Alberto Fabra.
Pero las pérdidas económicas de una tele y radio autonómicas, cifradas en más de 1.500 millones de euros, unidas a un sinfín de críticas (enchufismos, sobredimensión de la plantilla, escasa libertad de prensa…), pudieron con la lucha de los empleados, sindicatos y partidos políticos de la oposición. El ERE fue aprobado y Canal 9 cerró inexorablemente después de 24 años de servicio.
El conflicto con la nueva RTVV
Ahora, tres años después, cuando el panorama político ha cambiado de pleno -los mandos de la Generalitat han pasado a manos de los que antes defendían la existencia de la televisión pública- el conflicto continúa sin resolverse. El actual Gobierno (PSPV, Compromís y Podemos) está poniendo en marcha la apertura de una nueva RTVV y los extrabajadores quieren recuperar sus puestos. Piden que se les readmita en el nuevo audiovisual público. “Hay que tener en cuenta que para trabajar en Canal 9 la mayoría de nosotros tuvimos que pasar por unas pruebas parecidas a una oposición y, de repente, nos quedamos sin nada. Nos indemnizaron, es verdad, pero el perfil mayoritario es el de personas de 50 años que tenemos muy difícil encontrar otro puesto laboral. Con el cierre de Canal 9, el sector audiovisual valenciano está muerto. No queremos dinero, queremos un trabajo”, insisten los representantes de los trabajadores.
El actual Gobierno ha puesto en marcha la apertura de una nueva RTVV y los extrabajadores quieren recuperar los que consideran sus puestos
Pero, al parecer, esta opción no es viable. En un principio, las intenciones del ‘gobierno del progreso’ fueron buenas y esta demanda se incluyó en la primera parte de la elaboración de la Ley de la futura RTVV, pero el Consell Jurídic Consultiu de Valencia tumbó esta idea porque si se llevase a cabo vulneraría el principio de igualdad de los trabajadores y además, el ERE aprobado en 2013 debería de declararse improcedente. Una situación que costaría a las arcas de la Generalitat 200 millones de euros.
Pero desde el Comité de Empresa de RTVV defienden que la nueva tele supone una 'clara sucesión de empresas' puesto que van a utilizar “el mismo edificio, la misma frecuencia de emisión e incluso los mismos equipos” Pero la Generalitat lo niega. Aseguran que no se trata de la misma empresa y que, aunque se utilicen las mismas instalaciones, se trata de otro ente completamente distinto, con otras leyes.
¿Promesas que quedaron en el olvido?
Así, ¿qué ha quedado de todas las promesas que ofrecían los actuales miembros del ‘acuerdo del Botánico’? Desde los sindicatos lamentan que una vez llegaron al poder "no ha habido una intención de diálogo" desde el Gobierno. “Ximo Puig se ha negado a recibirnos en año y medio y Mónica Oltra rechazó la propuesta que le ofrecimos de readmitir en la nueva tele solo a 800 de los 1660 exempleados y que estos devolviesen su indemnización a cambio de retirar la demanda interpuesta”, explica Manuel Camarasa, del sindicato CGT.
Pero la Generalitat se defiende. Compromís alega que su equipo sí cumplió lo prometido. “Dijimos que velaríamos por los derechos de los trabajadores y así fue. Fueron indemnizados con 35 días por año trabajado”, explican. Por su parte el PSPV asegura que se ha intentado ofrecer soluciones ‘viables’. “Para nosotros la solución intermedia a sus peticiones y a la legalidad pasa por que los extrabajadores de RTVV tengan preferencia de entrada una vez se cree la nueva televisión y hasta el periodo en el que se hagan las oposiciones. Después, quien quiera trabajar en la nueva televisión deberá presentarse a las pruebas como cualquier otro interesado pero con la diferencia de que su experiencia en la antigua RTVV sirva como punto extra en la calificación final. Así está reflejado en la ley creada”, insisten los socialistas.
Sin embargo, los trabajadores no admiten esta solución intermedia. “Estamos muy decepcionados con este Gobierno supuestamente progresista. La gente ya ha consumido su paro y el subsidio”, se queja Camarasa. Y por ello, tienen claro que van a seguir con sus demandas adelante. “Creemos en la posibilidad de que el ERE se declare inconstitucional. La excusa fueron las pérdidas económicas de RTVV pero la realidad es que cuando se nos echó de la televisión nos acababan de cambiar de empresa a todos los trabajadores a una que no tenía deudas, es más tenía beneficios. Aún tenemos bazas con las que defendernos”, manifiestan desde el Comité de Empresa.
Recién celebrado el último juicio por estas causas, el pasado miércoles, queda esperar a la resolución del juez que se calcula que estará dentro de un mes aproximadamente ¿Quién ganará el pulso? Si lo ganan los antiguos empleados, se pondría en juego el futuro económico de la Comunitat Valenciana por el dinero que tendría que devolver a los trabajadores en salarios. Si lo ganan los trabajadores, muchas familias saldrían de su "situación económica desesperada". Habrá que esperar para conocer el desenlace de esta 'pesadilla' convertida en realidad.
