Sus nombres y sus caras no empapelan farolas, semáforos ni marquesinas de autobús. En la mayor parte de los casos, tampoco ha habido un gran despliegue policial que coordine diferentes unidades en varios países. Simplemente, hubo un día en que llegaron a Europa y se les perdió la pista. En 2016 entraron a la UE 63.300 menores no acompañados (MENA), la mitad refugiados sirios y afganos, según datos de Missing Children. Ese mismo año, las autoridades comunitarias reconocieron que al menos 10.000 MENA están desaparecidos.
Sin embargo, Europol desconoce si esas desapariciones son reales o son producto del caos burocrático que existe entre los países miembros. En cualquier caso, admiten que los MENA desaparecidos, en concreto los refugiados, son el blanco perfecto para las redes de trata de seres humanos, de explotación sexual, de mendicidad organizada e incluso de trabajo en condiciones de esclavitud.
El coordinador general de Europol, Brian Donald advierte de la existencia de una infraestructura criminal paneuropea cuyo objetivo son los menores refugiados. Pero “no todos han sido explotados por organizaciones criminales, muchos se han podido reunir con sus familias, aunque no sabemos dónde están, qué están haciendo o con quién se encuentran”, admite Donald.
Solo en Italia hay 5.434 MENA desaparecidos, 1.829 en Suecia y 4.749 en Alemania. Así lo reflejan las estadísticas recogidas por la fundación porCausa, con la que ha colaborado este periódico para la investigación. Son los únicos países de los 28 que han publicado los datos. Y la suma de los tres ya supera la cifra que estima Europol. En el caso de España, no se sabe cuántos menores extranjeros no acompañados están en paradero desconocido. Sí es público, en cambio, la cifra total del registro de MENA: 3.387, según el Ministerio del Interior.
‘Double-counting’
En realidad, la famosa cifra de los 10.000 desaparecidos es una “estimación a la baja” realizada con los registros que los países comunitarios han aportado, según Tine Hollevoet, una de las portavoces de Europol. Aunque “ni hay una base de datos ni se ha aplicado una metodología concreta”, admite. Entonces, ¿por qué una institución internacional publica una estimación tan poco realista? La portavoz de Europol asegura de que la intención era “enviar un mensaje de alerta a la comunidad internacional sobre este peligro para que actúen adecuadamente”.
Europol relaciona la inmigración ilegal de los menores con las organizaciones de trata de seres humanos
Y es que, en la actualidad, no existe una política de coordinación comunitaria que sea capaz de abordar esta problemática. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford que denuncia malas prácticas en esta materia que dan lugar a errores. Una de ellas es el ‘double-counting’, que consiste en registrar como distintas personas a esos MENA que atraviesan varias fronteras exteriores de la Unión. Por ejemplo, cuando llegan a Grecia procedentes de Turquía se les contabiliza como MENA; si posteriormente prosiguen su camino hasta Hungría atravesando Macedonia y Serbia, que no son países comunitarios, al cruzar de nuevo las fronteras del espacio Schengen son registrados de nuevo.
Del mismo modo, y puesto que las diferentes administraciones no comparten información, si un MENA es registrado como tal en España y posteriormente se reúne con su familia en Francia, en el país vecino se contabilizaría como menor acompañado, pero en el nuestro no se actualizaría ese registro. No obstante, esa doble contabilidad no es la única muestra de descoordinación comunitaria. La propia definición de menor no acompañado varía según en qué Estado nos enfoquemos. Y lo mismo ocurre con los diferentes protocolos de actuación.
Preocupación por las mafias
La desaparición de estos menores que en su momento fueron registrados es fruto del desorden administrativo, pero también de la intervención de grupos criminales. Esa descoordinación de la UE facilita la tarea a las mafias de trata de seres humanos. La propia Europol reconoce, en un documento interno desclasificado a petición de porCausa y al que ha tenido acceso Vozpópuli, “preocupación por los menores que hayan podido ser explotados por bandas criminales”.
Europol relaciona directamente la inmigración ilegal de los menores que llegan a Europa con las organizaciones de trata de seres humanos. Esa vinculación se debe a que sospechosos fichados por tráfico de personas aparecen ahora como integrantes de los grupos especializados en mendicidad forzada y explotación laboral. En algunos casos, las mafias de la inmigración convierten a los MENA en tripulantes inexpertos de pateras a cambio de cruzar el Mediterráneo y un futuro incierto. Pero no todos alcanzan la costa europea: el año pasado 5.000 inmigrantes se ahogaron en el Mediterráneo huyendo de la guerra y la pobreza.
Documento de Europol sobre los 10.000 MENA desaparecidos by Vozpopuli on Scribd
El Parlamento Europeo ya está trabajando en una reforma del Reglamento para mejorar la situación de los MENA con una actualización del sistema registro de los menores no acompañados. Por eso, se plantean una rebaja de los 14 a los 6 años de la edad legal de toma de huellas dactilares. De esta forma, se obtendría una base de datos más completa que evite duplicidades. Además, Europol propone incluir los registros de los MENA en el sistema de información de Schengen (SIS) con el objetivo de que todos los países compartan los mismos datos y acaben con la desaparición sistemática de personas.
Protección automática
Pero Europol no es la única institución comunitaria que tiene una propuesta a este respecto. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) considera que debería asignarse un tutor en un plazo máximo de 24 horas desde que llegan a Europa, de tal forma que ese responsable comunique el paradero del MENA. Esa petición es la que hacen también desde la asociación Noves Vies, que opera desde Barcelona. Su presidente Albert Parés, explica, en conversación con Vozpópuli, que esa “figura del responsable del MENA sería como un abogado de oficio que se asigna automáticamente”. Parés advierte de que “lo primero es incluir a los MENA en un sistema de protección automático que implique que la administración vele por sus derechos. Además, hay que evitar que cualquier persona se lo pueda llevar por decir que es su responsable, su tío o quien sea: debe acreditarlo”.
"En el caso de los refugiados, estamos hablando de derechos humanos y no debería haber un límite presupuestario"
La legislación actual obliga a las comunidades autónomas, que tienen transferidas estas competencias, a registrar y proteger a los MENA. Sin embargo, algunos no aportan documentación identificativa de sus países de origen o las propias administraciones desconfían de los papeles que presentan, por lo que la determinación de si son menores o no dependen de unas pruebas médicas cuya práctica cuestiona el Defensor del Pueblo y varias organizaciones internacionales.
Parés considera, y así lo hace también la ley, que siempre debe primar el interés del menor. De ahí que esté convencido de que en el caso de las posibles víctimas de trata “tendría que haber una doble protección, sobre todo, de forma preventiva. Por ejemplo, para las niñas no acompañadas y menores de edad que puedan caer en entramados de prostitución”. Aun así, para lograr eso, reconoce que es necesario aportar más recursos: “En el caso de los refugiados, estamos hablando de derechos humanos y no debería haber un límite presupuestario. Y los MENA son personas vulnerables a nivel jurídico y social. Se pueden optimizar recursos, pero hay situaciones en las que se debe actuar”.
* Este trabajo ha sido posible gracias a la investigación de Virginia Rodríguez, Isabel Linares, David Pastor, Ana González Páramo y Elena Cabrera, de la fundación porCausa.
