La Comisión Europea ha decidido este viernes suspender las reglas fiscales -que estipulaban un límite en el déficit público en el que podría incurrir cada economía de la Unión, un límite máximo de gasto público y un objetivo de deuda pública sobre PIB- para permitir a todos los países que gasten lo que consideren para poder aplacar el impacto del coronavirus en la economía.
Los países "pueden inyectar en la economía tanto dinero como necesiten. Estamos relajando las normas presupuestarias para permitirles hacerlo", ha anunciado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, en sus redes sociales, al tiempo que ha dado la bienvenida a las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo.
Nunca antes la Comisión había activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es una medida sin precedentes.
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La decisión supone un alivio para que los países puedan incrementar sus medidas de gasto sin miedo a incumplir los objetivos de déficit y deuda marcados por Bruselas y ser penalizados por ello. En general, se permite el objetivo es que los países vayan reduciendo su nivel de déficit público sobre PIB y que nunca superen el umbral del 3%, que les desvía directamente al Procedimiento de Déficit Excesivo en el que están mucho más vigilados.
España salió de ese procedimiento en 2018, año en el que su déficit público terminó en el 2,5% del PIB. A falta de conocer el dato oficial de déficit de 2019, instituciones como el Banco de España pronostican que el descenso habrá sido sólo de una décima, hasta el 2,4%.
Caída de la recaudación y explosión del gasto
Si se tiene en cuenta el descenso del PIB previsto para 2020 a causa del coronavirus (de entre el 2% y el 5%), la caída de la recaudación fiscal que va a sufrir el Estado por el hundimiento del consumo y del empleo, y el aumento de gasto público requerido para afrontar la crisis, es obvio que el déficit público se disparará en 2020 si el gasto público computa en la ecuación.
España ha anunciado un paquete de medidas económicas que pretende movilizar 200.000 millones de euros, aunque de ellos 83.000 proceden de la iniciativa privada, 100.000 son avales -que si no llegan a ejecutarse no tendrían porqué engordar el déficit- y 17.000 son gasto público directo que sí ampliará el desfase presupuestario.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento también estipula que la deuda pública sobre PIB no supere el 60%. En España se sitúa por encima del 95% a cierre de 2019.
