Déficit presupuestario y deuda se han convertido en los últimos años en la asignatura pendiente de la economía española y también en su talón de Aquiles. Y el agujero de la Seguridad Social es el mejor ejemplo. Los datos más recientes del Banco de España sitúan el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas en el pasado mes de enero en 1.424.425 millones de euros, un 5,6% más que en el mismo mes del pasado año.
En los últimos cinco años, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha aumentado en 319.871 millones de euros, un 28,96%. La de la Administración Central, en 322.795 millones, un 33,33%, y la de las Comunidades Autónomas, en 32.727 millones, un 11,81%. Hay, sin embargo, dos datos que destacan en esta pormenorización: el descenso de la deuda de las Corporaciones Locales en más de 10.200 millones de euros, una constante desde 2013, y el espectacular crecimiento de la deuda de la Seguridad Social en más de 82.000 millones, un 477,5% desde 2016.
El problema viene de lejos, pero aflora con la crisis financiera internacional de 2008. Cuando comenzó el siglo XXI, la Seguridad Social presentaba una cuentas inmaculadas. Superávits todos los años, que llegaron a superar los 13.000 millones de euros (1,3% del PIB) en 2006 y 2007. Todo se truncó en 2010, cuando aparecieron los primeros números rojos (déficit de 2.669 millones).
Desde entonces y hasta el pasado año, la suma de los déficits presupuestarios de estos doce últimos ejercicios supera los 151.000 millones de euros. En este periodo de tiempo, el Estado ha aportado a los presupuestos de la Seguridad Social más de 164.469 millones para equilibrar sus cuentas a costa de incrementar el endeudamiento.
Ha bastado la irrupción de una crisis sanitaria de proporciones desconocidas, que paralizó las actividades económicas durante varios meses y las ralentizó durante varios más, para poner al descubierto los problemas de un estado del bienestar sustentado sobre una frágil estructura económica, que solo funciona bien con el pleno empleo, pero que muestra muchas deficiencias estructurales cuando las cosas no marchan bien.
Pero no todo es achacable exclusivamente a la pandemia. En los últimos ejercicios, algunas decisiones políticas adoptadas por el Gobierno de coalición PSOE-UP, han tenido un impacto muy importante en las cuentas públicas. Pedro Sánchez dejó claras sus intenciones desde el primer momento; en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que acabó tumbando el Congreso de los Diputados en febrero, pero cuyas medidas se llevaron igualmente a la práctica.
El problema aflora con la crisis de 2008. Cuando comenzó el siglo XXI, la Seguridad Social presentaba una cuentas inmaculadas. Superávits todos los años, que llegaron a superar los 13.000 millones
En la primera página del “Libro amarillo”, los PGE de ese año señalaban que "el objetivo prioritario del Gobierno consiste en el refuerzo del Estado del bienestar y la protección de los más vulnerables". Añade a continuación que “tienen una clara orientación social, con la finalidad de que los beneficios del crecimiento económico puedan llegar a toda la ciudadanía, en especial a los colectivos más perjudicados por la reciente crisis económica”.
La subida de las pensiones en 2019 en un 1,6% y en un 2,5% en 2022, la eliminación del factor de sostenibilidad al que estaban vinculadas con Mariano Rajoy, la ampliación de los permisos de maternidad/paternidad, más prestaciones familiares, subsidios, los incrementos de entre un 3 y un 4% anual de las pensiones no contributivas y mínimas, el ingreso mínimo vital… han tenido mayor peso en el desajuste presupuestario de la Seguridad Social que los incrementos decretados en las cotizaciones sociales, su contrapeso en el balance económico. Y la situación se ha repetido este año, esta vez como consecuencia de una inflación descontrolada desde mediados de 2021.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy reconocía ya que el Sistema de Seguridad Social se había visto especialmente castigado en tiempos de crisis con la pérdida de más de 1,1 millones de afiliados, (ya recuperados entonces) y hacía un llamamiento a la necesidad de implicar al sistema público de pensiones en el proceso de reducción del déficit de las Administraciones Públicas.
El declive de la Seguridad Social
Han transcurrido cinco años y el déficit de la Seguridad Social se mantenido, cuando no se ha incrementado: 16.775 millones en 2017, el 1,4% del PIB; 17.310 millones en 2018; 15.860 millones, en 2019 y 29.344 millones, en 2020, el 2,6% del PIB. Y como el déficit que se registra a 31 de diciembre de un año es deuda el 1 de enero del siguiente ejercicio, los números rojos de la Seguridad Social han crecido de forma imparable: 17.173 millones en 2016; 27.393 millones, en 2017; 41.194 millones, en 2018; 55.024 millones, en 2019; 85.355 millones en 2020 y 99.184 en enero de este año. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en 2018, la deuda se ha más que duplicado.
En apenas un lustro, la deuda de la Seguridad Social ha pasado de representar el 1,5% del PIB (en 2017 (Rajoy pretendía reducirla al 1%) a ser el 3,4% en 2018 y el 7,8% en 2021, que a finales de mes tendrá que confirmar el Banco de España en la estadística correspondiente al cuarto trimestre de 2021.
En apenas un lustro, la deuda de la Seguridad Social ha pasado de representar el 1,5% del PIB en 2017 al 3,4% en 2018 y el 7,8% en 2021
En los Presupuestos Generales del Estado para este año ninguna referencia a la situación financiera de la Seguridad Social en el Libro Amarillo, a pesar de que manifiesta que “adquiere un protagonismo especialmente significativo como motor de crecimiento del gasto social en apoyo, tras la crisis provocada por la pandemia, de los sectores más vulnerables”.
El gasto presupuestado para 2022 es de 181.081 millones de euros para el conjunto de las operaciones de la Seguridad Social, un 5% más que en 2021 y un 28,5% más que en 2016, el último año “normal” del sistema. En línea con el aumento del gasto van las aportaciones del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno. Para este año ascenderán a 36.276 millones de euros, un 16,4% más que en el año anterior y casi tres veces más que en 2016.
