El Gobierno tiene las manos atadas en la compra del Sabadell por BBVA. El Ministerio de Economía se escuda en que es el último organismo que debe dar luz verde a la operación, pero se quedará sin “argumentos técnicos y razones legales” si la opa hostil lanzada por Carlos Torres acaba triunfando dentro de ocho meses, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Un argumento compartido por los directivos del banco de La Vela.
La reforma de la Ley de Supervisión Bancaria, aplicada en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, reserva a Economía el poder de veto como herramienta de supervisión sobre operaciones estratégicas. Esta prerrogativa se contempla en la disposición adicional decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
La opa lanzada por BBVA a los accionistas del Sabadell, con un canje de un título por cada 4,83 de la entidad catalana, tendrá que contar con el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de ponerse en marcha. Se estima que estas autorizaciones regulatorias tarden en llegar unos seis meses, antes de iniciarse el periodo de canje de acciones.
Plazos
En ese momento, los accionistas del Sabadell dispondrán de un máximo de 70 días para decidir si aceptan o no la oferta de BBVA, que se ha cerrado a mejorar la prima, de alrededor del 30% sobre los precios previos al intento de fusión pero que se ha rebajado considerablemente por los distintos comportamientos en Bolsa de las entidades.
En caso de que la opa triunfe, condicionada a que la acepte el 50,01% del capital del Sabadell, la amenaza de veto de Moncloa carecería de argumentos técnicos como para no autorizar la absorción por parte de BBVA, indican fuentes próximas a los reguladores. Este es precisamente el mensaje que ha lanzado la cúpula del banco de La Vela en las reuniones con inversores para defender la operación.
"En la competencia se teme la incertidumbre que se puede abrir para otras operaciones si Moncloa decide finalmente no autorizar la integración, como advierte un alto ejecutivo bancario que pide el anonimato
Como publicó este medio, los directivos de BBVA han tratado de calmar a los grandes fondos accionistas asegurando que no habría una base legal que justificara la intromisión política. Consideran que sólo tras la opa podría entrar en juego el Gobierno y descartan que el Ejecutivo tenga una razón legal para involucrarse, según fuentes conocedoras de los encuentros con los inversores.
Choque con el BCE
Los fondos de BBVA, no obstante, temen que Moncloa interfiera a través de la CNMC para frenar la opa. Aunque algunas fuentes próximas a los supervisores no prevén que Competencia se oponga y esperan que se limite a señalar el riesgo de concentración en determinadas regiones y pueda exigir la venta de oficinas. También el BCE defiende el “sentido estratégico” de la fusión de BBVA y Sabadell por las cuantiosas sinergias y la complementariedad de negocios.
Desde la competencia, como señala un alto ejecutivo bancario, tampoco se entendería un veto y advierten de que se lanzaría un mensaje de “incertidumbre” sobre futuras operaciones corporativas.
La sensación en el sector es que la opa acabará triunfando pese a que Josep Oliu se intentó blindar con algunos grandes fondos de inversión, pero, sobre todo si hay una mejora de la oferta de BBVA, se descuenta que acabarán vendiendo los títulos de la entidad catalana.
De hecho, el propio Torres desveló que algunos de los grandes accionistas del Sabadell le animaron a lanzar la primera opa hostil en el sistema bancario español en años, lo que ha provocado la denuncia ante la CNMV por parte del Sabadell.
En caso de que el Gobierno vetara la fusión, se abriría una situación inédita y BBVA y Sabadell tendrían que operar por separado como entidades independientes pese a que el banco de La Vela ya tendría el control del segundo. Bajo este escenario, las sinergias previstas de 850 millones de euros antes de impuesto quedarían en peligro o, al menos, su consecución se retrasaría.
