Francisco González gana otro día más en el puesto. El presidente de honor de BBVA ha salido indemne de su primera prueba de fuego: el famoso consejo ordinario del mes de enero. En el sector se especuló mucho sobre la posible presión que podría aplicar el máximo órgano de gobierno del banco para forzar la salida de Francisco González ante el duro problema reputacional al que se está enfrentando el banco. Pero finalmente, el consejo ha decidido no tomar una decisión al respecto hasta que no estén todas las cartas encima de la mesa, lo que llevará algunos meses, según las estimaciones de PwC.
Un informe forensic de este calibre lleva mucho tiempo armarlo y no se pueden obtener respuestas de la noche a la mañana, por mucho que se quiera y se pida desde los altos órganos como el BCE o el Banco de España. Otra cosa es que el banco pueda tomar cartas en el asunto antes de tener una respuesta, sopesando que el tiempo de espera puede dañar más la imagen pública del BBVA.
PwC cuenta con un equipo de 40 personas trabajando en el caso y que están escudriñando toda la información posible para encontrar alguna prueba de esas supuestas escuchas de las que habla el excomisario Villarejo. Por el momento, solo se ha podido comprobar que Francisco González contrató los servicios de Cenyt, pero no se ha demostrado que se haya hecho con las intenciones con las que se le acusa.
La primera investigación
El BBVA encargó Garrigues una investigación el pasado mes de junio para aclarar si el banco contrató los servicios de Cenyt y con qué finalidad. En verano se recopilaron y revisaron contratos y facturas mediante un proceso ordinario.
Esta investigación tuvo una complejidad añadida porque se estaba tratando con documentos de 2004. Es decir, había que analizar bases de datos de hace 15 años, con toda la dificultad tecnológica que eso supone.
El veredicto de este trabajo fue que, efectivamente, el BBVA había contratado a la empresa de Villarejo, pero no se encontró ninguna documentación que reflejara el seguimiento de las escuchas a las que los medios hacen referencia.
A raíz de las últimas publicaciones en prensa, desconocidas por el banco, se decide ampliar la investigación de Garrigues y los recursos externos e internos.
El 9 de enero se escoge como asesor legal a Uria y a continuación se le encarga a PwC la investigación que hay abierta. En la actualidad hay 40 personas dedicadas en exclusividad para esta causa con el mandato de finalizar cuanto antes el informe forensic, que determinará si las informaciones publicadas sobre Francisco González son reales o falsas.
Estos informes se suelen alargar meses dada su complejidad y por la red que construyen. Cada vez que se va clarificando un hecho se abre una nueva investigación.
