Con datos referidos al 1 de agosto, en España hay un total de 9.015.379 millones de pensionistas que cobran 9.948.815 pensiones, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, el pago de las pensiones, 171.165 millones de euros, absorberá el 38% de todo el gasto del año. La última nómina abonada ha ascendido a 10.866 millones de euros, un 4,6% más que en el mismo mes del pasado año. El 72,4% de esta cantidad corresponde a las pensiones de jubilación (7.861 millones). El gasto en pensiones contributivas representa el 11,8% del Producto Interior Bruto (PIB).
La pensión que perciben los nuevos jubilados ha bajado un 11% desde el mes de enero
Atender las necesidades económicas de cerca de una quinta parte de la población española es una de las principales preocupaciones de cualquier ejecutivo. Máxime, cuando cada pensionista que se da de alta en el sistema público ha generado derechos a lo largo de su vida laboral para percibir una compensación mensual que ha sido cada vez más elevada en los últimos años y que ha llevado a la Seguridad Social a una situación de déficit, que se prolonga ya por más de diez años.
Con el fin de buscar un equilibrio financiero, en 2011, el Parlamento aprobó una reforma de la Seguridad Social cuyo principal objetivo era preservar el actual sistema público de reparto. La reforma estableció un periodo transitorio de quince años, entre 2013 y 2027, en el que se aumenta paulatinamente la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años y se amplía el periodo de cotización mínimo exigido para poder hacerlo a los 65 años.
Uno de los principales problemas del sistema ha sido que las personas que entraban a formar parte de la nómina de pensiones lo hacían con unas condiciones económicas muy por encima de las que tenían aquellos que salían. La diferencia entre ambas cifras ha superado casi siempre los 300 euros mensuales por persona cuando nos referimos al régimen general (el que más pensionistas contabiliza) y a las pensiones de jubilación.
Hoy, afortunadamente para José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, las cosas empiezan a cambiar algo. Con cifras de cierre de la primera mitad del año, la nómina mensual de un nuevo pensionista es de 1.451 euros, 179 euros menos que en enero de este mismo año (1.630 euros). Es una reducción del 11% en apenas seis meses.
El dato de las percepciones de las nuevas altas en el sistema es muy similar al de 2015, pero con una salvedad muy importante: entonces, la diferencia entre el coste de las nuevas altas y la nómina de las bajas en el sistema alcanzó su máximo en el pasado reciente, con 356 euros. Según el Ministerio, las bajas que ha registrado el sistema en el pasado mes de junio percibían individualmente una nómina mensual de 1.272 euros. La brecha se ha reducido a 179 euros, cerca de un 50%. En enero de este año, la diferencia llegó a situarse en 374 euros por persona.
El hecho de que se haya prolongado la edad de jubilación en dos años y se hayan endurecido las condiciones de acceso al aumentar el número de años que se necesitan para percibir las cuantías máximas empiezan a dar frutos. No solo porque las nuevas altas cobran menos que hace doce meses, sino también porque las bajas también percibían más: 1.272 euros mensuales en el mes de junio, un 8% por encima de las del pasado mes de diciembre.
Desde la crisis financiera internacional de 2008, la brecha salarial entre las altas y bajas en el régimen general de la Seguridad Social solo ha bajado en tres ocasiones de los 300 euros mensuales por perceptor. En el año 2020, en plena crisis sanitaria por la irrupción de la Covid 19, la diferencia superó los 302 euros, con unos ingresos medios para las nuevas altas de 1.530 euros y de 1.228 euros para las bajas.
Todo parece indicar que la brecha puede seguir reduciéndose en los próximos meses. El dato adelantado correspondiente al mes de julio indica que la pensión media de jubilación del régimen general habría bajado a los 1.396 euros, aunque no hay datos pormenorizados aún de cuál era la percepción de las personas que habían causado baja en el sistema.
