Los retrasos sufridos a la hora de construir algunos de los corredores de alta velocidad ferroviaria pueden pasarle factura al Estado, al margen del desencanto ciudadano por las promesas incumplidas. La Comisión Europea ha empezado a llamar la atención al actual Gobierno por el hecho de que algunos de los tramos que en su día fueron financiados con fondos estructurales de la Unión Europea no han sido puestos en servicio en la fecha prevista, lo que podría derivar en la exigencia de una compensación económica.
El problema se localiza especialmente en los corredores que conectan Madrid con el norte de España, especialmente las líneas a Galicia y Asturias. En su día, España se benefició del programa de fondos de cohesión 2007-2013, parte de los cuales se emplearon para la cofinanciación de la extensión de la red de alta velocidad. Sin embargo, estos instrumentos, entre los que también se encontraban fondos de ayuda al desarrollo de las regiones, incluían el compromiso de que las infraestructuras a las que fueron destinadas entraran en servicio para los ciudadanos antes de una determinada fecha, concretamente a mediados del presente año.
La Administración beneficiaria de los fondos tiene la obligación de presentar ante las autoridades comunitarias las correspondientes certificaciones de recepción de la infraestructura y su entrada en funcionamiento, de manera que quede documentalmente probado el cumplimiento de los compromisos.
La fecha de junio de 2019 era notablemente lejana cuando España recibió las partidas de los mencionados fondos. Por entonces, la programación de la red del AVE apuntaba a que la alta velocidad llegaría a Galicia para 2015, e incluso antes a Asturias. Sin embargo, los sucesivos retrasos acumulados, debido a circunstancias tanto económicas como técnicas, ha hecho que finalmente el tiempo se haya echado encima sin que el Gobierno haya podido presentar las certificaciones.
Primeros avisos
Las primeras advertencias por parte de la Comisión Europea llegaron a finales del pasado año, cuando ya era más que evidente que las obras no iban a estar listas a tiempo. El Gobierno comunitario transmitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez, concretamente a los Ministerios de Economía y de Fomento, que estaba dispuesto a aplicar una sanción, en proporción con aquellos tramos de los corredores que no entraran en servicio en la fecha prevista como límite para tal fin.
Ante esta situación, y tras las comunicaciones de la Comisión Europea, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a poner en marcha medidas para acelerar los procesos, de manera que los certificados estuvieran a tiempo. A través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Fomento ha reforzado sus mecanismos de control de las diferentes obras como medida para evitar que las amenazas de Bruselas se hagan realidad.
Tras el vencimiento de los plazos, las conversaciones entre las partes han continuado, de forma que Moncloa espera la mayor parte de la documentación para antes de que finalice el año. Sin embargo, en los casos de los trazados a Galicia y Asturias parece prácticamente imposible esquivar la sanción.
El calvario del túnel de Pajares
En particular, la denominada variante de Pajares ha sido especialmente problemática, por las numerosas dificultades a la hora de impermeabilizar los túneles, lo que ha convertido este tramo en la obra de nunca acabar, tanto desde el punto de vista temporal como económico.
En el caso de que finalmente llegue la multa, ésta consistiría en una devolución parcial de los fondos recibidos en su día. Una cantidad que, en función de los avances de los trabajos y los retrasos a la hora de entregar las certificaciones, se estima en torno a los 30 millones de euros.
