La Seguridad Social ha conseguido un nuevo récord de afiliación en junio (19,5 millones) superando en 24.000 el registro de julio de 2007 en el mes previo de la crisis económica y financiera global iniciada desde Estados Unidos con las hipotecas subprime. ¿Son equiparables los ingresos obtenidos por cotizaciones en ambos ejercicios cuando la reforma laboral ha reducido la calidad contributiva al bajar los sueldos y las bases de cotización? ¿De qué forma está afectando a esos ingresos la precariedad, la alta rotación y la volatilidad del mercado laboral?
Igual que ha sucedido con los ingresos por IRPF, la inflación, y también el incremento de bases, sobre todo las máximas, han hecho aumentar la caja de las pensiones públicas, aunque todavía el sistema, a la espera de una nueva reforma, no recauda lo suficiente para atender las 14 pagas anuales de las prestaciones contributivas, y también de las no contributivas que le ha endosado los distintos gobiernos y que deberían correr a cargo de la caja de los impuestos.
Según los últimos datos de liquidación presupuestaria de la Intervención General, correspondientes a mayo de 2019, la caja pública de las pensiones ingresó por cotizaciones en el acumulado de los cinco primeros meses del año un total 50.988 millones de euros como derechos reconocidos netos, es decir, incluidos los derechos de cobro de aplicación definitiva. La media mensual de recaudación es, por tanto, de casi 10.200 millones. En el mismo periodo de 2007, con prácticamente el mismo número de afiliados, obtuvo 39.124 millones, es decir, la recaudación media mensual fue de 7.825 millones. La diferencia es de más de 2.300 millones mensuales y de 11.800 millones acumulados hasta mayo. Pero, se trata de cifras en términos nominales ya que no se tiene en cuenta la evolución de la inflación entre ambos periodos. Es decir, en términos reales (homogéneos), el valor monetario de esos 39.124 millones de euros de 2007 es de unos 46.000 millones en 2019 con una inflación acumulada cercana al 18%. Por tanto, la diferencia real de recaudación entre los dos ejercicios es de unos 4.900 millones entre enero y mayo con prácticamente el mismo número de afiliados. Si esa cifra se divide por los cinco meses liquidados del año, sale que la caja de las pensiones recauda en la actualidad unos 980 millones de euros más cada mes en términos reales que en 2007 una vez corregidos los efectos de la inflación.
El pago en pensiones aumenta hasta mayo por encima del 7%. Lo que significa que, de momento, el sistema público recauda en porcentaje más de lo que sube el gasto de las pensiones
Este aumento de los ingresos entre ambos años se debe al alza de las bases de cotizaciones ya que, por ejemplo, las bases máximas registran subidas medias acumuladas superiores al 35%, y a la actualización, sobre todo a partir de 2019, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros. Todo ello ha empujado a la recaudación en el régimen general, que genera el 80% de los ingresos, a crecer un 8,5% en lo que va de año respecto al ejercicio anterior mientras que en 2007 crecía al mismo ritmo sin que subieran tanto las cotizaciones y el SMI. De esta forma, se acentúa con creces el crecimiento de la caja de las pensiones por encima del PIB (2,4%) y de la afiliación (2,7%), proceso que se inició desde 2017 tras la caída libre desde 2011. Desde el lado de los gastos, el pago en pensiones aumenta hasta mayo por encima del 7%. Lo que significa que, de momento, el sistema público recauda en porcentaje más de lo que sube el gasto de las pensiones. Pero, tiene otros gastos que también deberían abonarse con la caja de los impuestos, desde subsidios a prestaciones por maternidad paternidad, por ejemplo, o las nóminas de los funcionarios de la Seguridad Social, que siguen pagándose con las cotizaciones.
Superar los ingresos establecidos
En todo caso, el sistema público está recaudando ahora a un ritmo medio mensual de 10.200 millones de euros. De seguir así, aunque se detecta una cierta desaceleración, el sistema superaría por primera vez desde el inicio de la crisis los ingresos presupuestarios establecidos, ya que se han fijado cerca de 115.000 millones y las cotizaciones podrían alcanzar a fin de año la cota de los 122.000 millones.
Lo que es evidente es que la caja de las pensiones habría obtenido una mayor recaudación muy superior a esos 2.300 millones mensuales (980 millones una vez aplicados los efectos de la inflación) si el mercado laboral hubiera mantenido la misma o similar estructura salarial y contractual que en 2007. El caso es que hace 12 años los mileuristas estaban a la cola del escalafón salarial. Sin embargo, ahora, ser mileurista, sobre todo para los nuevos contratos, se ha convertido en casi un privilegio. Los bajos sueldos, propiciados por la última reforma laboral para reducir los costes laborales y favorecer las exportaciones, no han creado una nueva masa crítica de empresas exportadoras pero sí han tirado a la baja las bases de cotizaciones. A ello se ha unido el aumento de la precariedad en la contratación, la alta rotación y la generalización de los contratos por sólo unas horas. Es decir, aunque la Seguridad Social registre un nuevo máximo histórico, las afiliaciones actuales tienen una peor calidad contributiva que en 2007. Y también se añade el auge de las bonificaciones a la contratación y tarifas planas, que menoscaban los ingresos del sistema, que los gobiernos han ideado para maquillar la estadística laboral y que corren a cargo de la caja de las pensiones en lugar de la del Estado.
Según los datos de afiliación media del ministerio de Trabajo, a pesar de que desde 2011 se computan a los nuevos funcionarios de carrera como afiliados al sistema (las administraciones abonan desde entonces las cotizaciones a la Seguridad Social y los empleados públicos no las pagan al régimen de clases pasivas del Estado sino al sistema público), el régimen general tiene en junio de 2019 unos 52.000 afiliados menos en alta laboral que en julio de 2007 (-0,3%) pese a que hay 1,3 millones más de habitantes y mayor población en edad laboral. A simple vista se observa por tipo de contrato que ahora hay más empleo indefinido que hace 12 años (9.255.486 frente a 8.655.222 empleados en 2007). Pero, esa diferencia de casi un 7%, propiciada en gran medida por la incorporación de los nuevos funcionarios a la caja de pensiones, tiene mucha letra pequeña. Por ejemplo, en la actualidad hay casi 200.000 personas (2,6%) con empleo indefinido menos a jornada completa (7.191.801) que en 2007 (7.386.048).
Los bajos sueldos, propiciados por la última reforma laboral para reducir los costes laborales y favorecer las exportaciones, no han creado una nueva masa crítica de empresas exportadoras
Y aumenta espectacularmente la precariedad en el resto de los empleos fijos reduciendo la estabilidad. Lo más llamativo es que hay casi 600.000 personas más ahora (52%) que tienen un trabajo indefinido a tiempo parcial que antes de la crisis. Es decir, si en 2007 había poco más de un millón de personas con un contrato fijo por unas horas, ahora superan con creces los 1,6 millones. También ahora se hacen muchos más contratos fijos discontinuos (415.517), sobre todo abundan en la hostelería, que en 2007 (184.250). Si sumamos estos empleos a los de por horas sale que en 2019 hay más de dos millones de personas con un contrato fijo parcial frente a poco más de 1,2 millones que había en 2007 (casi 800.000 más, un 63%). Lo que supone que hay menos cotizaciones para la Seguridad Social mientras los políticos mejoran artificialmente la estadística de empleo y paro.
Trabajadores temporales
En cuanto a la afiliación de trabajadores temporales, como consecuencia de los efectos en la contratación en 2007 del boom del ‘ladrillo’, había casi 5,5 millones en aquel año (36% del total de empleados). Y ahora hay 1,2 millones menos (15%) hasta los 4,6 millones (31% del total de trabajadores). Sin embargo, hace 12 años el 65% de estos trabajadores temporales (4,3 millones) tenía contrato a jornada completa y ahora sólo hay 2,8 millones (62%). El boom de la precariedad, como en los indefinidos, se produce también en el empleo parcial. A pesar de que en 2019 hay esos 1,2 millones menos de trabajadores temporales que en 2007, en 2019 se realizan más de 400.000 empleos bajo esta modalidad por horas que hace 12 años (37% más).
También constan ahora casi 1,1 millones de trabajadores frente a 900.000 en 2007 que no tienen contratos que puedan definir su jornada. Se trata de algunos funcionarios, cuidadores profesionales, personas en programas de formación y prácticas laborales en empresas así como aquellos que no figura su tipo de contrato en los ficheros de la Seguridad Social.
En todo caso, salen cifras alarmantes. Así, según estos datos oficiales, hay 3.241.939 trabajadores en junio de 2019 con empleo a tiempo parcial que representan el 22% de todos los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social cuando en julio de 2017 la cifra era de 2.257.525 y representaba sólo el 15% del empleo total. Los números hablan. Si la situación se revirtiera, se podrían elevar la caja de las pensiones a niveles desconocidos.
