La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, viajó ayer a Bruselas para la reunión del Eurogrupo, que empezaba a las 15 horas. Pero aterrizó mucho antes, para cumplir con una apretadísima agenda, por la que se reunió con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, a las 10.30; con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a las 11.30, y con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, a las 13.15. Y lo hizo con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a su lado. Este viaje exprés de la mano de Escrivá se produce cuando el Gobierno prepara la petición de los fondos de 12.000 millones asociados al segundo tramo de reformas e inversiones del Plan de Recuperación. El más voluminoso. En el que las reformas estrella bajo escrutinio son la laboral y la de las pensiones.
En las primeras palabras que dirigió ayer a los medios antes del comienzo de la reunión del Eurogrupo, Calviño dio cuenta de estos encuentros para tratar de las políticas de acogida a "refugiados ucranianos y sobre el Plan de Recuperación", trasladó que le acompañaba Escrivá y tan sólo destacó que la Comisión Europea ve con buenos ojos la reforma laboral y el que se haya logrado con un intenso diálogo social. La vicepresidenta primera no dijo ni una palabra de la reforma de las pensiones, la que ha llevado a Escrivá a Bruselas. Y a diferencia de las constantes visitas en solitario de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la sede de la Comisión Europea, la ha realizado de la mano de Calviño.
Esta visita se produce cuando los hombres de negro de la Comisión Europea han estado en España desde el 28 de febrero para evaluar el segundo tramo, pero se han centrado en las inversiones. En concreto, en el Ministerio de Ciencia, en el Consejo Superior de Deportes, y en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entre otros organismos. Quedan las reformas por escrutar. Según ha podido saber Vozpópuli, Valdis Dombrovskis ha trasladado en reuniones recientes que la Comisión Europea está "muy preocupada" con la reforma de las pensiones de Escrivá, que ve "insostenible". En concreto, el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la piedra angular que debería hacer sostenible una reforma que liga las pensiones con el IPC. Esta fórmula puede no ser del agrado de Bruselas, pero lo único que exige a los Estados miembros es que ofrezcan un mecanismo, un cálculo, que la haga sostenible. Pero no se da el caso.
Según han denunciado la OCDE, el FMI, Banco de España, Standard & Poor's, BBVA y Fedea, el citado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, esto es, la subida de cotizaciones de 0,6 puntos, que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador, ni se acerca a garantizar la sostenibilidad del sistema. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos de estos organismos y otros consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones.
A esto se añade, además, que el Gobierno ha pactado esta reforma con los sindicatos a espaldas de CEOE. Escrivá ha llegado a asegurar que no considera un objetivo lograr el aval de los agentes sociales, lo que ha dicho sobre otra polémica reforma que prepara, la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales. Pero el apoyo de patronal y sindicatos es un requisito que la Comisión valora y de ahí la alusión de Calviño ayer en lo que respecta a la reforma laboral.
La reforma laboral
Pero es que la reforma laboral tampoco es del agrado de la Comisión, según ha trasladado en reuniones privadas recientemente, eso sí, con el matiz de que "podría haber sido mucho peor". Con esto parecen contentarse y Calviño puede poner en valor en público una reforma que al menos sí ha contado con el aval de CEOE. Dombrovskis también está preocupado con la reforma fiscal que ahora debe acometer el Gobierno, según ha trasladado. Y a diferencia de lo que plantea en público, también el elevado déficit español inquieta en Bruselas. En cualquier caso, la emergencia económica que ha desatado la invasión de Ucrania abre un nuevo escenario de negociaciones.
