Además de la amnistía, la autodeterminación y el pago de la eterna deuda histórica del Estado, los partidos independentistas catalanes han vuelto a poner sobre la mesa de negociación de la investidura de Pedro Sánchez la ruptura de la caja única de las pensiones, además de una Agencia de la Seguridad Social propia para gestionar el sistema de la región. Sin embargo, sin la tutela estatal parece imposible que Cataluña pueda financiar individualmente y desarrollar un régimen de pensiones y de protección social de los residentes en esta comunidad. Por si fuera poco, además de los problemas económicos, cuenta con la dificultad añadida de que muchos de los pensionistas han retornado a sus lugares de origen, entre ellos Andalucía o Extremadura. 

Cataluña tiene en la actualidad el récord de pensiones regionales (casi 1,8 millones), también de gasto en nóminas (2.206 millones de euros mensuales) y sobre todo de déficit. Es decir, el saldo entre lo que recauda la autonomía por cotizaciones y lo que gasta en prestaciones. Según los datos de la Intervención General de la Seguridad Social sobre la Distribución Geográfica de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, la diferencia hasta agosto entre los ingresos por cuotas de empresas y trabajadores (derechos reconocidos netos) y el gasto en pensiones contributivas de la comunidad (obligaciones reconocidas netas) se aproximaba ya a los 6.000 millones de euros frente a los 4.900 millones con que finalizó 2022.

La región catalana ha obtenido hasta este mes 13.090 euros de ingresos (por debajo de Madrid, con menos población y afiliados), mientras que a pensiones contributivas se han destinado 19.008 millones (5.000 millones más que Madrid y Andalucía).

Por tanto, el déficit contributivo que tiene que financiar la caja única del sistema nacional es de esos casi 6.000 millones (5.918 millones exactamente). Es decir, las pensiones catalanas son las que más se benefician ahora de la caja única nacional, ya que cuestan un 45% por encima de la recaudación que se obtiene en esta comunidad. Todo esto significa que casi uno de cada cinco euros de gasto en pensiones en España se destina a pagar las prestaciones catalanas. Pero no acaba aquí el problema, ya que, aunque todavía hay ingresos pendientes de aplicación, en esas cifras de gasto no se computan, por ejemplo, los 936 millones correspondientes a subsidios y otras prestaciones (incapacidad temporal o maternidad y paternidad y riesgo de embarazo y lactancia) que también recibe directamente Cataluña así como el cúmulo de transferencias para protección social.

Como si de un sistema de capitalización se tratara (y no de reparto), la reivindicación de la ruptura de la caja única, que en otras ocasiones han esgrimido los partidos catalanes, se fundamenta en que el sistema nacional debe seguir financiando las prestaciones, ya que los pensionistas catalanes han cotizado a la Seguridad Social. Lo que supone una inmensa deuda sobre las pensiones futuras de sus residentes. Pero, en esta versión, debe ser ‘la caja catalana’ quien se encargue de gestionar y realizar el pago, aunque la caída de ingresos por afiliación esté produciendo desde 2007 un importante agujero en las cuentas del sistema. Lo que significa que lo que buscan los políticos catalanes son réditos electorales y no la racionalidad ni la estabilidad financiera de las prestaciones.  

Balance negativo desde 2007

Hasta 2007, como sucedió en todo el sistema de la Seguridad Social, el saldo entre ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones fue positivo en esta región. Desde entonces, el balance es negativo y se ha ido ampliando espectacularmente, sobre todo en los últimos años, y muy por encima de las demás autonomías. Por ejemplo, Madrid y Baleares han registrado superávit en los últimos ejercicios. Desde 2013 (año de la segunda recesión) hasta 2016 se produjo un aumento de ese desfase catalán de más de 1.600 millones, hasta alcanzar los 3.300 millones (que superó los 4.500 millones con la inclusión de las pensiones no contributivas y el complemento a mínimos). La cifra se acerca ahora a esos casi 6.000 millones sin contar esas otras transferencias.

El saldo negativo desde 2007 hasta ahora puede acumular una mayor carga al sistema nacional de, al menos, 45.000 millones. En todo caso, el coste de las pensiones a final de año superará los 30.000 millones, lo que supone más de un 13% de su PIB, muy por encima del 11,7% de los gastos de la Seguridad Social sobre el PIB nacional.

Los datos oficiales señalan que la nómina de las pensiones catalanas está por encima de la media nacional (la de jubilación es de 1.406 euros mensuales, frente a los 1.376 euros del sistema). Ello se debe a que la estructura de su población (con más mayores) genera tener más pensionistas (y más necesidades de protección social añadida), mientras que la pensión resultante es más elevada al registrarse sueldos más altos respecto a los demás españoles, mientras que la relación entre cotizante y pensionista es más baja que en el resto del país. Y esto se va a trasladar al futuro. Por ejemplo, la afiliación media ha crecido en lo que va de año un 1% en Cataluña, mientras que a nivel nacional el alza es del 3,1%. 

 Este desfase de ingresos por cotizaciones y de gastos en prestaciones es mucho mayor si se incluyen otras partidas sociales a cargo de la Seguridad Social que se abonan en su mayor parte con transferencias del Estado y que benefician más a las regiones, como Cataluña, con mayor población. ¿Qué sucedería con este trasvase? ¿Correrían a cargo de la Generalitat? El Estado corre ahora a cargo con partidas (unos 38.000 millones) que en el supuesto de romperse la caja única de las pensiones deberían trasladarse proporcionalmente (o suprimirse) a Cataluña o el País Vasco, que son las regiones que más presionan para obtener la ‘independencia’ de las cuentas. Así, por ejemplo, de los Presupuestos Generales sale el pago de todas las pensiones no contributivas nacionales (3.000 millones) y del complemento a mínimos de las prestaciones más bajas (7.261 millones). En el caso concreto catalán, sus prestaciones no contributivas (que reciben casi 70.000 personas), en sus versiones de jubilación e invalidez, cuestan más de 450 millones al año, mientras que el complemento a mínimos de esta región se sitúa en el entorno de los 1.200 millones. 

Pero, hay más partidas estatales que en una hipotética ruptura de la caja se habría que ‘negociar’, prorratear o trasladar a Cataluña. Entre ellas se encuentran: la atención a la dependencia (3.097 millones); protección a las familias (1.339 millones); reducción de cotizaciones (1.812 millones); subvenciones a algunos regímenes (1.162 millones); complemento de la brecha de género (939 millones); pensión por nacimiento y cuidados (3.179 millones); pensión anticipada involuntaria (2.205 millones); complemento de pensiones sujetas a límites de ingresos (3.762 millones); otros conceptos para gastos impropios (5.599 millones); y contribución al límite presupuestario de la Seguridad Social (15.478 millones). La gestión del Ingreso Mínimo Vital (3.097 millones) ya fue cedida a Cataluña y País Vasco por el actual Gobierno cuando necesitó su apoyo parlamentario. Y queda también pendiente qué va a pasar la actual deuda de la Seguridad Social como consecuencia de los déficits acumulados en los últimos años (unos 110.000 millones). Es evidente que, si el PIB de Cataluña representa en 20% del nacional, habría que endosar a esta región ese porcentaje de la deuda del sistema nacional (unos 24.000 millones). 

Algo similar sucede con el País Vasco, que acumula hasta agosto un balance negativo de cotizaciones respecto al pago de pensiones de 3.480 millones. Euskadi es la región más insolidaria con la caja de las pensiones, ya que no contribuye a la financiación de la deuda de la Seguridad Social (y tampoco del resto de partidas sociales y gastos impropios del sistema), debido a que se realiza mediante líneas de crédito de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir,  decir, se gestiona con la caja de impuestos a la que no contribuyen los vascos, ya que su tributación va al concierto económico (cupo). Es lo que va a suceder si el Gobierno acepta la ruptura de la caja única de las pensiones.

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