En marzo, Pedro Sánchez y Teresa Ribera convocaron a los 'jefes' de las grandes compañías energéticas para valorar el impacto de la invasión de Ucrania en el sector. Los testigos de aquel encuentro evidenciaron el choque entre dos partes, no entre las empresas y el Gobierno, si entre las propias empresas.
Iberdrola, Endesa y EDP reprochaban a Repsol, Naturgy o Cepsa haber disparado sus beneficios en los últimos meses con el alza de los hidrocarburos. En la otra dirección, las gasistas y petroleras recordaban que durante la pandemia estas eléctricas mantuvieron sus ganancias mientras el resto se apretaba el cinturón.
Y, con el 'impuestazo' que prepara el Gobierno por los 'beneficios extraordinarios' del sector, este el choque ha vuelto con más fuerza. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), el 'lobby' que integra a Iberdrola, EDP y Endesa, publicó esta semana un informe en el que señalaba a las petroleras como los únicos que han disparado sus ganancias durante la crisis. En esta ocasión, Naturgy se quedaba al margen de este grupo de 'beneficiados por la crisis' ya que el este estudio integra a la compañía dentro de las 'empresas de electricidad y gas' y le deja fuera del grupo de 'empresas de petróleo y gas'.
"El resultado bruto de explotación (Ebitda) de las empresas de petróleo y gas se duplica respecto a sus niveles de 2021, mientras que en las empresas de electricidad y gas el EBITDA mejora un 12% respecto al primer semestre de 2022. La subida del precio del gas natural y del petróleo se refleja al alza en los resultados de las empresas de sector con posiciones largas en gas y petróleo", destaca el informe independiente encargado por Endesa y que han realizado los Analistas Financieros Internacionales (Afi).
Una clara evidencia del choque entre ambas partes. "En el conjunto de empresa energéticas europeas, las empresas de electricidad y gas españolas (Endesa, Iberdrola, Naturgy) no destacan por el crecimiento de su EBITDA en el primer semestre de 2022", añade este informe. Estas conclusiones se desvelaron una semana después de que el Congreso aprobará la proposición de ley, registrada por el PSOE y Unidas Podemos en julio, que contempla un nuevo gravamen para las compañías energéticas.
Choque y batalla común
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), un 'lobby' que lidera Repsol y Cepsa, reaccionó el mismo día de la aprobación de esta tasa en el Congreso. Estas empresas pedían que, para respetar "un mínimo sentido de la justicia y de la capacidad económica", no se puede gravar beneficios presuntamente elevados de 2022 sin tener en cuenta las pérdidas y caídas de resultados, verdaderamente extraordinarias como consecuencia de la covid, que el sector sufrió en 2020 y 2021.
"El sector del refino no cuenta con unas tarifas reguladas, sino que está sometido a la competencia internacional y sus beneficios son cíclicos, ya que responden a las condiciones del mercado y a unas inversiones realizadas a riesgo, sin rentabilidad asegurada", defendían desde AOP el mismo día de la aprobación de este impuesto.
Una referencia indirecta para aquellos que tienen 'beneficios cíclicos' como las eléctricas y que refleja este choque. Mientras cada 'bando' deja caer que los beneficiados son los otros, este impuesto se acelera. Los partidos políticos, con el respectivo trabajo de las empresas en los pasillos del Congreso, tienen hasta el 3 de octubre para presentar sus enmiendas.
Cada uno ya hace 'la guerra por su cuenta' para convencer a los responsables de redactar estas enmiendas. Las dos partes comparten que este gravamen existe una clara desvinculación entre lo que se pretende gravar (unos teóricos beneficios extraordinarios de 2022 y 2023) y el hecho imponible (la cifra de ventas). Y, como Bruselas habla de una tasa sobre el 'beneficio' y no los ingresos, el Gobierno debe corregir la propuesta que ya se ha votado en el Congreso.
