El recuerdo de las preferentes sigue demasiado patente en el imaginario colectivo. No sólo se están reforzando las actuales regulaciones para dar mayor protección a los clientes o inversores minoristas, sino que también se potencia esta circunstancia en los nuevos reglamentos. Así sucede en la nueva Ley de fomento de la financiación empresarial que regula las inversiones y los préstamos entre particulares, a través del conocido como crowdfunding. En el nuevo reglamento, aprobado este viernes, se pretende blindar a los pequeños inversores con unas cuantías máximas por proyecto y anuales.
El crowdfunding es una forma de conseguir dinero a través de la red para financiar determinados proyectos. Con el estallido de la crisis y el cierre del crédito por parte de los bancos, esta práctica se ha convertido en la única alternativa de financiación para mucha demanda que tiene cerrado el acceso de la financiación bancaria. En países como Estados Unidos, este método de financiación movió 10.000 millones de dólares en 2013. En España, los cálculos del sector calculan que intermedian ya alrededor de 2.000 millones.
Este tipo de operaciones se realizan sin intermediación financiera, puesto que las plataformas únicamente publicitan los proyectos a invertir. La nueva ley, creada a petición de estos nuevos operadores, reglamenta el mercado y establece como supervisor a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tendrá la colaboración del Banco de España cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos. Así, las plataformas de crowdfunding tendrán un régimen sancionador y de regulación, además de tener la obligación de presentar una auditoría y memorial anual de sus actividades, según confirman fuentes de Economía.
Sin embargo, estas mismas fuentes explican que estas plataformas únicamente tendrán la obligación de solicitar a los promotores de un proyecto toda la información necesaria sobre éste, pero sí la información suministrada es falsa, estas plataformas están exentas de responsabilidad. "El riesgo es compartido, entre el promotor del proyecto y el inversor", sostienen en Economía.
"Las plataformas no se hacen garantes de la viabilidad de los proyectos. Tampoco la CNMV ni el Banco de España. El que debe entrar a valorar la inversión es únicamente el inversor", inciden desde el ministerio que dirige Luis de Guindos. Para proteger a los minoristas, la ley distingue a los inversores entre acreditados y no acreditados. Los primeros son aquellas empresas o particulares que cuenten con una renta de al menos 50.000 euros al año o un patrimonio de inversiones financieras de al menos 100.000 euros. Todos los particulares que no lleguen a estos umbrales serán calificados como inversores no cualificados, a los que se establecen una serie de limitaciones sobre cuanto pueden invertir. Así, no podrán invertir más de 3.000 euros por proyecto y, al año, un máximio de 10.000 euros.
A petición del sector
"La nueva regulación del crowdfunding está solicitada por las propias plataformas. Todos estos nuevos operadores y canales han venido solicitando una cierta regulación para que los inversores puedan confiar en ellos. Al utilizarse internet como medio de captación masiva siempre conviene que existan medidas regulatorias de amparo. La ley no es excesivamente intervencionista pero sí lo suficiente para evitar fraudes masivos", explican fuentes de Economía.
Las plataformas de 'crowdfunding' tendrán que contar con un capital social inicial de 60.000 euros. Esta base de capital tendrá que incrementarse en cuanto una plataforma intermedie más de dos millones de euros al año. En ese caso, tendrá que aumentar sus niveles de capital social. El límite máximo de cada proyecto será de 2 millones de euros, cantidad que podrá conseguirse bien a través de un solo operador o repartido por varias plataformas.
La nueva ley no sólo refuerza la protección a los inversores minoristas en el articulado del crowdfunding, sino que también concede a la CNMV mayores competencias en este aspecto. Así, el ente que preside Elvira Rodríguez podrá ya sacar a la calle a sus propios inspectores para comprobar que los bancos están comercializando correctamente productos complejos. El conocido como 'mistery shopping'.
