El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, ha mandado un mensaje claro este lunes: "Es importante que la política fiscal no entre en contradicción con la política monetaria". En un evento organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), ha expresado su preocupación por la política fiscal de los Gobiernos, que "puede jugar un papel importante en las circunstancias actuales de inflación elevada y desaceleración económica".
En un repaso por las distintas fases de política monetaria, con una etapa muy expansiva de tipos negativos previa a la actual. De esta forma, ha concluido que "tras un segundo trimestre muy bueno en la zona euro, en el tercer y cuarto trimestre se está dando una desaceleración relativamente profunda por la inflación" y "las perspectivas económicas ponen de manifiesto un futuro complejo, con una combinación de inflación alta con crecimiento lento o incluso negativo".
De Guindos ha apuntado que en este contexto el papel de los Estados no puede ser igual que en la pandemia, con una política fiscal expansiva y una política monetaria muy acomodaticia, "lo cual era absolutamente normal dado el shock y el deterioro producido". En este sentido, en las circunstancias actuales, en el marco de una política monetaria restrictiva, el BCE espera una política fiscal selectiva, con ayudas centradas en los colectivos vulnerables a la vez que se reduce la dependencia energética.
Como ejemplo de lo que puede ocurrir si esto no se cumpla, De Guindos ha citado el caso de Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir con subida de tipos. Además, preguntado por el Mecanismo Antifragmentación que ha puesto en marcha el Banco Central para evitar que se disparen las primas de riesgo, De Guindos ha advertido que "el riesgo de fragmentación es importante" y existen criterios para activar el programa TPI, que permite la intervención del BCE sin limitación en favor de un país concreto.
Al ser preguntado por la indexación de las pensiones al IPC en España, con una subida general próxima del 8,5% en 2023, De Guindos ha evitado emitir valoraciones sobre un país concreto, pero sí ha apuntado que "la decisión de indexar las pensiones es política, de carácter fundamentalmente social, que tiene implicaciones en la sostenibilidad del sistema". De Guindos también ha apuntado que corresponderá a la Comisión Europea evaluar las medidas alternativas que se están estableciendo para garantizar la sostenibilidad.
Óscar Arce, director general de Economía del BCE, ya advirtió la semana pasada en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de información Económica (APIE) de que el BCE no ayudará a los Estados miembros que no tengan rigor en sus políticas fiscales y de gasto. Arce comentó que en el Instrumento hay una "elegibilidad clara: se tienen que dar "condiciones claras en términos de estabilidad macroeconómica y de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de calidad de las políticas económicas".
En todo caso, la atención del BCE está más centrada en la evolución de los salarios en Europa, pues en caso de que las negociaciones se descontrolen y se acuerden grandes subidas, la inflación se podría descontrolar, desanclando las expectativas. Como ya se ha adelantado, la intención del BCE pasa por acometer más subidas de los tipos de interés en la zona del euro para frenar la escalada de la inflación.
El BCE calcula que la evolución del IPC se encontrará todavía por encima del 6% en la segunda mitad del año de 2023. "Empresas y familias dicen que su expectativa de inflación a largo plazo está por encima del 3% y en 2023 la inflación estará claramente por encima del objetivo del 2%", ha añadido De Guindos. El vicepresidente del BCE ha recordado que las expectativas son fundamentales para las actuaciones de los bancos centrales.
