La transición energética enfrenta a un dueño de un Maserati que se mueve con ecocombustibles y un Tesla eléctrico. Las familias que han invertido en una bomba de calor que se sienten aventajadas frente a sus vecinos que confían en que su caldera funcione con biogás. Es el ‘ecopostureo’ frente al ‘ecosectarismo’, una batalla empresarial en España que busca triunfar en una ‘ola verde’ de 200.000 millones de euros desde las divisiones de marketing, financiero y, como se ha visto estos días, desde el área legal.
Ambos bandos comparten, como la gran mayoría de la sociedad, una hoja de ruta basada en la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático. Pero chocan en el método. Los señalados por ‘ecopostureo’, o ‘greenwashing’ en su término anglosajón, son acusados de hacer un ecologismo falso, o de ‘boquilla’ como se diría coloquialmente, para cumplir con las exigencias legales y vender una imagen de responsabilidad corporativa que no se corresponde con la realidad.
“Creo que hay consenso en la necesidad de regular el greenwashing para tener todos las mismas reglas”, explica Alberto Castilla, socio del área de Sostenibilidad de EY. Una etiqueta que es la más asentada y sobre la que empieza a regularse. “El pasado 17 de enero el Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría, 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones la directiva contra el greenwashing. La directiva, que incluye tanto afirmaciones sobre temas ambientales como sociales, prohíbe afirmaciones sin certificación de terceros, reclamos genéricos no sustentados o basados sólo en el cumplimiento de normativas legales”, recuerda.
Esta directiva se aprobó un mes antes de que Iberdrola presentase en el Juzgado de Santander una demanda por ‘greenwashing’ contra Repsol. Un terremoto en el sector energético español por un choque legal entre dos de los grandes gigantes energéticos que quieren, desde sus diferentes trincheras, descarbonizar su negocio sin castigar, en exceso, su cuenta de resultados. Dos empresas que estratégicas para afrontar los 200.000 millones de euros que necesita de inversión privada el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para descarbonizar España en 2030, el 85% del total.
“Las prácticas de greenwashing existen en Europa y se busca poner los medios necesarios para su eliminación con la regulación”, detalla Antonio Bañón, director de público y energía del bufete Squire Patton Boggs. “Creo que estamos ante una práctica perjudicial, que quiebra la confianza de inversores y consumidores en el sector, y quizás por este lado pudiera tener un efecto negativo en la senda de la descarbonización. En el caso de que comiencen a incrementarse los litigios por este motivo, tendrá un efecto negativo sobre el sector energético si las indemnizaciones derivadas de estos litigios tienen tal magnitud que pongan en riesgo los proyectos futuros”, puntualiza.
El ‘ecosectarismo’ busca su sitio
El ‘ecosectarismo’ va perdiendo esta batalla. Nadie puede negarlo. Aunque si se lee entre líneas a empresarios, políticos y sectores en auge como los agricultores europeos, se sabe que es una acusación en auge. El ‘ecosectarismo’ o ‘dogmatismo climático’ señala a aquellos que imponen una única manera de descarbonizar la economía en la producción de energía, el consumo o en cualquier actividad económica. Un ejemplo claro de esta etiqueta es la defensa de la electrificación como la única vía para descarbonizar la economía.
“En este momento estamos viviendo un proceso de polarización y de ideologización en todos los órdenes de la vida, por lo que la sostenibilidad no iba a quedar fuera”, recuerda Alberto Andreu, senior advisor de EY. “Esta polarización está ralentizando la inversión con factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), especialmente en Estados Unidos. Pero conviene poner unas dosis de racionalidad y distinguir el problema”, aclara.
Una tendencia que recorre Europa y, por consiguiente, en España. Un país donde hay una expresión válida para esta batalla empresarial que es: "Ser más papista que el Papa". Una acusación que ya se escucha entre gobiernos, de empresas a gobiernos y entre las propias empresas. No obstante, el riesgo de imponer a los ciudadanos métodos para vivir respetando el clima, sin asumir la implicación que tiene en sus bolsillos o en su estado de bienestar, es un factor a la altura del engaño climático del ‘greenwashing’.
‘Nos vemos en los tribunales’
El objetivo de sostenibilidad afecta a todos los sectores económicos. Es decir, hay mucho dinero e intereses encima de la mesa para esperar un aumento en la agresividad en las campañas de marketing y en la actividad en los tribunales en los próximos años.
“Es necesario que España lleve a cabo una transposición ágil de la normativa europea para que haya un marco legal adecuado a este tipo de procedimientos. Sin duda, frenar este tipo de prácticas es un objetivo que a la larga beneficiará a la sociedad, pero es importante que los medios para ello se implementen dentro de un marco jurídico adaptado, claro y eficiente”, detalla Antonio Bañón.
Porque nadie duda que lo vivido entre Iberdrola y Repsol será una de muchas. “Considero que esto será más común en el futuro. A medida que comprendamos mejor el impacto de la sostenibilidad en las compañías, especialmente el financiero, además de ver denuncias, veremos 'hechos relevantes' comunicados a los supervisores del mercado financiero”, afirma desde la consultora EY, Alberto Castilla. “Es una consecuencia natural de ese proceso de transferencia de responsabilidad de unas áreas a otras. Ahora estamos en el inicio de un proceso”, concluye Alberto Andreu
Una batalla en la que se espera dos salidas. Que las acusaciones de ‘ecopostureo’ y ‘ecosectarismo’ sirvan para mejorar las políticas gubernamentales y empresariales en beneficio del clima. O, por otro lado, que estas disputas impulsen un hartazgo y que la ciudadanía se rebele en contra de esta transición energética.
Susanam
Es como luchar contra la radiación solar. El cc es natural