Los grandes bufetes se frotan las manos ante la certeza de que el Gobierno se ha pasado de frenada. Antes, incluso, de leer el real decreto que pone patas arriba el sector energético, ya salivaban los abogados con más solera y colmillo de Madrid y Barcelona. Les bastó con seguir en directo la intervención de Teresa Ribera el pasado martes, tras el Consejo de Ministros, para oler el negocio que emana del 'hachazo' a las empresas.
Y si había alguna duda, la disipó el propio Ministerio de Transición Ecológica este jueves. No habían pasado ni 48 horas desde la publicación de las medidas en el BOE cuando Ribera citó a los productores de energías renovables. Vozpópuli avanzó la excusa del encuentro: ante la alarma suscitada, la ministra les prometió matizar el real decreto, para suavizar el ajuste a quienes han promovido plantas eólicas o fotovoltaicas con contratos de compra venta de energía (denominados PPAs). Los empresarios habían advertido de que el recorte de la retribución condena a cerrar o paralizar muchos proyectos renovables. Y esa es una línea demasiado roja para la ministra más verde.
"El real decreto de Ribera está construido en base a ideología y algunas falsedades. Eso, en sí mismo, ya basta para recurrir. Pero si además hacen una excepción con la energía solar o la eólica, añaden un nuevo argumento para ir a los tribunales: la discriminación de unas tecnologías frente a otras", aseguran desde una compañía afectada por el 'hachazo'. De entrada, esa revisión normativa obligaría a Moncloa a pasar de nuevo por el BOE. Y a soportar el bochorno en el Parlamento y las críticas de quienes acusan al Ejecutivo de improvisación.
En el sector cobra fuerza la hipótesis de que Pedro Sánchez ha forzado las máquinas. Nadie esperaba un golpe de tal calibre, a sabiendas de que Ribera conoce, de verdad, los resortes del mercado. De ahí que los afectados apunten al trasfondo ideológico del real decreto. Luego están los argumentos que las empresas consideran directamente "falsos". "No es cierto que las empresas estemos ganando con las centrales nucleares e hidráulicas las cantidades que dice el Gobierno. El dinero no está en una 'bolsa' generada gracias a la subida del gas, saldrá de nuestra cuenta de resultados. Y eso es una expropiación".
El propio Sánchez habló de "requisar" beneficios en su última entrevista en TVE. Un verbo que genera especial resquemor entre los inversores y más saliva aún en el paladar de los abogados, que ven lejos pero claro el final favorable de la partida.
Las eléctricas en España siempre ganan. O casi siempre. Y no sólo porque sus gestores tengan en nómina a los mejores bufetes del país (también están a sueldo de la banca, las 'telecos' o las grandes constructoras). El error básico de los últimos gobiernos, al margen del 'color', ha consistido en legislar precipitadamente contra un sector muy poderoso, buscando soluciones urgentes a un problema enquistado: las deficiencias de un mercado demasiado complejo y opaco. "Un mercado que no se entiende cómo funciona es que está trucado", ironiza un consultor que trabaja para las grandes del Ibex.
Y lo que ese mercado exige —en ello coinciden muchos observadores independientes— es un debate en profundidad: sobre los impuestos y las cargas que soporta el recibo, sobre los mecanismos de fijación de precios, sobre la correcta retribución de las energías en retroceso (como la nuclear) y las que deben predominar en el futuro (la eólica o la fotovoltaica)
Ni Miguel Sebastián, ni José Manuel Soria, ni Álvaro Nadal, ni ninguno de los ministros que ha intentado remover cimientos en el sector energético ha conseguido su objetivo. Ni uno sólo ha sido capaz de impulsar una reforma en profundidad, negociada, sin prejuicios políticos ni demagogia. Nadie ha logrado sentar en la misma mesa a empresarios, políticos y reguladores, delante de un folio en blanco, aparcando el discurso fácil que etiqueta a las eléctricas como el único malvado de la película.
Dicho esto, tampoco las grandes empresas han puesto mucho de su parte para lograr un entendimiento. El vaciado de los pantanos en plena escalada de precios desprende falta de sensibilidad y provoca una herida reputacional que llevará tiempo cicatrizar. Que se lo digan a algunos bancos, que ejecutaron desahucios durante una crisis financiera que ellos mismos habían desencadenado.
Pero la acción forzada e improvisada del Gobierno carga de argumentos a las eléctricas. Que ganen mucho dinero no implica que merezcan automáticamente una condena política y social. Y no sólo porque generen riqueza y empleo. Un país que quiere codearse con las naciones más desarrolladas, que invita a invertir, no puede permitirse transmitir al exterior tal sensación de inseguridad jurídica. "Se necesita un marco legal y un horizonte regulatorio muy previsible para afrontar el reto medioambiental que se avecina", advierte el expresidente de una compañía energética.
De ese caos se han aprovechado las propias eléctricas —y sus bufetes— para ganar todas y cada una de las contiendas que legales que han encontrado en el camino. Ejemplos hay muchos.
El socialista Miguel Sebastián diseñó el conocido bono social cuando era ministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo lanzó en 2009, con la intención de proteger a las familias más vulnerables. La intención era buena pero no tanto el armazón legal, puesto que el Ejecutivo pretendía que el coste corriera a cargo de las propias empresas. Las eléctricas alegaron que se trataba de una ayuda del Estado y, como tal, debían soportarla los Presupuestos Generales del Estado. La pugna legal se extendió durante la etapa de Mariano Rajoy, pero la Justicia acabó dando la razón a las compañías. Y el bono social acabó formando parte de las múltiples cargas que aguanta la factura. O sea, los consumidores.
La misma suerte corrió el canon hidráulico que impuso Soria al sector en 2015, con efectos retroactivos desde 2013. Fue ese afán recaudatorio precipitado el que acabó decantando la balanza a favor de las empresas en los juzgados. La pugna judicial se extendió hasta la primavera de este año, cuando el Supremo obligó a Hacienda a devolver a 500 millones de euros.
Hasta el presente también ha llegado la batalla interminable por los recortes a las primas de las energías renovables en 2013. El tijeretazo a la retribución que había aprobado Zapatero seis años antes desató un torrente de arbitrajes. De poco sirvió que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional respaldaran el recorte que impulsó Rajoy. Empresas y fondos acudieron en masa a la vía del arbitraje en el Ciadi.
El fondo luxemburgués Eiser logró la primera victoria en 2017, con una resolución favorable del Banco Mundial que obligaba al Estado español a devolverle 128 millones. Los fallos contrarios a España llegaron en cadena y suman ya sanciones por más de 1.000 millones de euros. Y quedan casos pendientes de resolución con un valor de 4.600 millones.
Teresa Ribera intentó desinflar la peligrosa burbuja hace dos años. Aprobó un marco retributivo atractivo a largo plazo para los fondos con arbitrajes pendientes, con la condición de que renunciaran a las reclamaciones. La baza de la ministra apenas tuvo éxito. Los promotores de energías renovables siguieron —y siguen— avanzando en su pugna contra el Estado. Como lo harán ahora las empresas afectadas por el nuevo 'hachazo'. La historia se repite y basta con repasar la hemeroteca para constatar que siempre, o casi siempre, ganan los mismos.
