La afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros en España ha batido el récord histórico este verano, al alcanzarse a cierre de julio un total de 2.226.585 empleados de procedencia internacional, según los últimos datos de empleo divulgados por este organismo.
La cifra confirma la tendencia ascendente de los últimos meses y supera el nivel de empleo extranjero que había en el país antes de la irrupción de la pandemia del covid-19 -a cierre de febrero de 2020 trabajaban en el país 2,11 millones de extranjeros-.
Hasta ese año, el número de trabajadores extranjeros en el país había ido creciendo de forma consistente desde el año 2014, pero no había llegado a alcanzar el pico anterior (2,15 millones) registrado en la antesala de la crisis financiera de 2008.
Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones con mayor número de trabajadores extranjeros, 537.527 y 450.527, respectivamente; lo que supone que uno de cada cuatro empleos catalanes y uno de cada cinco madrileños lo ocupa un foráneo. Les siguen Andalucía (243.426), la Comunidad de Valenciana (240.187) y los archipiélagos (110.322 en Baleares y 91.247 en Canarias).
Un 65,5% de ellos trabajan como asalariados, el 17% son autónomos, un 9,4% trabajan en el campo y están dados de alta en el Sistema Especial Agrario, y un 7,5% trabaja como personal doméstico y cotiza en el Sistema Especial del Hogar.
La hostelería, el comercio y el campo son los tres sectores que más empleo dan a los extranjeros (el 40% del total), junto al empleo doméstico y las actividades administrativas y de servicios auxiliares.
Por países de procedencia, el colectivo mayoritario procede de Rumanía (332.634 trabajadores son de este país), mientras que 268.749 son de Marruecos, 139.870 son italianos y 104.000 son chinos. En conjunto, 789.799 empleados son de la Unión Europea y 1,4 millones de otros lugares.
Mano de obra extranjera para pagar las pensiones
El crecimiento del empleo extranjero en España es positivo para el crecimiento económico del país y para la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, es uno de los elementos clave para garantizar el sistema público de pensiones.
El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, en su estrategia para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones, no sólo quiere activar palancas propias del sistema sino que pretende atraer mano de obra inmigrante que contribuya con sus cotizaciones sociales al pago de las pensiones.
Para ello, el Gobierno pretende atraer preferiblemente a personal cualificado, que habitualmente cobra sueldos más altos y podría contribuir con mayores cotizaciones al sistema.
El propio Ejecutivo en su plan 'España 2050', elaborado junto a un centenar de expertos, recoge que España tendrá que acoger a más de 190.000 inmigrantes al año durante las próximas tres décadas para poder hacer sostenible el sistema.
Esta llegada de mano de obra inmigrante compensará la pérdida de trabajadores que se producirá por el envejecimiento de la población.
