"Después de felicitar al nuevo presidente del Gobierno", comenta una fuente financiera, "lo primero que hará Susana Díaz [presidenta de la Junta de Andalucía] será plantear el desastre que supondría para Andalucía la quiebra de Abengoa, y pedir al presidente que llame a Ana Botín [presidenta de Santander] para que salve al grupo". Los principales bancos acreedores de la multinacional sevillana prevén una escalada de la presión política tras las elecciones del domingo para que, al menos, se sostenga en la medida de lo posible la actividad de la empresa en España.
El nuevo Gobierno resultante de las elecciones que se celebran el 20 de diciembre tendrá sobre la mesa la que puede ser la mayor quiebra en la historia empresarial española. Abengoa, que emplea a unas 25.000 personas en el mundo, más de 6.000 en España, en preconcurso de acreedores, tiene hasta el 28 de marzo para lograr un convenio de pago con los acreedores que evite su entrada en concurso, superior en deuda y empleo al que supuso el de la inmobiliaria Martinsa Fadesa. En las dos últimas semanas la compañía ya ha prescindido de decenas de puestos de trabajo en Sevilla.
La compañía requiere con urgencia entre 100 y 150 millones de euros para mantener la actividad este mes y pagar las nóminas de diciembre
La compañía requiere con urgencia entre 100 y 150 millones de euros para mantener la actividad este mes y pagar las nóminas de diciembre. Los bancos han instado a Abengoa a vender su participación en la estadounidense Abengoa Yield u otros activos para lograr liquidez, o convencer a fondos de inversión para que entren en el accionariado del grupo. "Si no lo consiguen", indican fuentes financieras, "la banca podrá inyectar capital, pero es posible que los pagos de las nóminas de este mes se retrasen", advierten.
Las entidades financieras, en estos momentos, no saben con exactitud el volumen de deuda del grupo energético, ni cuál está garantizada, con qué activos, cuál es la deuda entre filiales... El G7 -Santander, Bankia, Caixabank, Popular, Sabadell, HSBC, y Credit Agricole- prevé contar con un mapa de deuda de la compañía, elaborado por KPMG, en los próximos días, pero hasta ahora ha rehusado aportar más capital.
Durante la campaña electoral los pronunciamientos sobre Abengoa por parte de distintos líderes políticos han sido contradictorios. El miércoles el Ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo que el "objetivo" del Gobierno es que la compañía "pueda llegar a lo largo de los tres meses de la fase preconcursal a un acuerdo con los acreedores para no llegar a la situación de concurso". El Ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró el 27 de noviembre, dos días después de que Abengoa solicitara preconcurso, que el Estado "cooperará" con la banca en la búsqueda de una solución, pero señaló que lo primero que había que hacer es conocer "la contabilidad y el endeudamiento de Abengoa", y reveló la deuda de la compañía con organismos públicos: 210 millones con Cesce, 130 millones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y 75 millones con Cofides.
A finales de noviembre, en un acto celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, los líderes de Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, coincidieron al oponerse a que el Estado rescatara a Abengoa. También a finales de noviembre el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, manifestó que la solución de Abengoa tendría "que resolverse en la esfera de lo privado", mientras que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reclamó el apoyo del Gobierno para "buscar una salida" vía financiación del ICO u otras fórmulas.
