Acciona Agua ha interpuesto este viernes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución del órgano de control de la administración catalana (OARCC) que el pasado 2 de enero decidió su exclusión de la licitación del servicio de agua en Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Este recurso se suma al que ha interpuesto la Generalitat ante el mismo TSJC defendiendo el acuerdo del órgano de contratación que decidió la adjudicación del concurso al consorcio liderado por AccionaAgua, según ha informado la compañía.
En opinión de Acciona, la mera interposición del recurso hace que la resolución del Órgano de Recursos Contractuales de Cataluña "no pueda considerarse firme", lo que impide la anulación de la adjudicación del contrato hasta que los tribunales se pronuncien definitivamente. Por ello, hasta que haya un pronunciamiento firme, el grupo presidido por José Manuel Entrecanales ha solicitado cautelarmente y "por motivos de interés público" la suspensión de los efectos de su exclusión de la licitación y poder seguir operando el servicio de abastecimiento de agua, que comenzó el pasado 1 de enero.
Entre esos motivos señala la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio "básico" para los usuarios, como es el abastecimiento de agua, en las mejores condiciones económicas y la protección y estabilidad laboral de los 225 trabajadores de ATLL, ya que su oferta garantizaba el empleo durante 50 años.
La adjudicación de ATLL a Acciona se complicó después de que Aguas de Barcelona (Agbar), que también compitió por la licitación, impugnara esta decisión y el OARCC le diera la razón. La Generalitat presentó el pasado viernes un recurso ante el alto tribunal, que este mismo viernes ha pedido al gobierno catalán toda la documentación, incluso la confidencial, del expediente de adjudicación.
Acciona insiste en que su oferta cumple "escrupulosamente" con las bases de licitación y que la resolución de la OARCC es errónea porque considera "vinculante" un programa de obras que según el pliego del concurso es sólo "indicativo".
La privatización del servicio de aguas ATLL es la mayor llevada a cabo por la Generalitat, que preveía embolsarse 1.000 millones de euros con esta operación.
De hecho, el Govern ha recibido ya los primeros 300 millones de euros de manos de Acciona, un dinero que está ahora en el aire, si finalmente la Justicia anula la adjudicación. Si esto se produce, la Generalitat no sólo tendría que devolver estos 300 millones de euros a Acciona, sino hacer frente a una indemnización.
