El juez que instruye el Caso Plaza, una presunta trama de corrupción en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) que habría supuesto el desvío de 50 millones de euros de fondos públicos, ha impuesto una fianza de seis millones de euros a José María Jordán, que fue responsable de Acciona en Aragón y máximo directivo de la UTE que urbanizó los terrenos del complejo.
Jordán es ahora director de Infraestructuras de Acciona en Brasil. Su homólogo en Colombia, Miguel Ángel Bretón, relevó a Jordán al frente de la UTE y para él, el juez ha fijado una fianza de dos millones de euros.
Los dos ejecutivos de la constructora de la familia Entrecanales están imputados en el caso, junto a otros tres directivos de la Plataforma. Están acusados de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental continuada, blanqueo de capitales y cohecho (este último delito sólo para Jordán).
La fianza fijada no es para evitar la entrada en prisión de los imputados. Tras declarar a finales de agosto, el juez decidió mantenerles como imputados, en libertad condicional pero sometidos a medidas cautelares como la retirada del pasaporte, lo que les impide salir de España, y la obligación de presentarse todos los lunes ante el juzgado y el embargo de todos sus bienes.
Las fianzas no son para evitar la cárcel, sino por la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga después de que los imputados pidieran recuperar sus pasaportes para seguir trabajando en Brasil y Colombia
Ante esta situación y dado que viven fuera de España, Jordán y Bretón solicitaron poder dejar su pasaporte en los consulados para seguir trabajando para Acciona en Brasil y Colombia, pero el juez, ante la gravedad de los hechos, el monto económico supuestamente desviado y el riesgo de fuga, les ha impuesto estas fianzas tan altas si quieren viajar fuera de nuestro país.
Los hechos investigados se remontan al periodo que va de 2000 a 2011, cuando se desarrolló el complejo logístico. Ya por entonces, Plaza era una sociedad pública controlada por el Gobierno de Aragón y participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada. Acciona, con un 70%, y la empresa Mariano López Navarro, con un 30%, crearon una Unión Temporal de Empresas (UTE) para proceder a la urbanización de los terrenos de la Plataforma, que se define en su web corporativa como la más grande de Europa, con más de 13 millones de metros cuadrados y un centro intermodal de transporte.
Los imputados pudieron incurrir en irregularidades contables al urbanizar los terrenos, inflando facturas y malversando fondos públicos, según la investigación y los registros realizados por la Udef y la Policía
Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y de la Fiscalía Anticorrupción, los imputados incurrieron en presuntas irregularidades contables en la contratación de las obras de urbanización de Plaza, que comenzaron en 2011. Se han detectado que los implicados en la trama pudieron inflar las facturas y desviar fondos públicos, hasta un monto total de 50 millones de euros, por lo que se les acusa de los cuatro delitos antes citados.
Antes de imputar a los dos directivos de Acciona, una operación de Anticorrupción y la Udef contra el blanqueo de capitales desembocó en varios registros en oficinas de la Plataforma, Arcosur y la UTE. Udef y Policía se incautaron de numerosa documentación y la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión incondicional y sin fianza para el ex gerente de la Plataforma, Ricardo García Becerril, que fue detenido, junto a Miguel Ángel Pérez Cervantes, director técnico, y Nico Groenveld, ingeniero de Intecsa-Inarsa.
Los cinco imputados están en libertad con cargos.
Acciona acudió al juzgado nada más conocerse los hechos para mostrar su disposición a colaborar con la justicia y la investigación
Fuentes de Acciona aseguraron ayer a Vozpópuli que nada más conocerse los hechos, la compañía acudió al juzgado "para mostrar nuestra absoluta disposición a colaborar con la justicia y con la investigación". El grupo constructor y energético también confirmó que la defensa de sus dos directivos, que no han sido relevado de sus cargos, corre a cargo de la compañía, a través del despacho de abogados Cuatrecasas.
Otras fuentes jurídicas consultadas señalaron que los dos directivos desarrollaron su actividad en la UTE en calidad de gerentes en la zona y al margen del control del corporativo de Acciona, dado que trabajaban en una UTE, que es otra sociedad y con otro socio.
