La tensión entre Adif y las empresas constructoras a cuenta de las obras del AVE está bloqueando el desarrollo de la red de alta velocidad y provocando retrasos en el calendario de las obras. El gestor de las infraestructuras ferroviarias se ha puesto firme frente a las contratistas en el capítulo de sobrecostes y modificados, empujado por una situación financiera que ha encendido todas las alarmas. Los balances de Adif Alta Velocidad dejan al descubierto una crisis de liquidez que se refleja en un flujo de caja negativo que se va por encima de los 320 millones de euros.
Entre otras, esta circunstancia ha llevado a Adif a estrechar el cerco sobre los modificados de los contratos de obras de la red de alta velocidad, una práctica habitual y que ha terminado por elevar la factura del AVE hasta límites insospechados. La empresa pública lleva tiempo advirtiendo sobre esta situación y su repercusión económica, hasta el punto de que mantiene una batalla con los grupos constructores, a los que niega el pago de sobrecostes y modificados que, en algunos casos, llegaron a ser firmados y aceptados por el Ministerio de Fomento.
No es la primera vez que los problemas de liquidez afectan a Adif. En plena crisis, llegó a acumular una deuda superior a 700 millones de euros con los contratistas que también llevó a éstos a plantarse por los impagos de la compañía que preside Gonzalo Ferre. Precisamente, el elevado flujo de caja negativo se traduce en problemas a la hora de hacer frente a los pagos, un escenario cuya solución requeriría buscar ingresos extra a través de la deuda.
Sin embargo, en este capítulo Adif se encuentra también en una situación complicada. Su endeudamiento supera los 14.000 millones de euros. Hasta en dos ocasiones ha acudido a los mercados de renta fija con sendas emisiones realizadas en Irlanda que se han colocado sin problemas entre los inversores y que han permitido reducir el peso de las entidades financieras en el conjunto de la deuda total de la compañía.
Cerco a las bajas temerarias
No obstante, los responsables de Adif consideran que no es recomendable seguir incrementando el endeudamiento, toda vez que, además, aún resta una parte importante de la red por completar. De este modo, la otra medida para tratar de solventar los problemas de liquidez pasa por una inyección que vendría del Ministerio de Fomento. Una posibilidad que ni se contempla, entre otras cuestiones porque el Gobierno lleva en funciones desde finales del pasado año.
En este contexto se sitúa la guerra con los grupos constructores y también la intención de Fomento de poner coto a las bajas excesivas con las que se han adjudicado buena parte de los contratos relacionados con la red de alta velocidad que, en un primer momento, permiten al Gobierno ahorrar costes pero que terminan por volverse en su contra.
Mientras, las compañías mantienen el pulso, con la baza de que la paralización o el retraso de los trabajos hará que el Ejecutivo no cumpla con los plazos previstos para abrir los diferentes tramos cuyas obras están en curso. A la espera de la confección de un Gobierno definitivo, la batalla entre Adif y los contratistas promete más capítulos.
