Bankia se podría jugar hasta 600 millones de euros en posibles demandas de accionistas institucionales que reclamasen por las pérdidas provocadas tras la salida a Bolsa del banco en julio de 2011. Estos son al menos los cálculos más pesimistas esgrimidos por los analistas, que temen que el paso dado por Iberdrola (que pleiteará contra el banco nacionalizado) pueda provocar un efecto llamada y una ronda de nuevas demandas por parte de grandes inversores que compraron participaciones en la OPS.
El equipo de análisis de Bankinter estima en un reciente informe que existe un "riesgo jurídico de al menos 600 millones de euros" ante este nuevo escenario de compañías y otros inversores institucionales planteándose la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar su dinero perdido en la salida a Bolsa de Bankia. A similares cifras llegan también los analistas de Ahorro Corporación, según refleja El Boletín. Según estimaciones de la propia entidad nacionalizada, de los 1.237 millones de euros captados por los grandes, más de la mitad no podrían siquiera planteárselo en ningún caso, ya que vendieron en su momento apenas 30 días después y no sufrieron pérdida alguna.
"El riesgo jurídico sigue siendo elevado por lo que aumenta la posibilidad de que Bankia vuelva a verse forzada por las circunstancias a realizar provisiones extraordinarias por hasta 240M€"
Por el momento la mayoría de los grandes inversores institucionales mantienen una posición abierta respecto a presentar o no una demanda, y tan solo Banco Sabadell ya ha dejado claro que no piensa ir a juicio a reclamar. Compañías como Mapfre (que perdió 240 millones), Caixabank o Banco Popular están todavía pensándose el pleitear o no contra la entidad controlada por el FROB.
Ante este escenario, desde el área de análisis de Bankinter temen que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri tenga que afrontar una nueva provisión de capital para cubrir esa posible ronda de demandas de los accionistas institucionales. "Entendemos por tanto, que el riesgo jurídico sigue siendo elevado por lo que aumenta la posibilidad de que Bankia vuelva a verse forzada por las circunstancias a realizar provisiones extraordinarias por hasta 240 millones de euros", señalan en su informe.
Bankia no se lo plantea por ahora
Esta provisión extraordinaria de 240 millones sería el 40% del total de 600 millones de riesgo estimado por los analistas. Y es que el restante 60% correría teóricamente a cargo de la entidad matriz BFA, que ya asumió en el pasado su parte correspondiente de la carga judicial en las dotaciones estimadas para las demandas de los accionistas minoritarios. Desde Bankia, y tal y como ya ha contado Vozpópuli, no se ha planeado hasta el momento hacer ningún tipo de provisión, toda vez que confían en que su posición es sólida y que el recorrido judicial de los institucionales no tiene futuro.
"No estamos preocupados porque el folleto solo era relevante para los inversores minoristas. El inversor institucional tiene otras vías para valorar, y sabía cuando entró que había riesgos evidentes, como muestra el descuento del 70% aplicado en su momento al precio de la acción", explican estas fuentes.
"No vamos a provisionar primero porque es pronto, y segundo porque hay que obrar con prudencia". Desde el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri creen que tienen una posición jurídica muy sólida que apoya su posición en el tema de los institucionales, y se plantean defenderse "con uñas y dientes" y acudiendo al Tribunal Supremo si fuera necesario.
La decisión de Iberdrola de ir a juicio llega precisamente como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que determinó que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia contenía información falsa. Es en este punto sobre todo en el que se apoyará la reclamación de la eléctrica. Sin embargo, en el desarrollo de la sentencia se deducía una clara distinción entre las posibilidades de obtener un resarcimiento de inversores institucionales e inversores minoristas (estos últimos más dependientes del folleto), de forma que la documentación de Bankia pudo haber inducido al error a quien no tenía más herramientas para conocer el estado de las cuentas.
