Tal y como venían reclamando los productores españoles de biocarburantes, que atraviesan una situación “absolutamente límite” según la principal patronal del sector, APPA, el Gobierno ha desbloqueado por fin el procedimiento de asignación de las cuotas de producción de biodiésel para 2014 y 2015. Pero, de las 42 plantas seleccionadas por el Ministerio de Industria para cubrir los objetivos obligatorios de consumo de biodiésel de España en esos ejercicios, sólo 27 están en territorio nacional.
Ese reparto supone que la mitad de las 48 plantas de biodiesel que llegó a tener España (en los últimos meses se han sucedido los despidos y cierres de factorías) se va a quedar fuera del reparto diseñado por el departamento de José Manuel Soria, que ha publicado el listado provisional de adjudicatarios de la producción (unos 5 millones de toneladas anuales) para esos dos años.
Una parte muy significativa de la producción asignada, un 36,8% del total (1,8 millones de toneladas) se va a encargar a otros países de la UE: Italia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Letonia y Portugal. Los dos países más beneficiados son Italia (640.230 toneladas) y Alemania (547.000 toneladas).
Entre las plantas seleccionadas no hay ninguna ubicada en Argentina e Indonesia, dos países a los que el sector en España acusa de “competencia desleal”, por cargar con más impuestos la materia prima que necesitan las fábricas españolas que el biodiésel ya elaborado que exportan desde allí.
Alegando defectos de forma, Industria ha desestimado cuatro solicitudes procedentes de esos países (dos de Argentina y otras tantas de Indonesia), que el año pasado cubrieron por sí solos el 76% del mercado español.
El negocio de los biocarburantes floreció hace unos diez años en España al calor de las ayudas públicas y las exenciones fiscales, con cerca de medio centenar de plantas construidas y 1.800 millones de inversión que hoy languidecen, víctimas de un rosario de ERE y cierres de factorías y empresas. Su declive comenzó en 2008, cuando comenzó a asociarse al sector con la escalada de precios de los alimentos, y el año pasado el sector vio descender su tasa media de actividad hasta el 9,5% de su capacidad teórica instalada (4,9 millones de toneladas). Este año, se le han acabado las exenciones fiscales y en febrero el Gobierno redujo el objetivo global para los biocombustibles (biodiésel y bioetanol) para este año (del 6,5% al 4,1%).
El biodiesel se convirtió en arma arrojadiza del Gobierno de Mariano Rajoy contra Argentina por el conflicto abierto con el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner a cuenta de YPF. Nada más producirse la expropiación a Repsol, el Gobierno anunció la aprobación de una “orden ministerial del biodiésel” para privilegiar la producción de las plantas de refinado de biocarburantes situadas “en territorio español o comunitario” y permitir a las empresas españolas producir el combustible “en condiciones que lo hagan competitivo", según dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Esa orden ministerial fue rescatada de un cajón (el actual Gobierno se la copió, literalmente, al anterior, que no se había atrevido a publicarla por temor a posibles represalias de Kirchner) y el departamento de Soria dejó inicialmente fuera del reparto de cuotas a Argentina. Fue la única de las “consecuencias” de la expropiación anunciadas por el propio ministro tras la expropiación que acabó materializándose, aunque en octubre Industria reculó y permitió (por lo menos sobre el papel) que las empresas argentinas concurrieran al proceso.
El procedimiento de asignación fue convocado por la Secretaría de Estado de Energía en febrero pasado y las solicitudes han sido valoradas por una Comisión técnica del ministerio. La lista provisional, firmada por el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez Lucas, se publicó el pasado 8 de agosto y estuvo abierta a alegaciones hasta este lunes.
