Cabify, la empresa que pasa en la actualidad por ser una de las startup españolas con mayor proyección, tiene su origen en Delaware. La compañía, que permite contratar vehículos con conductor a través del teléfono móvil, es competidora de otras aplicaciones similares como Uber o BlaBlaCar, y está presente en ocho ciudades españolas y en Santiago de Chile, Lima, Bogotá, México D.F., Querétaro y Monterrey.
Juan de Antonio Rubio, consejero delegado de Cabify, en nombre y representación, como apoderado, de Maxi Mobility Inc., de nacionalidad estadounidense, con domicilio en Delaware, constituyó en 2011 Maxi Mobility Spain (Cabify). De acuerdo a la Nota Simple Informativa de Maxi Mobility Spain, a la que ha accedido Vozpopuli a través del Registro Mercantil, De Antonio Rubio, como representante de la sociedad de Delaware, administradora única de la empresa española, decidió a finales de 2012 ampliar el capital de esta última en 997.000 euros.
Expertos en fiscalidad internacional consultados por este diario explican que Delaware no es un paraíso fiscal de acuerdo a la legislación española, aunque el estado de EE.UU. facilita sustanciosos beneficios fiscales que hacen que comúnmente se le tenga por uno de ellos. El tratamiento de un país como paraíso fiscal en España está determinado por su presencia en una lista, elaborada con motivo del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, y este deja de tener su consideración como tal si alcanza con España un acuerdo de intercambio de información tributaria. Delaware nunca ha estado en esa lista.
En febrero de 2014, De Antonio Rubio, de nuevo como representante de la sociedad domiciliada en Delaware, Maxi Mobility Inc., en junta general celebrada en Santiago de Chile, modificó el artículo dos de los estatutos sociales de Maxi Mobility Spain teniendo la empresa como objeto "las actividades de desarrollo, realización, prestación, y comercialización de todo tipo de prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros y las actividades propias de las agencias de viajes para la mediación en la prestación de servicios de transporte discrecional de viajeros".
Apenas dos meses después de esa modificación, el fondo Seaya Ventures, fundado y dirigido por Beatriz González, hija del presidente del BBVA, Francisco González, aportó 3,98 millones de euros a Cabify liderando una ronda de financiación de 5,79 millones en total. Este mismo mes el fondo español ha participado en una nueva ronda de financiación de Cabify, de 10,6 millones de euros, liderada en esta ocasión por la japonesa Rakuten, uno de los líderes mundiales en comercio electrónico.
"El motivo de tener una sede fiscal en Estados Unidos se debe exclusivamente a que nuestros orígenes se situaron en Silicon Valley y nuestros inversores iniciales fueron americanos", explicó el jueves Cabify a Vozpopuli. "Toda startup o empresa que tenga inversión proveniente de Estados Unidos usa una matriz en el continente americano con el fin de dar mayor tranquilidad y transparencia a los invesores locales, además de por ser una exigencia suya", añadió la empresa. Además indicó que la elección de Delaware "se debe a que es el estado norteamericano con mejores ventajas fiscales, por eso la mayoría de las startups tiene su sede fiscal allí". Cabify señaló que, a día de hoy, "la gran mayoría del capital es de accionistas españoles", y que "con independencia de la matriz original, en España operamos a través de Maxi Mobility Spain SL, con la que cumplimos con todos los requisitos fiscales pertinentes, pagando todos los impuestos correspondientes en España, antes de reportar a la matriz".
Retirada de competidores
El mayor impulso que posiblemente ha tenido Cabify en España no ha venido de sus inversores, sino de la decisión de un juez, Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil número dos de Madrid, que en diciembre de 2014 ordenó el cese cautelar de la actividad en España de la aplicación estadounidense Uber, que conecta los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio. Al igual que en España, Uber ha sido prohibido en otros países, en los que los profesionales del taxi se han rebelado contra la aplicación. La semana pasada el Tribunal Superior de Londres decretó que Uber es legal.
La decisión de Sánchez Magro contrasta con la tomada por el Juzgado de lo Mercantil número tres de Barcelona, que optó por trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Uber es o no una empresa de transportes.
El mismo magistrado de Madrid está al frente también de la demanda presentada en agosto por la patronal de autobuses Confebus contra BlaBlaCar, plataforma de coche compartido, de origen francés.
Durante 2015, Cabify ha logrado impulsar su negocio fuertemente y ha atraído nuevos inversores. De acuerdo a las últimas cuentas depositadas en registro mercantil por Maxi Mobility Spain, del ejercicio 2013, ese año la empresa registró pérdidas por 0,6 millones de euros (0,7 millones de pérdidas en 2012). La compañía ingresó 364.359 euros, más del doble de lo facturado en 2012.
Según publicó el Financial Times el pasado 12 de octubre, Cabify facturó el año pasado 10 millones de dólares, y este año alcanzará unos ingresos de 40 millones. Según declaraciones de Juan de Antonio Rubio recogidas por el diario británico, el próximo año la empresa facturará 200 millones de dólares.
Sin embargo, el negocio de Cabify en España dependerá también de una decisión judicial. Recientemente la Federación Profesional del Taxi ha interpuesto una denuncia contra la empresa pidiendo su suspensión cautelar. En esa ocasión la demanda ha recaído en el Juzgado de lo Mercantil número 12.
