La aplicación tecnológica Cabify se ha presentado al concurso organizado para adjudicar el contrato de servicios de transporte en taxi, urbano e interurbano, en la Comunidad de Madrid para los senadores. De esta manera la empresa parece no temer que su actividad, como le ha ocurrido a su competidor Uber en España, pueda ser suspendida, y supone plantear un pulso en toda regla al sector del taxi, en armas contra aplicaciones como la suya.
Cabify tiene como principal accionista a la sociedad de capital riesgo Seaya Ventures, fundada por la hija de Francisco González
Cabify acude hoy al juzgado mercantil número 12 de Madrid donde se celebra vista por la demanda presentada el pasado mes por la Federación Profesional del Taxi de Madrid en la que solicitaba al juez la suspensión cautelar de su actividad. La empresa permite contratar vehículos con conductor a través del teléfono móvil y está presente en ocho ciudades españolas y en Santiago de Chile, México, Lima, y Bogotá. El principal accionista de la compañía es la sociedad de capital riesgo Seaya Ventures, fundada y dirigida por Beatriz González, hija del presidente del BBVA, Francisco González. Cabify es la denominación comercial de Maxi Mobility Spain, sociedad controlada por Maxi Mobility Inc, con sede en Delaware (Estados Unidos).
El concurso del Senado no fija un presupuesto máximo de licitación ya que el servicio de taxi opera con tarifas oficiales. A efectos orientativos el Senado informa en las bases del proceso que en los tres años pasados la facturación del servicio osciló entre los 315.000 y 347.000 euros por ejercicio, unos 3.000 euros al año por senador. El contrato tiene una duración de dos años, a partir del próximo uno de enero.
La participación de Cabify en este concurso se ha encontrado con la total oposición de las otras tres asociaciones de taxi que también optan al negocio, y que ven en la empresa una competencia desleal como la que, entienden, hiciera Uber, cuya actividad ha sido en España por decisión judicial suspendida cautelarmente, o la empresa Blablacar, que también ha sido denunciada ante los tribunales.
Tele Taxi Madrid Servicios, Radio Taxi Gremial, y Radio Taxi de Madrid, las otras sociedades que optan al concurso, han enviado una carta a la Secretaria General del Senado en la que advierten de su oposición a la invitación hecha a Cabify por el Senado para participar en el mismo proceso. Las sociedades de taxi advierten en su escrito que Maxi Mobility Spain en ningún caso tiene por objeto la prestación de servicios de transporte en vehículos auto taxi, ni la intermediación en la contratación de estos servicios. Además sostienen que la empresa infringe la legislación vigente al emplear en realidad los dominios Cabify.com y Cabify.es a través de los que media en el transporte de viajeros en vehículos de turismo a través de vehículos de alquiler con conductor utilizando para ello su aplicación para teléfonos móviles. El sector del taxi advierte que la empresa tecnológica está usurpando labores propias del taxi a través de vehículos que no lo son.
En defensa de Cabify, contra Uber y Blablacar
En la vista que se celebra hoy miércoles en el juzgado mercantil número 12 de Madrid por la denuncia contra Cabify, la juez Ana María Gallego, la misma magistrada que estuvo a cargo del concurso de Marsans, escuchará las alegaciones de las partes y, previsiblemente, comunicaría en un mes, aproximadamente, su decisión de suspender o no cautelarmente la actividad de la empresa tecnológica.
Cabify ha contratado para defenderse de la demanda presentada por la Federacion Profesional del Taxi de Madrid al abogado José Andrés Diez. Se trata del mismo letrado que logró la suspensión cautelar de Uber, cuando representó entonces a los taxistas, o que demandó a Blablacar en nombre de una asociación de autobuses.
