Sol Daurella y su mano derecha en Coca-Cola Iberian Partners, Víctor Rufart, han declarado este martes en el juzgado número 8 de Zaragoza imputados por tres delitos: estafa procesal, administración desleal y delito contra los trabajadores. Unos 55 exempleados de la antigua factoría de la marca en Utebo (Zaragoza) presentaron en diciembre una querella que fue admitida a trámite ya que los trabajadores aseguran que la dirección de CCIP (que adquirió Cacaolat junto con Demetrio Carceller -Damm- y el intermediario Luis Victory) descapitalizó de forma consciente la planta zaragozana tras prometer una inversión de 4 millones para centrar toda la inversión en la otra planta de la marca, en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). El director general de Cacaolat, Francesc Lluch, también ha declarado este martes.
Daurella y Rufart han asegurado que las inversiones sí se produjeron y aportarán documentación sobre las mismas en los próximos días
La estrategia de defensa de los imputados ha sido, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, negar que las inversiones no se realizaran. Más bien, Daurella y Rufart han coincidido en que se hizo todo lo posible para levantar la planta, pero han esgrimido argumentos comerciales para justificar su cierre. Básicamente, que la planta aragonesa (donde llegaron a trabajar unas 106 personas) no era rentable por motivos de estructura. Casi de manera inmediata a comprar Cacaolat a Nueva Rumasa en 2011, los nuevos dueños (CCIP, Damm y Victory) la segregaron en dos sociedades, una deficitaria (Planta Lechera Utebo, la de la fábrica de Aragón) y otra por la que apostaron en territorio catalán, el espacio natural de Cacaolat desde su fundación en 1931. Esta segregación supuso un "engaño" para los trabajadores zaragozanos que se confirmó con el cierre en 2013.
El abogado de los trabajadores, Eladio Mateo, ha asegurado en declaraciones a la televisión aragonesa (minuto 20:30) que "han quedado en demostrar que sí que hicieron estas inversiones", unos documentos que tendrán que entregar para justificar su inversión en los últimos días. Los trabajadores, no obstante, niegan la mayor y aseguran que tan sólo se invirtió en un "sistema informático" y que las intenciones de los nuevos dueños fueron en todo momento cerrar la fábrica.
Fuenlabrada mira con atención
Precisamente este martes los responsables de Comisiones Obreras de Madrid han comparecido para hacer un balance del conflicto que durante casi dos años (el ERE y el cierre de la planta se les comunicó en enero de 2014) han librado contra la recién constituida Coca-Cola Iberian Partners, una lucha sindical que ha acabado con la reapertura de la fábrica de Fuenlabrada como centro logístico y no productor como era antes. El portavoz del campamento fuenlabreño, Juan Carlos Asenjo, ha asegurado que estarán muy vigilantes para que en su caso no se produzca una actuación similar a la que está en sospecha con el cierre de Cacaolat: presentar en sede judicial un proyecto industrial que luego no se cumple argumentando cambios en la situación económica, problemas de mercado, etc.
Los representantes sindicales han asegurado que "Daurella y Rufart están acostumbrados a estar en los tribunales".
Los trabajadores de la planta madrileña tienen su plazos: el próximo16 de noviembre debe iniciarse la teórica actividad de la planta tras los periodos de formación. Desde UGT se opina que Coca-Cola Iberian Partners despedirá ahora poco a poco a los trabajadores díscolos, una opción que no quieren contemplar desde Comisiones. "Vigilaremos el cumplimiento de las sentencias judiciales, y en el marco de la integración de CCIP con otras dos empresas europeas para formar Coca-Cola European Partners, la patronal planteará más ajustes porque es lo único que sabe hacer. La lucha seguirá".
