Este 2013 pasará a la historia por ser el año en el que el Gobierno le dio la puntilla a los dos sectores energéticos más débiles, el carbón y la solar fotovoltaica. Los más de 5.000 mineros que aún tienen empleo en España y los 50.000 pequeños ahorradores que están pillados en el sector fotovoltaico representan el eslabón más débil de un sector energético que se mueve por juegos de poder entre políticos y grandes eléctricas, que a unos sectores los convierte en intocables y a otros los estigmatiza.
Es lo que ha ocurrido en los últimos meses con la minería. El Ministerio de Industria ha decidido deshacerse del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Cuencas Mineras (IRMC), el organismo que hasta ahora servía para que las empresas del sector minero y los sindicatos pudieran hacerse oír ante los responsables políticos.
El área minera pasará ahora a depender, como mucho, de una subdirección dentro del Ministerio, mientras el ministro José Manuel Soria trata de convencer a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, para que las ayudas a Hunosa, la empresa estatal que depende de la Sepi, y por lo tanto de este último Ministerio, dejen de depender de Industria.
Pero además, esta misma semana, el Gobierno ha enterrado definitivamente a un sector que en 2018 perderá las ayudas públicas provenientes de la Unión Europea. Así lo confirmó el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria a Gaspar Llamazares. Han pasado más de ocho meses desde que el diputado de IU registró la pregunta en el Congreso y la respuesta ha llegado ahora: el Gobierno considera inviable el sector minero español.
El fin de las ayudas públicas y la poca competitividad del sector amenaza con dejar en la calle a unos 5.000 mineros que aún tienen empleo
"Las empresas españolas que sean capaces de producir a costes internacionales tendrán un mercado al que ofertar. Sin embargo, es muy dudoso que las empresas españolas puedan competir con los precios y la calidad del carbón producido en otros países. Es imposible, con el nivel de calidad y precios del carbón español, competir en los mercados internacionales con el carbón de Australia, Colombia o Indonesia", insiste el Ejecutivo en su respuesta a Llamazares recogida por Europa Press.
Con respecto a la decisión de Bruselas de acabar con los subsidios y cerrar las minas no rentables a partir de 2018, la respuesta parlamentaria defiende que "tras muchos años de dedicar ayudas al sector, éste debe empezar a funcionar de acuerdo con las reglas del libre mercado y basarse en su capacidad de competir con los precios internacionales", una opinión que va en línea con la estrategia energética marcada por FAES, la fundación ligada al PP.
Así que a partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre para los trabajadores de la minería y las empresas del sector, pues la mayoría de ellas no han cerrado aún gracias a las ayudas llegadas desde Bruselas.
También están en una situación de asfixia total los más de 50.000 pequeños inversores que depositaron parte de sus ahorros en el sector fotovoltaico desde 2007, atraídos por las altas rentabilidades y el aval del Estado.
Comienzan ya a producirse los primeros impagos de créditos en el sector fotovoltaico y eso que aún no han llegado los nuevos recortes recogidos en la reforma energética
Pero es ese mismo Estado, encarnado en el anterior Gobierno de Zapatero y en el actual de Rajoy, el que les ha aplicado ya varios recortes que hacen inviable el futuro para muchos. El último de ellos ha sido la eliminación del sistema de primas a las renovables que recoge la reforma energética, que afecta a todas las energías verdes, pero especialmente a la solar fotovoltaica, donde están pillados los pequeños ahorradores (agricultores, fontaneros, jubilados, mecánicos, peluqueros…).
Este último sector es ya una bomba de relojería, porque muchos pequeños inversores ya no pueden afrontar el pago de sus créditos a los bancos por el brutal recorte de la rentabilidad de sus plantas y de las horas primadas.
Los bancos, por su parte, han trasladado al Ejecutivo el temor a que se produzca una avalancha de impagos en el sector y de cierre de instalaciones fotovoltaicas, generando una nueva oleada de activos tóxicos que caerán en los balances de las entidades.
Ya se están produciendo los primeros impagos, cuando aún ni han llegado aún los nuevos recortes tras la nueva reforma energética aprobada por Soria.
