No sólo Endesa está siendo investigada por haber cobrado de más a sus clientes con el alquiler de unos contadores inteligentes que no están conectados a los sistemas de telegestión, y por lo tanto no están prestando los servicios para los que fueron diseñados.
La organización Facua puso en marcha en 2014 una iniciativa para facilitar que los consumidores denunciaran a sus compañías eléctricas por el cobro supuestamente "ilegal" de este sobrecargo, tal y como ya ha denunciado el regulador de la Competencia CNMC. Pasado casi un año, la iniciativa se ha convertido en todo un éxito y, según las fuentes consultadas, tanto las comunidades autónomas como sus servicios de consumo, así como los tribunales ordinarios, han recibido centenares de denuncias contra las cinco grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP Energía y Viesgo (antiguamente E.ON).
Según los últimos datos oficiales de la CNMC, las eléctricas instalaron 12 millones de contadores inteligentes a cierre del año 2014, un 43% del parque total existente en España. Una vez instalados, las compañías comenzaron a cobrar en el recibo de la luz del cliente el nuevo recargo para este tipo de contadores, que es de 0,9801 euros (0,81 más IVA) al mes, frente a los 0,6534 euros (0,54 más IVA) que se venían cobrando por los antiguos aparatos.
"El fraude representa en torno a 4 euros por cada año en el que se haya producido la facturación ilegal", señala Facua, que ha promovido las denuncias contra las compañías
Pero esta práctica es contraria a la normativa vigente, dado que si están instalados, pero no conectados a los sistemas de telegestión, el cliente no se puede beneficiar de sus ventajas y nuevos servicios. De ahí que la CNMC alertara en junio pasado de que las compañías eléctricas, con la anuencia del Ministerio de Industria, que es el que tiene potestad para poner fin a esta práctica, estaban embolsándose este sobrecoste, que debería ser devuelto a los clientes.
Han pasado unos meses y muchos de estos consumidores han presentado las denuncias correspondientes. Hasta ahora, sólo la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador, tal y como ha adelantado Vozpópuli, pero según las fuentes consultadas, las denuncias se han presentado en muchas otras CCAA y nuevos expedientes están al caer.
Para Facua, "el fraude representa en torno a 4 euros por cada año en el que se haya producido la facturación ilegal". En concreto, 3,9 euros, lo que en cifras agregadas supone que las compañías están obteniendo 46,65 millones de euros de hogares y pymes que cuentan con contadores inteligentes que no prestan los servicios por los que el consumidor abona el pago del alquierl.
El regulador fue tajante hace sólo unos meses. "La CNMC recuerda en su informe que aquellos clientes que cuenten con contadores de telemedida instalados, pero que aún no estén operativos, se les debería seguir cobrando el precio del alquiler del equipo correspondiente a los antiguos contadores monofásicos (0,54 €/mes, según la Orden ITC/3860/2007). Dichos consumidores aún no se están beneficiando de las funcionalidades de los nuevos equipos de medida".
Los nuevos contadores podrán prestar todas sus funcionalidades con la llegada del sistema de cotización diaria del precio de la electricidad, que sirve de referencia para fijar la parte del recibo de la luz que no está regulado por el Gobierno. Este sistema está operativo desde el 1 de octubre, pero el cobro del alquiler de los contadores se viene produciendo desde que se comenzaron a instalar.
Lo que intentan de dirimir ahora la Junta de Andalucía y las instituciones y tribunales que están investigando las denuncias es si las compañías deben devolver o no las cantidades supuestamente cobradas de más por los contadores.
