La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, el juez Ismael Moreno se declare competente para investigar el fraude de Volkswagen, consistente en el trucaje de determinados motores de diésel 2.0 TDI. Las querellas fueron presentadas por el sindicato Manos Limpias y la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y otros en la Audiencia.
La manipulación parece consistir en la instalación de un programa informático que detecta cuándo el vehículo se encuentra en un banco de pruebas "al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental".
El fiscal cree que se han podido cometer delitos de fraude de subvenciones, contra el medio ambiente y un delito de defraudación que puede producir perjuicio patrimonial
El Ministerio Público explica que dicha manipulación se lleva a cabo para "lograr un consumo menor de combustible es necesario obtener la mayor eficiencia energética del mismo, para lo cual se ha de someter a altas temperaturas; ello genera, sin embargo, la emisión de gases altamente contaminantes (óxido de nitrógeno)".
En el escrito, el fiscal Marcelo de Azcárraga sostiene que en este caso se pudieron cometer ilícitos penales de fraude de subvenciones, delito contra el medio ambiente y un delito de defraudación que puede producir perjuicio patrimonial.
La competencia corresponde a la AN
El Ministerio Fiscal explica en su informe que la competencia corresponde a la Audiencia Nacional porque este presunto fraude afectaría a una "generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
Entre las diligencias que el fiscal pide al juez que practique, tras admitir a trámite las querellas, se encuentran la identificación de la empresa a la que se encargó la fabricación del software, la relación de vehículos afectados vendidos en España, así como el organigrama del grupo en España.
Asimismo, el departamento que dirige Javier Zaragoza solicita al juez Moreno que pida al Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "los dictámenes periciales que en su caso se hayan realizado sobre los vehículos manipulados al objeto de determinar su grado de emisiones nocivas".
