El ‘proyecto Canalejas’, que contempla la transformación de una de las más emblemáticas manzanas del centro de Madrid en una zona comercial y hotelera, se ha encontrado con la oposición de diversos colectivos que van desde miembros del Colegio de Arquitectos de Madrid hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pasando por ciudadanos de a pie que se han apresurado a recoger firmas para oponerse a la operación.
Los focos se dirigen hacia el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que han promovido en tiempo récord una serie de modificaciones legislativas para restar protección a dos edificios considerados como Bienes de Interés Cultural (BIC): la antigua sede del Banco Central Hispano y el edificio de La Equitativa, que componen la manzana de Canalejas, en la que el Grupo Villar Mir, que adquirió los inmuebles a Banco Santander, levantará un gran centro comercial con tiendas de lujo y dará espacio a un establecimiento hotelero de la cadena canadiense Four Seasons.
Con las modificaciones normativas introducidas por Comunidad y Ayuntamiento, ambos edificios históricos pierden parte de su protección, hasta el punto de que los promotores del ‘proyecto Canalejas’ están únicamente obligados a mantener la fachada original mientras que el interior puede ser modificado al antojo del proyecto.
Es lo que en el argot urbanístico se conoce como 'fachadismo'. Es decir, “el vaciado de edificios protegidos para mantener solamente fachadas como si fuera decoraciones teatrales en el teatro de la ciudad”. Así reza textualmente una de las alegaciones presentadas contra el proyecto.
Otro de los aspectos que ha levantado ampollas entre estos colectivos es el incremento de edificabilidad en los dos edificios que conlleva la elaboración del proyecto, que se cuantifica en algo más de 1.000 metros cuadrados. Especialmente significativos son los cambios en la zona de la azotea, como puede apreciarse en las imágenes que acompañan la información.
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Entre los colectivos que han presentado alegaciones se encuentra la plataforma Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que ha decidido hacerlas públicas en su propia página web, a través de la que también está promoviendo recogida de firmas contra el proyecto a través de las redes sociales. Un movimiento que también se está promoviendo a través de la plataforma www.change.org
Los autores de las alegaciones coinciden en señalar que no es de recibo adaptar la normativa a las características del proyecto. “Debería ser al contrario, de modo que el proyecto cumpliera la legislación vigente”. De lo contrario, señalan, se crea un precedente muy negativo para repetir la maniobra con otros edificios de carácter histórico que se encuentran en el centro de Madrid.
Grupo Villar Mir adquirió los edificios que componen la manzana, un total de siete, al Banco Santander por 225 millones de euros y pretende invertir hasta 500 millones en un proyecto que podría generar unos 5.000 puestos de trabajo, según se anunció en la presentación oficial del proyecto, que contó con la presencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Los autores de las alegaciones señalan que no están en contra del proyecto en sí (aunque hubieran preferido que tuviera un contenido enfocado hacia la cultura) ni tampoco en contra de la creación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, no están dispuestos a que se haga a cualquier precio.
