Pocas veces habían generado tanto revuelo las declaraciones de un alto mando del Banco de España. Las palabras de hace una semana del subgobernador Javier Alonso cayeron como una bomba al expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho, tras las insinuaciones de que no hizo todo lo que pudo para frenar la crisis de la entidad.
El número dos hizo estas afirmaciones el pasado día 23 en unas jornadas financieras en Santander. Pero el terremoto financiero llegó hasta Cibeles. Después de que dijera que "sospecho que el banco tenía más garantías [para pedir liquidez], porque lo que nos trajeron fue poco", Saracho descolgó el teléfono para hablar con el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.
Según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli, el gobernador atendió a Saracho. Apenas tres horas después de que Alonso pronunciara la frase de la polémica, el Banco de España envió unas nuevas declaraciones del subgobernador, algo insólito para esta institución.
"Quiero precisar que cuando he dicho que el Banco Popular podría tener más garantías, no he estado afortunado utilizando el verbo 'sospechar'. La entidad tenía algunos activos más, que podrían haber sido utilizados como garantías, si la entidad los hubiera movilizado a tiempo, antes de que ella misma se declarara inviable. En todo caso, como ya he mencionado, el volumen de esos activos muy probablemente no hubiera cambiado la situación más que de modo transitorio", señaló Alonso.
Segunda versión
De este modo, lejos de retractarse, el subgobernador insistió en que el equipo de Saracho podía haber hecho más. Pero reconoció la dificultad de esta labor y quitó hierro al resultado, ya que dos días más de liquidez probablemente no hubieran cambiado el destino del banco.
Estas nuevas declaraciones no han suavizado el clima de tensión entre el Banco de España y los antiguos gestores de Popular. Sigue habiendo una guerra de cifras a raíz de la crisis de liquidez, después de que fuentes del antiguo equipo dijeran que presentaron 40.000 millones en garantías ante el regulador, de las que sólo fueron aceptadas 3.000-4.000 millones. Además, defienden que en los últimos meses el regulador había estado monitorizando día a día la liquidez del Popular, por lo que difícilmente le podía sorprender lo que pasó en los últimos días.
Hay un factor de la crisis de liquidez que Alonso no tocó en su discurso, que, según fuentes financieras, fue igual o más determinante que la mano de Saracho: la nueva supervisión europea. Así, cada vez hay más reglas, muchas de difícil interpretación, que entorpecieron la gestión de la liquidez. Indirectamente, el subgobernador lo reconoció: "Ya no se puede cambiar a los gestores así como así, ni inyectar liquidez sin unas garantías, como ocurría en los años 80".
Más allá de si Saracho podía haber sostenido el banco a flote durante algún día más, llegando como se esperaba al fin de semana, quedan otras preguntas sin resolver en la crisis de liquidez de la entidad: cómo se produjo la salida de depósitos de las administraciones públicas, algo que ha pedido investigar Europa; y si el Gobierno, el Banco de España y las autoridades europeas podían haber hecho algo más para atajar la crisis de la entidad.
¿Cortina de humo?
Así, cada vez más banqueros consideran que centrar el debate de Banco Popular en la crisis de liquidez y en el informe de Deloitte es una cortina de humo para no mirar todo lo que ocurrió en los últimos años de acumulación de ladrillo y donde se generaron los problemas de fondo de la entidad. En especial en la ampliación de capital de 2016.
La llamada de Saracho a Linde y la guerra de cifras reflejan que el banquero de inversión no se va a quedar cruzado de brazos permanentemente mientras arrecian las críticas contra él. Aunque de momento todo apunta a que ha optado por esperar, ver las cartas del resto y contraatacar cuando considere oportuno.
