Han tenido que pasar más de dos décadas para que por fin el Gobierno español y la Unión Europea se planteen en serio un sistema racional de ayudas agrícolas que deje fuera del reparto a los que no trabajan el campo, a los terratenientes, grandes propietarios absentistas y oportunistas que año tras año se han ido embolsando la mayoría de las subvenciones de Bruselas gracias a poseer miles de hectáreas, muchas de ellas de baldío que no generan actividad alguna.
El Ministerio de Agricultura español está trabajando ya en una propuesta, que defiende esta semana en Bruselas en el marco de las negociaciones sobre las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) entre 2014 y 2020, para definir claramente quién ha de ser considerado un agricultor o profesional del campo en activo, frente a los "agricultores de salón, de sofá", como los ha calificado recientemente el Comisario Europeo de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos.
El Comisario europeo Ciolos quiere acabar con los "agricultores de salón" para que las ayudas vayan a quienes de verdad trabajan y viven de la tierra
El Comisario y el propio Tribunal de Cuentas Europeo han denunciado que el actual criterio de reparto "permite que se beneficien quienes no desempeñan actividad agrícola o lo hacen de forma insignificante". Y el ministro Miguel Arias Cañete ha recogido el testigo lanzado por la propia Comisión y por las organizaciones agrarias para que se eleve del 5% al 25% el porcentaje de ingresos necesario para optar a las ayudas.
El modelo de reparto que parece más equitativo establecería que los pagos directos irían a parar a los agricultores y ganaderos que demuestren que, al menos, un 25% de su renta procede de esta actividad. Pero con la salvaguarda de que este límite no se aplicaría a los que hayan percibido menos de 5.000 euros anuales en ayudas, pues serían pequeños agricultores con dedicación parcial o exclusiva. Todos ellos serían considerados agricultores en activo, profesionales del campo. Eso sí, el debate está en qué porcentaje fijar en esa horquilla que va del 5%, considerado insignificante por las asociaciones agrícolas, al 25%, deseado por millones de agricultores de la Europa 27.
Se trataría también de desvincular las ayudas de las hectáreas que se poseen para centrarlas en los agricultores que demuestren que esas hectáreas son productivas y generan actividad. Ésta ha sido la base de los abusos, considerar indiscriminadamente a 25 millones de hectáreas merecedoras de subvención, estén o no en producción.
Un 80% de los 5.160 millones que llegan a España se queda en manos del 20% de beneficiarios, unos son terratenientes y rentistas, otros, empresas y cooperativos que trabajan la tierra y generan empleo
Con el nuevo modelo en discusión ahora en Bruselas, los que se quedarían fuera del reparto son los grandes rentistas de las subvenciones del campo, los terratenientes de España. Entre un 75% y un 80% de los 5.160 millones de euros que recibe nuestro país se queda en manos del 20% de los beneficiarios. Muchos de ellos, grandes conocidos de la opinión pública y asiduos de la prensa rosa; otros no tanto, agazapados en su anonimato, grandes fortunas urbanas (especialmente de Madrid) propietarias de gigantescas fincas en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, principalmente, que año tras año cobran su pago fijo de ayudas PAC sin haber generado actividad agrícola o ganadera alguna.
La Duquesa de Alba y sus hijos se embolsan cada año en torno a un millón de euros en ayudas comunitarias. Es quizá el ejemplo más conocido y polémico del terrateniente absentista español, pero hay muchísimos más. La familia Mora Figueroa, que a través de Rendelsur explota el negocio de embotellado y distribución de Coca-Cola en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, se embolsa cada año 3,5 millones de euros en subvenciones PAC; Mario Conde se lleva 458.000 euros por sus fincas; la familia Botín, unos 300.000 euros; la saga andaluza de los Benjumea (Abengoa), unos 375.000 euros cada año; y así un no parar de terratenientes que no saben lo que es una azada como los Albertos (Cortina y Alcocer), los March, los Domecq e infinidad de altos directivos de banca y empresa que poseen la mayoría de las fincas de las regiones del entorno de Madrid.
La Casa de Alba, Mora Figueroa, Mario Conde, los Albertos, Botín, March, Benjumea, Domecq e infinidad de ricos anónimos reciben pagos fijos por sus hectáreas, muchas de ellas en situación de baldío
Es verdad que hay matices en las desigualdades del reparto de ayudas, porque dentro de este 20% que se enriquece con las ayudas públicas al campo hay también empresas agropecuarias y grandes cooperativas que generan empleo y trabajan las tierras. Son ellos los que pueden demostrar que su actividad principal es la explotación agrícola y ganadera para cobrar la PAC, al igual que miles de pequeños y medianos agricultores que reciben cada año entre 500 y 1.000 euros que les permiten, al menos, no caer en la tentación de abandonar las tierras por no ser rentables.
Son tales los abusos actuales que todavía hay "gestores de aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas", como denuncia el Tribunal de Cuentas Europeo, que perciben ayudas directas por una actividad agrícola o ganadera a todas luces inexistente. Ejemplos sangrantes como propietarios de campos de golf que cobran ayudas por los pies de olivo que hay en la instalación o por la plantación (césped).
En algunas zonas se ha creado un mercado en el que los arrendatarios más avispados trafican con los alquileres de fincas para garantizarse cada año un pago fijo de la PAC
Hay hasta zonas de España donde existe un mercado, el del tráfico de derechos a subvención PAC por arrendatarios de fincas que se han ido dedicando a alquilarlas para cobrar la subvención sin que realicen actividad alguna en ellas, denuncia un pequeño agricultor del sur de Extremadura. En esta comunidad autónoma hay latifundios yermos desde hace años y miles de fincas que todos los años reciben subvenciones desde Bruselas, una situación que se repite desde la década de los ochenta. Buena parte de los 424 millones que recibió esta región en 2012 en ayudas directas han ido a parar a estos últimos.
En España hay algo más de 900.000 perceptores de ayudas PAC, a una media de 5.209 euros anuales cada uno, según la Comisión, en un cajón de sastre donde se mezclan los terratenientes con los pequeños y medianos agricultores.
Arias Cañete se ha comprometido a "conseguir un modelo que apoye a los que realmente cultivan, dan empleo y fijan población en el territorio, contribuyendo a generar riqueza"
Pero esta vez, según confirman las propias asociaciones agrarias, tanto Bruselas como el Gobierno español tienen la firme intención de poner coto a estos abusos. El ministro Arias Cañete lo avanzó la semana pasada: "haré todo lo necesario para configurar una gran política agraria racional, que haga que nuestros agricultores reciban lo que se merecen, que premie al que trabaja y permita que la actividad agraria siga presente en el medio rural”. El ministro destacó que “se está trabajando para conseguir un modelo que apoye a los que realmente cultivan, dan empleo y fijan población en el territorio, contribuyendo a generar riqueza”. Esta política de intenciones ha sido aplaudida por el sector agrario y ganadero en pleno. Ahora sólo falta que las intenciones se conviertan en realidad.
