El proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros se dilatará en el tiempo mucho más allá de lo previsto por el Ministerio de Fomento. En el mejor de los casos, el primer tren de un operador privado que compita con Renfe no circulará hasta mediados del año que viene, cuando el calendario que manejaba el Gobierno contemplaba tener finalizado el proceso antes del final de la presente legislatura.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, mostró este lunes su confianza en que la elección del operador que comenzará a competir con Renfe en el corredor de Levante de alta velocidad se lleve a cabo antes de la celebración de las próximas elecciones. Aun en el caso de que este extremo se confirme, el retraso sobre los planes previstos será considerable por una cuestión de plazos.
Pastor aseguró que la Orden Ministerial en la que se establecen las condiciones del pliego que regirá el concurso para la obtención del título habilitante que permitirá a un operador privado competir con Renfe en el corredor de Levante está aún pendiente del dictamen del Consejo de Estado. Las últimas previsiones del Ejecutivo situaban el mes de marzo como límite para tener listo el documento.
Sin Orden Ministerial no hay pliego de condiciones y, por lo tanto, no se puede poner en marcha el concurso. El factor que ha provocado estos retrasos ha sido el debate en torno a los cánones que cobra Adif por el uso de las vías y que los aspirantes a obtener el título habilitante exigían rebajar para acudir al concurso.
Fomento ha mostrado su disposición a proceder a esta rebaja, aunque un informe del Tribunal de Cuentas publicado a finales del pasado mes de abril ha puesto de manifiesto que la rebaja de los cánones agravaría aún más la situación económica del gestor de la red ferroviaria y haría menos rentable aún la inversión del Estado en alta velocidad.
Los plazos del proceso
Con estas cuestiones de por medio, y otras como determinados privilegios que conservaría Renfe aunque ya no haya monopolio (con los que no están de acuerdo los futuros competidores), el proceso de elaboración y aprobación de la Orden Ministerial ha sufrido retrasos que condicionan el proceso. Aunque el concurso se convocara inmediatamente después de la promulgación de la Orden, el ganador no se conocería hasta cinco meses después, ya que el proceso contempla un plazo de tres meses para presentar las ofertas y de dos más para analizarlas y valorarlas antes de dar una respuesta definitiva.
Con estos plazos y dado que todavía no se ha aprobado la Orden Ministerial, para finales de año podría estar ya resuelto del concurso, prácticamente coincidiendo con las elecciones generales. Sin embargo, eso no querría decir que 2016 comenzara con los trenes del nuevo operador circulando por las vías, ya que el que se imponga en el concurso dispondrá de un periodo de seis meses para comenzar a circular. En el mejor de los casos, el nuevo escenario se va al verano de 2016.
A partir de ahora, cualquier nuevo contratiempo haría incluso peligrar el proceso, toda vez que los inciertos resultados de las elecciones podrían determinar un cambio de Gobierno y, al mismo tiempo, de estrategia en lo que se refiere al mercado ferroviario.
La liberalización del transporte de pasajeros se ha convertido en uno de los caballos de batalla para el Ministerio de Fomento a los que no termina de dar salida, como el caso del rescate de las concesionarias de autopistas en situación de quiebra.
