Si sale adelante, el proceso de venta del negocio de gas natural licuado (GNL) de Repsol puede dar a la petrolera margen para rebajar la presión de las agencias de rating y, de paso, aplazar la conversión en capital de 3.000 millones de euros en participaciones preferentes, anunciada en mayo pasado, tras la expropiación de YPF. Esta operación, que en principio la petrolera tenía previsto iniciar el próximo otoño, habría provocado, además, una dilución adicional de la participación de sus accionistas.
La compañía confía en que la venta del negocio de GNL, que ha encomendado a un grupo de bancos liderado por Goldman Sachs, pueda llevarse a cabo pese a las difíciles condiciones del mercado. Según explicó este jueves a los analistas el director financiero de Repsol, Miguel Martínez, en una conferencia para presentar los resultados semestrales, hay “más de diez compañías" interesadas en esos activos. En esa lista estaría incluida Gas Natural (controlada por Repsol y La Caixa), que ha “sido invitada” al proceso, según dijo esta semana su consejero delegado, Rafael Villaseca, aunque el mercado ve muy difícil que la gasista compre esos activos, dado su elevado endeudamiento.
Martínez cifró ayer el valor de la unidad de GNL de Repsol, que la compañía prefiere vender en bloque, en unos 4.000 millones, deuda incluida. Según el director financiero de la petrolera, la venta “tendría un impacto masivo” en la consideración de las agencias de rating. Tras el zarpazo del Gobierno argentino, esa es la prioridad número uno de Repsol, como la de la mayoría de grandes empresas españolas: no perder el grado de inversión, ante la temida rebaja de la nota de la deuda española a bono basura.
La participación de los actuales accionistas podría diluirse hasta en un 4% con las preferentes
Si la operación del GNL prospera, Repsol podría dejar para más adelante el canje de las preferentes, que se haría en varias fases (en un plazo de tres años), mediante la conversión voluntaria de esa deuda perpetua en bonos convertibles en acciones (es decir, en capital).
“Para que un canje de un bono convertible sea considerado capital por las agencias de rating, y por tanto útil de cara a mantener la calificación de grado inversor, ha de fijarse un precio de conversión. Repsol puede dar un precio de conversión con prima, pero a los precios actuales, la señal de un precio con una prima muy importante puede ser mal recibida”, explica Jorge González, analista de Sabadell.
Hay otro inconveniente para el canje: al equivaler, en la práctica, a una ampliación de capital, reduciría el peso (en el peor de los casos, hasta en un 4%, aunque dependerá del precio que se fije) para los actuales accionistas de Repsol. “Cualquier accionista estaría preocupado por la dilución”, dijo ayer el director financiero de la petrolera, dos de cuyos principales accionistas (La Caixa y Sacyr) ya han perdido peso tras la puesta en marcha de la fórmula del scrip dividend este año (han preferido cobrar el dividendo en metálico en lugar de en acciones).
El impago de los Petersen dispara la deuda en casi 1.400 millones
El grupo ha cerrado el semestre con una deuda (excluyendo la de Gas Natural Fenosa) de 5.170 millones, un 19,2% más que en marzo, por el impago de los créditos que concedió al grupo Petersen para financiar su entrada en YPF, que ha tenido un impacto de 1.389 millones. Incluyendo Gas Natural y las preferentes, el endeudamiento alcanza a junio los 13.171 millones, un 8,6% más que a finales de marzo. La “última bala” para rebajar deuda, dijo Martínez, sería la venta del 5,1% de autocartera, en la que acumula fuertes minusvalías. “Sería una mala señal al mercado”, reconoció el director financiero de Repsol.
Aún tocada tras la expropiación de YPF (cuya compensación, insistió, Repsol está abierta a negociar con la Casa Rosada), la petrolera ha registrado el menor beneficio semestral desde 2009, de 1.036 millones. Un 22,9% menos que un año antes (un 14,6% menos, si se excluye YPF), aunque superior a lo esperado por los analistas. La cúpula del grupo se ha rebajado drásticamente la retribución: el consejo de administración se embolsó hasta junio 5,9 millones (un 43% menos) y la alta dirección cobró la mitad que un año antes (5,6 millones). En el caso del consejo, la caída se explica por la fuerte caída de la paga variable (1,5 millones, frente a los 5,9 millones de un año antes).
