La cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo presentará próximamente por el hachazo renovable aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2013 se incorporará a los 21 procesos arbitrales presentados por inversores internacionales.
Según las fuentes jurídicas consultadas, las serias dudas sobre la constitucionalidad de unas normas que supuestamente han vulnerado las principios de seguridad jurídica y confianza legítima recogidos en la Carta Magna representan un serio varapalo en la estrategia de defensa del Gobierno español en los 21 arbitrajes que han de dirimirse en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi).
Los árbitros/jueces de este organismo internacional han de velar por la seguridad de las inversiones en todos aquellos países adscritos y tanto el Real Decreto-Ley 9/2013 como la disposición final tercera de la Ley del Sector Eléctrico de finales de ese mismo año vulnerarían esa seguridad jurídica. Especialmente grave parece, a ojos de las fuentes jurídicas consultadas, la "retroactividad impropia" provocada por esas normas, según recoge la providencia del Supremo.
Los árbitros del Ciadi velan por la seguridad de las inversiones en los países adscritos y la inconstitucionalidad de las normas aprobadas en España respaldaría las tesis de los demandantes
El Gobierno cambió las reglas del juego y sometió a todas las empresas renovables a un "periodo de incertidumbre" de más de un año en el que tuvieron que seguir desarrollando su actividad sin saber siquiera qué retribución iban a percibir. "Que el Supremo ponga en marcha una cuestión de inconstitucionalidad por los recortes renovables viene de perlas a las defensas de los inversores ante el Ciadi y da pie a pensar que los laudos que podrían emitirse en 2016 sean contrarios al Gobierno español, que en caso de perder tendría que asumir importantes indemnizaciones", señala una fuente consultada.
Los inversores internacionales que han presentado demandas de arbitraje ante el Ciadi desde finales de 2013 son RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, SolEs Badajoz, Hydro Energy 1 y la sociedad Watkins.
Todas estas sociedades internacionales, además de los miles de inversores españoles (más de 500 recurrieron las normas ante el Supremo) afectados, se vieron sometidos al Real Decreto-Ley desde junio de 2013, norma que no fue desarrollada mediante un Real Decreto y una Orden Ministerial hasta un año después. La providencia del Supremo considera que la iniciativa promovida por el ministro José Manuel Soria y su 'número dos', Alberto Nadal, no respetó el periodo transitorio mínimamente adecuado para que las empresas afectadas pudieran adaptarse a las nuevas retribuciones.
