El comité de expertos que ha designado Hacienda para que le asesore en la reforme fiscal prevé finalizar hoy su informe, un trámite que intentó ya cerrar el jueves pasado, y lo hará acordando dos asuntos de calado: pedir la armonización fiscal al alza para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos y la supresión o endurecimiento del llamado escudo fiscal o límite conjunto en IRPF y Patrimonio, según fuentes conocedoras. Este escudo ahora en vigor implica que la suma de las cuotas de IRPF y Patrimonio de un contribuyente no podrá superar el 60% de la base imponible del IRPF. Se trata de una medida que busca evitar efectos confiscatorios del sistema fiscal potencialmente inconstitucionales y cuya supresión o subida a un 65% o 70% puede provocar una fuga de grandes patrimonios.
Este asunto se trata en la ponencia del IRPF de un informe que a la espera de su cierre tiene cerca de 1.000 páginas, pero también afecta a la imposición patrimonial, el otro gran apartado pendiente. Los expertos han planteado que el escudo fiscal es un asunto que debe someterse a revisión y lo que se dirime hoy es si este apunte se traduce en una recomendación clara de eliminarlo o endurecerlo elevando el porcentaje del 60%.
Todas las comunidades de régimen común aplican el mismo escudo fiscal, pero Navarra y las Diputaciones vascas han endurecido dichos límites de forma significativa, ahora en el 65%. De hecho, Guipúzcoa lo suprimió cuando llegó Bildu al poder y luego lo recuperó. La Diputación guipuzcoana estimó que volver a implantarlo le costaba sólo a sus arcas forales 30 millones de euros.
La medida estrella del informe es la armonización fiscal que plantea para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos. Se trata del objetivo más controvertido de los que ha encomendado el Gobierno a los expertos y es de los pocos en los que, a falta del punto final al informe, plantean algo de forma clara: equiparar al alza los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Es uno de los proyectos centrales del Gobierno de Pedro Sánchez que además quieren acelerar ERC y Podemos.
Lo que quiere decidir hoy el comité es si la recomendación de armonizar se define en una fórmula concreta o si mantienen el menú de posibilidades que plantean. La primera es recentralizar el impuesto, compensando la pérdida recaudatoria a las comunidades. La segunda es establecer un suelo mínimo de tributación, un impuesto armonizado en todas. La recentralización podría ser absoluta pero se desarrolla la opción que proponen los socios de Gobierno, mixta, en la que se recentraliza pero se deja cierto margen a las comunidades, que podrían legislar para cobrar más, pero no menos de ese mínimo. Aunque la recaudación sería para las CCAA, existirían dos tramos: el común a nivel estatal (el suelo mínimo) y el autonómico (voluntario para las autonomías). Si el ejecutivo regional todavía quisiese desactivar el impuesto, debería limitarse a recaudar la parte común, al suelo mínimo.
Concretar una de estas opciones también puede traducirse en que acuerden que el informe ofrezca una horquilla de tipos en los que creen que debería moverse el impuesto.
Conflicto con Podemos
Lo que está claro es que el comité se decanta de entrada por la permanencia tanto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como la de Patrimonio, ésta más discutida por su desaparición en otros países, sus problemas técnicos y de doble imposición. Precisamente uno de los problemas que plantea la reforma fiscal que ha presentado Podemos en solitario anticipándose al informe de los expertos y al Gobierno. En ella, los morados recuperan su propuesta de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas para sustituir el actual tributo al Patrimonio, que se centraría en fortunas a partir de un millón de euros para recaudar 10.000 millones. Es decir, eleva a máximos el planteamiento del Ejecutivo y el que estudian los expertos en un impuesto ya puesto en duda y que no mantienen los países de nuestro entorno.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su malestar con una propuesta que se ha registrado en el Congreso y que el Grupo Socialista no avalará. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, alejó ayer la reforma fiscal, uno de los hitos del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas, a la espera de que llegue la propuesta de los expertos y de que se consolide la recuperación económica.
Los expertos tienen oficialmente hasta el 28 de febrero para entregar su trabajo, pero Hacienda estipuló que a finales de enero se lo entregaran y se reservaba febrero para analizarlo. Finalmente, el plazo se ha extendido y el comité se ha encontrado con la presión adicional del enfrentamiento entre los partidos en el Gobierno por la reforma fiscal.
